En 1899 ocurrió uno de los episodios más lamentables de la historia venezolana: el despojo de casi 160.000 kilómetros cuadrados de territorio producto de un laudo arbitral amañado entre Inglaterra y Estados Unidos. El entuerto aún no ha sido resuelto y las tensiones siguen vigentes.
En 1899, dos norteamericanos, dos ingleses y un ruso decidieron por despojar a Venezuela de 160.000 kilómetros cuadrados que le correspondían históricamente desde 1777. Han pasado 117 años de esa decisión, denominada Laudo arbitral de París, pero el problema sigue vigente: Venezuela reclama el territorio ilegítimamente arrebatado mientras la nación que derivó de ese despojo imperial insiste en ejercer derechos en la zona rica en recursos minerales, hídricos y petroleros. Este martes, la cancillería venezolana emitió un comunicado para reiterar su derecho sobre la Guyana Esequiba y recordar el proceso jurídico viciado que calificó de “piratería diplomática”, perpetrado -a su parecer- “para justificar el chantaje, la usurpación y el saqueo de las nuevas naciones independientes”. Las brasas del conflicto territorial han crepitado con mayor intensidad en las últimas semanas luego que el presidente de Guyana, David Granger, presionara al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, a anunciar los nuevos pasos para resolver el diferendo.
La retórica de Granger, quien aseguró el mes pasado que “las reivindicaciones de Venezuela son una amenaza”, no ha sido bien recibida por Caracas. El comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores califica de “absurdas e irracionales” las acciones emprendidas por Guyana y considera que se han desplegado “con el propósito de generar una situación de agresión”. Pero, ¿cómo empezó el conflicto?
El mito de El Dorado. De acuerdo a una investigación de la revista Memorias, del Centro Nacional de Historia (CNH), el mito de El Dorado atrajo a los colonizadores hasta América Latina. Si bien los españoles llevaron la delantera, el imperio inglés también fue llamado por la promesa de ingentes cantidades de oro esparcidas por las riberas del río Orinoco. Los anglosajones se asentaron en la costa este del río Esequibo y, desde allí, sus pequeñas colonias agrícolas empezaron a apropiarse del territorio que le correspondía a los holandeses. ¿El resultado?
La creación de la Guayana Británica en 1824. El problema con Venezuela empezó después. Un naturalista llamado Robert H. SchomburŽk incursionó en el territorio y empezó a fijar nuevos linderos, irrespetando los establecidos hasta 1835, que certificaban al río Esequibo como hito limítrofe para Venezuela. Poco a poco, sus expediciones patrocinadas por la Royal Geographic Society, pretendieron ampliar cartográficamente la colonia inglesa con la anexión ilegal de más de 203.000 kilómetros cuadrados. Esas acciones, protestadas en varias ocasiones por Venezuela, llevaron al país suramericano a romper relaciones en 1887 con Gran Bretaña y, dos años más tarde, condujeron al fraude del laudo arbitral.
Laudo amañado. Una famosa caricatura inglesa, titulada “paz y abundancia”, muestra al ministro británico Lord Salisbury saliendo del laudo arbitral de París con las manos llenas: las líneas limítrofes dibujadas por Schomburgk, las minas, los bosques y las 60.000 millas cuadradas arrebatas a Venezuela en 1889. Gran Bretaña se salió con la suya por varias razones: la primera, porque sacó a Venezuela de la negociación; la segunda, porque pactó directamente con EE.UU., que para la época ya afilaba su doctrina Monroe de “América para los americanos”; y la tercera, porque contó con un juez afecto a los intereses de la corona inglesa.
Según las crónicas de la época, reseñadas en un ensayo de la Fundación Rómulo Gallegos, los ingleses no querían entenderse directamente con Venezuela porque consideraban que sus representantes eran “indios bananeros con olor a trópico” y “hombres de color semi bárbaros”. Por eso decidieron hablar de tú-a-tú con EE.UU., que terminó “representando” los intereses del país suramericano. Así fue como los juristas norteamericanos Melville Weston Fuller y Davis Josianh Brewer negociaron “en nombre de Venezuela” con los representantes ingleses Charles Baron Rusell y Sir Richard Hens-Collins, en un laudo que tuvo como árbitro al ruso Fiódor Martens, quien no solo representaba los intereses de la colonia británica sino que convenció -por coacción- a la parte estadounidense a aceptar los linderos propuestos por SchomburŽk, refiere un documento de la época. El resultado de ese laudo amañado fue denunciado por Venezuela, pero sólo fue hasta 1949 cuando un abogado norteamericano llamado Severo Mallet-Prevost, quien fungió como consejero del país latinoamericano en la negociación, reveló el fraude “producto de un reparto imperial sin basamento jurídico”, destaca AVN.
Buen oficiante. Este martes, el gobierno venezolano insistió en la necesidad de reactivar las labores del buen oficiante para dirimir el diferendo territorial, “de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966”.
Ese pacto es el que rige, a la fecha, las conversaciones sobre el Esequibo con miras a solventar el conflicto de manera amistosa. En 2010, el secretario general de la ONU responsabilizó a Norman Girvan como buen oficiante, pero el funcionario jamaiquino falleció hace dos años. Desde entonces, nadie lo ha sucedido en el cargo. Después de las declaraciones de Granger, quien a finales de septiembre acusó a Venezuela de “obstaculizar” la solución del diferendo, el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió con el secretario general de la ONU en Cartagena de Indias (Colombia) para reiterar el deseo de Caracas de canalizar la controversia por la vía del diálogo y bajar los decibeles a la diplomacia de micrófonos.
La cuestión Exxon. Aunque la cuestión del Esequibo tiene más de un siglo, hay un elemento que renueva las tensiones con Guyana: la explotación de recursos en ese territorio por parte de la petrolera norteamericana Exxon Mobil.
El año pasado, la petrolera encontró un yacimiento en las costas de Guayana, específicamente en el bloque Stabroek, y entabló conversaciones con Granger para explotar la zona anunciando una inversión inicial de 200 millones de dólares. Venezuela exigió la paralización de las labores de exploración por vulnerar los acuerdos vigentes sobre el diferendo territorial. Granger, sin embargo, insiste en hacer uso de esos recursos y por eso ha amenazado con activar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. La reacción de Caracas ante la maniobra diplomática ha sido exigir el apego al acuerdo de Ginebra y denunciar a Georgtown por asumir, a su juicio, “una actitud arbitraria, ilegal y unilateral (…) e intentar escabullirse de los buenos oficios”. Ambas partes han lanzado sus cartas en las últimas semanas, pero la decisión sobre el próximo paso sobre e diferendo, por ahora, está en manos del secretario general de Naciones Unidas.
Nazareth Balbás
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