Fernando Ramírez Morales: Cuando el macho también es facho.

 

Fernando Ramírez Morales: Cuando el macho también es facho. Natalia Guíñez, Licenciada en Historia U de Chile y Esteban Miranda, Magister de historia de la USACh.

Esta columna es producto de una investigación de archivo realizada con sumarios administrativos de dictadura que confirman el rol de delator asumido por Fernando Ramírez Morales, académico desvinculado del Departamento de Historia de la Universidad de Chile tras un sumario administrativo que lo encontró culpable de acoso psicológico y abuso de poder.

Hace algunas semanas, Fernando Ramírez Morales, académico desvinculado del Departamento de Historia de la Universidad de Chile tras un sumario administrativo que lo encontró culpable de acoso psicológico y abuso de poder, presentó una querella contra cuatro estudiantes que se atrevieron a denunciarlo. En una reciente entrevista con el diario La Segunda, además de explicar los detalles del oficio presentado a la Contraloría de la República donde aduce injurias con publicidad en medio de las acusaciones de acoso en su contra, intenta desmentir los hechos señalando que “la fiscal Pamela Chávez reconoció que era feminista” y que el proceso representa un fenómeno de persecución política. Ramírez, quien todavía trabaja con una decena de niñas en el colegio Sagrados Corazones Monjas Inglesas[1], declaró al medio de la familia Edwards: “el Campus Gómez Millas es lo más parecido a Siria. Los profesores vivimos con miedo. Debo ser el único profesor que no es de izquierda. Y si no eres marxista, eres un fascista. De hecho, me dicen ‘el facho Ramírez’, porque me sindican como colaborador de la dictadura por declarar en un sumario en el 78” [2].

Frente a esta situación, es fundamental que seamos claros: la acción judicial interpuesta por Ramírez sigue en proceso, pero el fallo del sumario en su contra terminó con su destitución y la prohibición de ejercer en cargos públicos por cinco años. Además, la Universidad de Chile y, particularmente, su Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género ha apoyado a las estudiantes acusadas, y su defensa ha sido asumida por el decano de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, Davor Harasic. Paralelamente, miles de mujeres y hombres han demostrado su apoyo a las compañeras y han seguido de cerca el proceso. Pero hagamos un breve alto: aprovechando que el propio implicado ha vuelto a señalar los “mitos” que se han creado en torno a su figura, entonces aclaremos algunas situaciones, para bien de nuestra propia memoria histórica y de la verdad silenciada por tantos años en los pasillos de la Universidad.

Se ha dicho que Ramírez fue un reconocido delator (un “sapo”) en los años más crudos de la dictadura. Incluso el propio Fernando Ramírez, durante su trayectoria como profesor, se desligó varias veces en público de estos rumores indicando que, en realidad, quien cumplió dicha labor fue Eduardo Ramírez, y que las acusaciones en su contra sólo eran fruto de una confusión de nombres. También se dijo que los sumarios administrativos no existían, a pesar de que fueron revelados parcialmente el año 2013 -con motivo de la conmemoración de los cuarenta años del Golpe de Estado- en el libro “Las Huellas de un Acecho. Ensayos, reflexiones, relatos y documentos sobre la intervención militar en la Universidad de Chile”[3].

Hoy, y como parte de una desesperada defensa, Ramírez ha aceptado su participación en un sumario realizado en 1978, pero señalando que declaró en este proceso sin ninguna intención política. Sin embargo, al momento de realizar un acucioso trabajo de archivo y examinar el sumario administrativo del año referido, es posible confirmar que Fernando Ramírez Morales, cuando cursaba el noveno semestre de Pedagogía en Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas, tenía plena conciencia del ejercicio delator que estaba realizando contra sus compañeros de universidad. En éste, Gonzalo Duarte Leiva, Waldo Guzmán Banda, José Hidalgo Zamora, Juan Claudio Reyes Saldías, Juan Carlos Rozas Rodríguez, Eduardo Medina Hernández, Alejandro Padilla Sanhueza, Rodolfo Fortunatti Molina, María Velázquez Palma y Carlos Onofre Valdebenito Donoso son acusados de participar en actividades no autorizadas los días 8 y 11 de septiembre al interior del Campus Macul. Se dice que éstas tuvieron un marcado carácter político, agravadas además -el día 11 de septiembre- por entonar el himno nacional e izar la bandera chilena.

Todos los estudiantes señalados fueron sometidos a proceso, y el sumario concluyó con la expulsión de Reyes, la cancelación de matrícula de Rozas, la “suspensión de toda actividad universitaria por un semestre” de Guzmán, Padilla, Medina, Fortunatti, Hidalgo, Blasquez y Duarte, y la “suspensión de toda actividad universitaria por treinta días” de Onofre. No obstante, este proceso, así como sus sanciones, se sostuvieron, como consta en el texto consultado, sólo en dos declaraciones: las de la -impuesta- Decana de la Facultad de Educación, Lucía Izoard; y la de Fernando Ramírez Morales. Como señalará en la apelación de Gonzalo Duarte el Jefe de la Dirección Jurídica de la Universidad, Julio Salas Romo, “todo el resto de los declarantes [incluyendo a Cecilia Magni, quien ese año se encontraba cursando el cuarto año de sociología en la Universidad de Chile], sostienen que la reunión del día 8 de septiembre tuvo un cariz netamente estudiantil y que el contenido político solo vino a aflorar el 11 de ese mes”[4]. De hecho, el propio Duarte indica que Ramírez habría mantenido constantemente una actitud “deseosa de determinar culpabilidades, con un marcado interés político partidista en sus declaraciones”[5]. Éste, además, es indicado por diversos estudiantes de la época como el más ávido informante de la dictadura en comparación con otros estudiantes que se prestaban para declarar en contra de sus compañeros. Su diferencia radica principalmente en la caracterización política y en la plena identificación que mantiene del resto de la comunidad universitaria a la hora de delatar.

Analizando detalladamente el documento también es posible darse cuenta que la declaración de Ramírez no responde a la entrevista estándar realizada al resto de los testigos que participan del proceso. Tras la sugerencia del propio Ramírez, el entonces estudiante realiza un pormenorizado informe de los hechos, detallando cronológicamente los hechos que habrían ocurrido ambos días. En la primera parte del informe no sólo ratifica su constante trabajo junto a Eduardo Ramírez Sánchez, sino que señala incisivamente a Miguel Ángel Salazar como líder del movimiento, a quien dice “conocer perfectamente” por su desempeño como presidente de la FESES el año 1973[6]. Además, en uno de los párrafos deja clara su propia función, cuando declara:

Nos pusimos a su lado con la intención de identificar a la mayor cantidad de participantes. Salazar, en su discurso, pedía mayor participación democrática en la Universidad. Decía que el sistema de dictadura dentro de la Universidad no podía seguir, afirmando al mismo tiempo que los estudiantes debían unirse para elegir libremente los Centros de Alumnos. Su discurso duró aproximadamente 10 minutos[7].

Posteriormente, Fernando Ramírez realiza una descripción detallada de quienes apunta como activistas de la reunión, realizando un perfil pormenorizado donde incluía las militancias de cada uno de los señalados (DC, PC y MIR) y su participación en diversos espacios sociales. En su declaración acusaba, además, que éstos gritaban y entonaban gritos en contra de Pinochet y los militares en el poder, y llegó a señalar que un estudiante apodado “Guayacán”, de apellido Hidalgo, vociferó la existencia de una bomba, comprometiéndose a entregar a la Fiscalía la identidad exacta del acusado. No bastando con esto, Ramírez indica que habría visto participando, fuera de la Universidad, a Juan Claudio Reyes en “los incidentes de los días 2 y 3 de enero del presente año, en el Paseo Ahumada, a raíz de la consulta nacional”[8], lo que demuestra su accionar en diversos momentos y espacios.

Tres años después del sumario que aquí hemos reseñado, Fernando Ramírez Morales fue contratado como profesor de la Universidad de Chile (1981), puesto que mantuvo durante 35 años. Hoy, y en medio de su propia defensa, Ramírez ha dicho que quiere que se borre la tacha que pusieron sobre su nombre. Nosotros, por el contrario, somos enfáticos: en medio de la campaña contra los femicidios y la violencia de género, las acciones por las que fue sancionado Ramírez no pueden quedar en la impunidad. De la misma forma, y a más de cuarenta años del Golpe de Estado, es también labor de nuestra generación dar a conocer los nombres de todos y cada uno de los colaboradores de la dictadura. Esa, creemos, es la única manera de aportar una pequeña cuota de verdad y de justicia tras tanto tiempo de complicidad y de silencio. Esa es, finalmente, nuestra propia manera de gritar conjuntamente: ¡Para que nunca más!

[1] De hecho, según la propia página de la institución, se realizaron tres salidas a terreno dirigidas por Fernando Ramírez Morales, los días viernes 30 de septiembre, 14 de octubre y 21 de octubre.

[2] “Destituido profesor de la U. de Chile: ‘La fiscal era feminista’”. La Segunda, 25 de octubre de 2016.

[3] Véase, en particular, “Asedio al mundo estudiantil”, apartado “Cantar la Canción Nacional e izar el Pabellón Patrio en forma irreverente, irrespetuosa e insolente. Sumario, Sociología, 1978”. En: VV.AA. Las huellas de un acecho. Ensayos, reflexiones, relatos y documentos sobre la intervención militar en la Universidad de Chile. Tinta Azul, Universidad de Chile, 2013.

[4] Sumario administrativo, Dirección Jurídica de la Universidad de Chile, 9 de octubre de 1978, p. 126.

[5] Apelación a la resolución de la Fiscalía General del 13 de septiembre de 1978. 23 de marzo de 1979.

[6] Declaración Sumaria de Fernando Ramírez Morales, realizada el día 25 de septiembre de 1978 ante la Fiscalía Instructora, p.66.

[7] Ibíd., p. 65.

[8] Ibíd., p. 67. ++++++++++++++++++++++++++++++

U. de Chile: Académico destituido por acoso se querella contra estudiantes que lo denunciaron. La defensa de las estudiantes la asumirá el decano de la Facultad de Derecho, Davor Harasic, en “señal de respaldo a las estudiantes que denuncian”, explican desde la Universidad de Chile. Ramírez presentó como testigo al académico Leonardo León, también denunciado y sumariado por acoso en la Universidad de Valparaíso. Por Antonia Orellana

El 27 de septiembre pasado el abogado Ramón Sepúlveda Castillo (defensor del ex funcionario del SII Juan Martínez en el caso Penta y querellante en el escándalo de AC Inversions) ingresó al Octavo Juzgado de Garantía una querella contra cuatro estudiantes de Licenciatura en Historia de la Universidad de Chile. Según el desvinculado profesor de la misma carrera, Fernando Ramírez Morales, las alumnas María Ignacia León, Francisca Orellana, Ibania Palacios y María Jesús Urquízar habrían cometido el delito de injurias agravado por la publicidad que le dieron a sus denuncias de acoso laboral. La primera de esas denuncias se hizo pública en noviembre del 2015, en una asamblea de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, cuando se inició un sumario administrativo contra el especialista en geografía histórica. Rápidamente se sumaron otras tres estudiantes. Cinco meses después, y con varias polémicas de por medio -como la renuncia del director de la carrera de Historia, Leonardo León, sancionado por acoso sexual y superior directo de Ramírez-, la decana María Eugenia Góngora firmaba la destitución del profesor, que ejercía la docencia allí desde 1981. La destitución, además, le impedirá trabajar en instituciones públicas por cinco años.

Según la querella de Ramírez, “las querelladas intencionalmente realizaron una serie de acciones públicas a fin de producir un daño permanente a mi honra e imagen personal y profesional”. Las estudiantes señalaron que sólo se manifestarán públicamente sobre la querella a través de su nuevo representante legal: el reconocido abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic Yaksic, quien asumió este rol a solicitud de la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán.

 

El costo de denunciar el acoso. Las estudiantes contra las que se dirige la querella aún no reciben una notificación oficial, pese a que ya se les designó un defensor público penal. Sin embargo, se enteraron de la querella luego de que les llegara una oferta de defensa express desde una oficina de abogados en línea. Fue así como se les alertó de que tenían una querella penal en su contra, dando aviso a su vez a la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la casa de Bello.

Para la directora de esta oficina creada en 2013, la socióloga Carmen Andrade, el apoyo institucional de la Universidad de Chile a las alumnas en esta querella es fundamental: “si en este caso se investigó y se llegó a establecer una sanción, para nosotros es muy importante como universidad que las víctimas no sientan que el desenlace final de la denuncia es contra ellas”. Esto, ya que distintos estudios como “Denunciar o sufrir en silencio” de la Dirección del Trabajo revelan que, a la larga, son quienes denuncian las que pagan el costo social de enfrentar el acoso sexual, ya que en un 52% cambian de trabajo u ocupación para no enfrentar a sus agresores impunes, las críticas que les valió denunciar o los problemas que enfrentaron con sus superiores por lo mismo.

Según Carmen Andrade, los estudios realizados al interior de la Universidad de Chile muestran que esta realidad se replica en el ámbito educacional, y que parte de los factores por los que estudiantes, académicas y funcionarias no denuncian es por desconfianza en las instituciones, temor de que repercuta en sus carreras y el juicio social que enfrentan. ”Con esta querella de Ramírez, la interpretación iba a ser de una represalia contra las estudiantes que denunciaron y vimos como muy necesaria que la universidad actuara”. Es por eso que la Vicerrectoría de Extensión y C0municaciones, unidad donde está la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, solicitó apoyo a la Facultad de Derecho. Quien asumió la defensa de las cuatro estudiantes fue el decano Davor Harasic junto con el conocido académico Gonzalo Medina Schulz, quien es director del departamento de Ciencias Penales de la misma facultad. 

Injurias y acoso sexual: ¿Cuál es la estrategia de Ramírez? “El daño que me han generado las querelladas a través de los actos que ellas han realizado no sólo resultaron en una afectación de mi imagen pública como docente y honra, sino que también dichos actos impulsaron la toma de decisiones por parte de la Universidad de Chile” señala Fernando Ramírez Morales en un apartado de “contextualización” de la querella. Así, divide los actos de “injurias” de las estudiantes que lo denunciaron en tres, de los cuales participaron como autoras: cinco artículos de prensa (de The Clinic, El Desconcierto y La Segunda), la realización de una asamblea de estudiantes de la carrera de Historia, la generación de carteles y panfletos con el nombre y acusaciones contra el profesor, y, por último, las publicaciones y comentarios de las cuatro estudiantes en sus perfiles de Facebook. Todas estas acciones las atribuye a la autoría de María Ignacia León, Francisca Orellana, Ibania Palacios y María Jesús Urquízar.

Para Bárbara Brito, integrante de la Secretaría de Género de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, esta querella no es sólo contra las cuatro estudiantes, sino que busca amedrentar a todo el movimiento contra el acoso que se generó en “la U”. Respecto a las asambleas y panfletos generados, que Ramírez atribuye a las estudiantes que denunciaron, Brito explica que “como secretaría fuimos parte de activa de la denuncia. Era muy importante generar movimiento alrededor de esta denuncia de acoso sexual. Pensábamos que la mera investigación en el decanato no era suficiente, sino que había que presionar y tener movimiento contra el acoso sexual, no sólo el de Ramírez sino que todos los que se viven en la universidad”, explica.

Para probar lo que exige la figura de injuria agravada con publicidad, esto es, que los dichos y acciones a lo largo del proceso que terminó en su destitución tuvieron por efecto deshonrarlo, desacreditarlo y menospreciarlo, Ramírez presentará como testigos a viejos conocidos de las estudiantes. Entre las siete personas que atestiguarían a su favor hay cuatro estudiantes de la Universidad de Chile y un profesor. Los estudiantes son compañeros de carrera de las denunciantes y dos de ellos trabajaron junto a ellas en labores al alero de Fernando Ramírez. Destaca, además, que se presente como testigo al profesor Leonardo León, su ex jefe, sobre el que pesan sistemáticas denuncias de acoso sexual en la Universidad de Valparaíso y la misma Universidad de Chile, las que fueron sancionadas en un sumario en la primera casa de estudios en 1999 e incluso recogidas en el capítulo del programa de investigación de Canal 13, Contacto, el pasado 10 de octubre. Otra de las testigos de Ramírez es una estudiante del programa de Pedagogía y actual pareja sentimental de Leonardo León.

Según Pablo Viollier, analista de Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales, la figura de querella por injurias con publicidad está en cuestionamiento. “Es una figura penal compleja, porque tiene consecuencias eventualmente negativas para la libertad de expresión. Es una figura que, efectivamente, se ha utilizado en el pasado para crear un efecto inhibitorio, en el sentido de que ciertas expresiones son susceptibles eventualmente de ser atacadas con esta figura tan amplia que es la injuria, lo que finalmente intenta acallar ciertos discursos”. En Derechos Digitales, explica Viollier, son especialmente críticos con la agravante de “injurias con publicidad”, la figura que ocupa Ramírez contra las estudiantes que lo denunciaron. “Corresponde a un tiempo anterior, donde efectivamente había que hacer un esfuerzo significativo y positivo para divulgar. Hoy en día, cualquier comunicación que realices en Facebook o Twitter son públicas, las acusaciones privadas ya casi no existen. Es muy complejo y la legislación ya no está respondiendo a las formas en que la gente se comunica”.

Esta fue la misma crítica que realizó el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, durante su visita a nuestro país en agosto pasado. Analizando la hoy desestimada querella de la presidenta Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa por injurias y calumnias, Lanza declaró que “se excluye de responsabilidad a los periodistas que actúan reproduciendo información de un tercero y que es información de interés público”, agregando que “para casos de interés público, no debiera ser objeto de sanciones penales. Debería ser objeto de sanciones civiles bajo estándar de la real malicia, el funcionario que siente que ha sido ofendido debe probar que el medio actuó por negligencia, malicia temeraria, de publicar algo falso sabiendo que es falso”. “Esto tiene un efecto inhibitorio en el sentido de que después cualquiera que denuncie acoso sexual puede ser acusado de injurias”, explica el analista de Derechos Digitales.

Otro punto relevante es el que se presenten como pruebas publicaciones de Facebook. Para Viollier, “lo que va a determinar si es una prueba o no es la configuración que le dio la usuaria. Si le dio carácter de privado, se realizó una curatoría y se hizo cargo de que los receptores son sólo aquellas personas que considera de confianza, no son de carácter público. Si es así, esas comunicaciones son privadas y quien las comparte comete una infracción. Hay jurisprudencia al respecto en Chile en el ámbito laboral”, explica.

Con todo, en la Universidad de Chile están a la espera de que el Octavo Tribunal de Garantía resuelva -o no- la admisibilidad de la querella de Fernando Ramírez. Carmen Andrade señala que, en caso de que se acoja, desde la oficina dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, esperan que “los tribunales tomen en cuenta el proceso administrativo que llevamos acá en la Universidad de Chile. Me parece de sentido común. La universidad investigó, dio todas las garantías de debido proceso y se formó todas las convicciones de que el castigo ameritaba”.+++++++++++

 

Carmen Andrade, Directora Oficina de Género U. de Chile: 

“En las universidades hay una actitud de no querer saber de acoso” 

Daniela Yáñez 01 Nov, 2016

El 27 de septiembre pasado, Fernando Ramírez, exprofesor de la Facultad de Historia de la Universidad de Chile destituido por acoso y abuso de poder, presentó una querella en contra de las estudiantes que lo denunciaron, por el delito de “injurias agravadas por la publicidad”. El caso, que fue revelado por The Clinic el 4 de febrero pasado, entregó detalles de la investigación que concluyó con su salida y con imposibilidad de ejercer cargos en entidades públicas por cinco años. Ante este escenario, la universidad asumió la defensa de las estudiantes, representadas por Davor Harasic, Decano de la Facultad de Derecho. Carmen Andrade (PS), exministra del Sernam y hoy Directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la U. de Chile, es una de las articuladoras de la estrategia que está llevando a cabo la casa de Bello. Aquí cuenta detalles de este proceso inédito en Chile y responde al cuestionamiento que este lunes hizo el profesor Fernando Ramírez en La Segunda, asegurando que el resultado del sumario está directamente relacionado con que la fiscal del caso era feminista. “Queremos que en la Chile se vaya rompiendo el silencio”, sentencia.

 

“La querella fue una muy mala sorpresa. Supe a través de una académica de la Facultad de Historia, apenas la presentaron en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Las feministas que trabajamos aquí tenemos una red de comunicación para hablar los temas que nos interesan y que muchas veces son vistos con hostilidad en nuestros ambientes laborales. De esa manera, todas nos enteramos. Apenas confirmamos la información, llamamos a las estudiantes. A esas alturas, desde la Vicerrectoría de Extensión, nos pareció obvio que debíamos ser parte en la defensa.

En la Universidad de Chile hubo un proceso, una investigación que llegó a la conclusión que el profesor había acosado a las alumnas. Él fue desvinculado, sancionado. Y si las alumnas finalmente sufren represalias por eso, sabiendo lo difícil que es denunciar, es tremendo. Queremos que en la Chile se vaya rompiendo el silencio. Por eso hablamos con la Facultad de Derecho para solicitar su apoyo y ellos dieron una respuesta rápida y potente. La defensa quedó en manos del Decano de la Facultad, Davor Harasic, ni más ni menos. Las alumnas se sintieron apoyadas y agradecieron el gesto, pero también exigieron que esta acción se institucionalice. Este es un hito que debemos transformarlo en una conducta permanente.

La violencia contra las mujeres y el acoso en general, me indigna. Cuando se trata de profesores hacia alumnas, me indigna aún más. Me resulta intolerable, porque creo que hay una relación de tanta asimetría de poder, que es un abuso extremo. Ellas piensan que si denuncian, van a tener efectos devastadores en sus vidas: de estos tipos dependen sus ramos, las prácticas, sus tesis. Y luego veo a este señor -Fernando Ramírez-, declarado culpable por la Universidad, ¿acusándolas de injurias y calumnias? ¡Qué rabia! La solidaridad que sentí con las alumnas fue inmediata. ¡Tienen 21 años, Dios mío! podrían ser mis hijas.

Pero esa empatía, no significa pérdida de rigurosidad. Acá nunca hubo una persecución. Cuando Fernando Ramírez descalifica a la fiscal de su caso por ser feminista, es no entender qué es ser feminista. El feminismo lo que establece es que los hombres y mujeres debemos ser iguales en la sociedad, en oportunidades, derechos, acceso al poder. Queremos una sociedad más justa. Es como que yo dijera que un abogado con formación en temas de Derechos Humanos no puede jamás involucrarse en una causa de violación de los mismos, porque perdería objetividad. Pero eso jamás se cuestionaría.

Este problema se ha guardado bajo la alfombra. El acoso se vive y sufre en silencio. Las frases “cuídate”, “no salgas de noche”, “avísame cuando llegues”, son típicas en toda familia. Una tiene aceptado que algo malo puede pasar. En las universidades se puede asumir que es distinto, pero es igual que en el resto de Chile. Por eso hay que ventilar esta realidad, aunque dé vergüenza, duela o sea injusto. Nosotros estuvimos dispuestos a pagar ese costo.

Las acciones que hemos llevado a cabo este año no son pocas. Hicimos documentos sobre el acoso desde la perspectiva de derechos humanos, realizamos seminarios, coloquios, conversatorios, talleres. También tenemos una Comisión de Acoso y un curso de formación general sobre violencia de género y acoso sexual. Pero hay muchas barreras. Nosotros nos regimos por el estatuto administrativo que no nos da las herramientas necesarias para tratar el problema. En Chile la violencia contra las mujeres está tipificada en el ámbito intrafamiliar, pero no la violencia de género en general. Por otra parte, está tipificado y sancionado el acoso sexual laboral, pero no en otros espacios. Por eso hacemos un llamado al gobierno para que cumpla lo que prometió en el programa: una ley integral de violencia de género que incluya el acoso sexual estudiantil.

También hicimos el primer estudio del país sobre acoso universitario. Aún está en proceso, pero puedo adelantar algunas cifras. El 26%, es decir, una de cada cuatro personas en la Universidad de Chile, ha conocido situaciones de acoso, y un 15%, declara haber sufrido personalmente acoso. Esa cifra es alta, pero al parecer estamos dentro del promedio internacional. En la mayoría de los casos, se reproduce el clásico: las víctimas son mujeres y los acosadores son hombres. Y lo más recurrente son profesores acosando alumnas y estudiantes hombres acosando a compañeras mujeres. Generalmente no hay denuncias, a pesar de que los encuestados declaran incluso haber sido testigos de situaciones de acoso en las salas de clase. Ese es el nivel de impunidad con el que estamos tratando en la Chile y no debe enorgullecernos.

En las universidades hay una actitud de no querer saber de acoso. Especialmente acá, donde hay un tema de autovaloración y prestigio muy fuerte. Yo que vengo de otros ámbitos laborales, me sorprende mucho esto de ponerse la camiseta universitaria. ¡Imagínate que los alumnos se denominan hijos de Bello! Hay una identidad muy fuerte. Lo cual es positivo, pero también puede provocar que cueste reconocer que en el espacio que yo amo y admiro, pasan estas cosas. Por eso debemos asegurarnos que nunca más una autoridad universitaria ignore denuncias de acoso, como sabemos que ha ocurrido. Sabemos el poder que cada Decano o Director goza en sus facultades y por lo mismo, hemos ideado mecanismos, como designar fiscales externos, para que el proceso se lleve a cabo lo más objetivo posible. No queremos volver a cometer errores que vulneren los derechos de nuestros estudiantes.

En la Chile se está haciendo lo que le corresponde sobre el acoso, ni más ni menos. Nos falta mucho para transformar la cultura universitaria. Esta querella es una prueba de ello, porque el exdocente incluso se atrevió a poner de testigo en la causa al ex Director de la carrera de Historia, Leonardo León, a pesar de que también ha estado involucrado y cuestionado por los mismos motivos que él. No lo comprendo, me dejó impactada. Pero no importa, sé que saldremos triunfadoras. Confío en la capacidad de Davor Harasic y también en las estudiantes denunciantes. Con ellas sí se hará justicia y podrán volver a sus vidas normales. Si el primer resultado no es a nuestro favor, apelaremos hasta conseguirlo. Es lo mínimo que esta universidad puede hacer por ellas y tantas otras”.