Informe Milicogate Cámada de Diputados. 5

24. Rodrigo Hinzpeter, exministro de Defensa Nacional. Consideró importante aproximarse a una mejoría de los controles, sin tener un sesgo pro Fuerzas Armadas, pero tampoco anti Fuerzas Armadas. Manifestó que existe una característica que no puede estar exenta en el análisis del manejo de los recursos que se entregan a las Fuerzas Armadas y que advirtió como ministro, más allá del fraude investigado. Y es que las inversiones en materias militares están normalmente expuestas a una enorme asimetría de conocimientos, pues los miembros de las Fuerzas Armadas que deciden una determinada inversión, tienen 30, 35 o 40 años en la institución, mientras que las personas del mundo civil que coyunturalmente participan en esa decisión, no tienen ninguna, o muy poca, experiencia. Por ello estimó fundamental equilibrar la información, procurando desarrollar al interior del Ministerio de Defensa una genuina carrera funcionaria en estas materias, porque si cada vez que cambia el gobierno, cambian quienes han aprendido un poco, pero en las Fuerzas Armadas se mantienen los que saben mucho, será muy difícil actuar como un contrapeso objetivo en la discusión para definir las inversiones. Por otra parte, en los últimos años se hizo el cambio de estructura del Ministerio de Defensa, una ley del primer gobierno de la Presidenta Bachelet, que hizo un cambio que calificó de muy significativo y positivo, al eliminar subsecretarías y crear las subsecretarías de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Asimismo, y mediante decreto, en el gobierno del Presidente Piñera se creó el Consejo Asesor de Inversiones con el fin de eliminar esas asimetrías y se estableció que si un comandante en jefe decidía una determinada inversión y la proponía al Ministerio de Defensa, se convocaba a ese Consejo de Inversiones, en el que participaban los comandantes en jefe, el jefe del Estado Mayor Conjunto, los subsecretarios y el ministro, donde el comandante en jefe pertinente explicaba la inversión. Se dejaba luego constancia en acta de por qué se estaba decidiendo una determinada inversión, cuáles eran las ventajas concretas que le producía a la institución, cuáles eran las alternativas. Es decir, de alguna manera se obligaba a explicitar las razones por las que se está invirtiendo en un determinado sistema de alarmas u otras cosas. Manifestó que también ha sido muy importante la creación del registro especial de proveedores, pero debe perfeccionarse. Estimó que correspondería tener normas internas y pedir que en las licitaciones haya representantes de marcas distintos, de modo de eliminar la habitualidad que se gesta si una persona es representante de muchas empresas, durante mucho tiempo y vende muchas veces a las Fuerzas Armadas. En relación con los controles, puntualizó que están establecidos en cuatro estamentos y el ministro de Defensa Nacional, dentro de sus funciones, siempre se ocupa de que se cumplan, sin perjuicio de las facultades que tienen los propios subsecretarios. En primer lugar, las propias instituciones de las Fuerzas Armadas tienen sus controles y contralorías internas, de las que el ministro se ocupa, se preocupa, supervigila y chequea que estén funcionando, hasta donde se puede como ministro, pues no le corresponde hacer la auditoría. En segundo lugar, está la Contraloría General de la República que debe tomar razón y tiene equipos especialmente habilitados para que operen con esos controles. Observó que son competencias que, a veces, se escapan de la función del ministro, quien no tiene labor de contralor para vigilar cómo se gastan los recursos, como en este fraude que, finalmente, es un tema delictual sobre el cual los mecanismos de control no siempre tienen una eficacia del ciento por ciento. Siempre hay que estar dispuestos a revisarlos y mejorarlos. Refirió también un sistema de control consistente en que el ministro de Defensa Nacional concurre dos veces al año a la Cámara de Diputados y al Senado, a informar sobre las inversiones en materia de proyectos. Así, los diputados tienen una información completa, cabal y la posibilidad de hacer todas las preguntas respecto de quiénes son los proveedores, cuál es la función que cumplen, los valores, qué mejoras producirá en el Ejército, etcétera. Además, agregó las medidas del Consejo Técnico de Inversiones, del traspaso de los recursos y del registro especial de proveedores, que tienen por objeto el control del buen uso de los recursos. Reconoció que una vez que los recursos pasan al Ejército, hay una cuota de pérdida de control evidente porque son administrados por quienes tienen a cargo el proyecto en la propia institución. En materia de manejo de fondos, recordó que durante el gobierno del Presidente Piñera hubo transferencia en materia de administración de excedentes. Se trataba de muchos cientos de millones de dólares que con anterioridad al cambio lo administraba el Consudena, y que eran manejados por el brigadier Pantoja, a pesar de que no era especialista ni experimentado en finanzas ni sistemas de información. Actualmente, en cambio, esos recursos son administrados por el Banco Central, al igual como se manejan los fondos soberanos de la República, Fondo de Estabilización Económica y Fondo Estratégico de Contingencia. Opinó que el Banco Central es el administrador más objetivo que puede tener el país, porque se ha ido asentando la costumbre política de hacer el equilibrio en la composición del consejo, lo que concede garantía de competencia en la administración y misión política. Aseguró que cuando se es ministro, y en su caso lo fue del Interior y de Defensa Nacional, está siempre preocupado e inquieto por que no existan situaciones irregulares. Reiteradamente se insistió a los funcionarios que fueran muy prolijos en el cumplimiento de sus deberes, y que al menor atisbo de duda, se la plantearan. Lo mismo hacía, ejemplificó, con una atribución que consideró debería revisarse, relativa a las concesiones de playas que firman los ministros de Defensa y que cobran, dentro de un rango, en forma bastante arbitraria. Recordó que las revisaba de manera muy exhaustiva, cada vez que se daban, y las razones para hacerlo. Por ello, destacó que personalmente abusó de la preocupación por controlar, porque permanentemente estuvo inquieto respecto del buen uso de los recursos. Aunque siempre escuchó que había que tener cuidado con los negocios de las armas, pues muchas veces ocurrían casos de corrupción, de coimas o arreglos, nunca pasaron de ser comentarios sin pruebas concretas y que solo mantenían la alerta general sobre los funcionarios, y que en sesiones del consejo asesor preguntaba y repreguntaba. Comentó que con los subsecretarios el ministro tiene una relación cotidiana, permanente, porque hay muchos proyectos que se revisan. Señaló que, hasta donde su memoria permitía recordar, nunca le entregaron un informe de denuncia sobre un hecho de irregularidad o corrupción en materia de la Ley Reservada del Cobre, ni de otra. Aseguró que si se la hubieran entregado, sin duda que lo hubiera puesto en conocimiento de la justicia, porque tenía muy clara cuál hubiese sido su obligación como ministro y funcionario público. Recordó que el único tema que revisó en forma más concreta, tuvo que ver con una licitación relacionada con el cambio de los fusiles del Ejército, donde hubo un conflicto entre distintos proveedores. Entonces solicitó una explicación, la que le dejó satisfecho. Sin embargo, reconoció, siempre existe la sensación de que en algún momento puede pasar algo inadecuado, y que será responsabilidad del ministro responder políticamente. Así, la preocupación de que las cosas se hicieran bien es algo que le acompañó permanentemente. Modificación de la Ley Reservada del Cobre Finalmente, consideró fundamental dar curso a una modificación de la Ley Reservada del Cobre, pero con la misma convicción sostuvo que el cambio en la forma en que se asignan los recursos económicos a las Fuerzas Armadas debe incorporar una estructura que permita que el financiamiento de las Fuerzas Armadas se escape de coyunturas políticas. Señaló estar convencido de que no existen países desarrollados con ejércitos débiles, pues, en términos generales, las Fuerzas Armadas cumplen un rol disuasivo fundamental. También cumplen roles de movilidad social y de instrucción que muchas veces advertimos en forma muy difusa. En consecuencia, agregó, es una mala aproximación legislar sobre la forma en que financia a las Fuerzas Armadas a partir de un caso de fraude. Sugirió partir desde una visión de Estado. El gobierno del Presidente Piñera envió una opción, que puede ser buena o más o menos, pero el Congreso tiene las facultades para mejorar las ideas que provengan del Ejecutivo, lo que es una virtud de nuestra democracia. Lamentó que, después de haber pasado por la Cámara de Diputados, ese proyecto de ley se entrampara en el Senado. Y aunque durante su campaña presidencial, la actual Presidenta de la República anunció que enviaría una indicación sustitutiva, ello no ha ocurrido. Consideró necesario que la Cámara de Diputados plantee al Gobierno si efectivamente enviará una indicación sustitutiva, o de lo contrario el Congreso deberá sentirse con la facultad de seguir tramitando y modificando el proyecto de ley, que está vigente para su tramitación. Afirmó que la Cámara de Diputados y el Senado no tienen por qué esperar, existiendo ya un proyecto de ley que fue iniciativa del gobierno, sin perjuicio de darle la oportunidad de que cumpla con esta indicación sustitutiva que plantee eventualmente otro mecanismo. Recordó que para el gobierno del presidente Piñera este era un proyecto emblemático, pues un gobierno de centro derecha que modificaba un sistema de financiamiento que a las Fuerzas Armadas le acomodaba. Por lo tanto, claramente le hubiera gustado aprobarlo en ese gobierno, pero las demoras y la falta de aprobación no son imputables al gobierno del presidente Piñera. Respecto de cómo deben financiar las Fuerzas Armadas, señaló que los principios son en función de las necesidades, corregidas por las disponibilidades del país, y tienen que ver no con lo que habitualmente entendemos, sino que están cruzadas por estrategias e información de inteligencia, como lo que pueden tener en armamento otras naciones. Por otro lado, también debe considerar participación activa del poder civil, del Congreso Nacional, y un mecanismo de financiamiento que no sea anual, y que calificó de inconveniente. 25.- Francisco Vidal, exministro de Defensa Nacional. Proceso de autorizaciones en la Ley Reservada del Cobre. Recordó que ocupó el cargo de ministro de Defensa Nacional por un período exacto de un año, entre el 11 de marzo de 2009 y el 11 de marzo de 2010. En materia del manejo de los fondos de la Ley del Cobre, explicó que cada una de las tres instituciones tiene una cartera de proyectos, que van siendo gestionados a partir de la visualización de necesidades en sistemas de armas, plataformas, repuestos y reposición. Así, cada uno de los tres comandantes en jefe presenta al ministro los proyectos priorizados, para lo cual se creó un Comité de Evaluación Técnica en el Ministerio de Defensa Nacional, de composición mixta, civil y militar. Luego se acude a su par de Hacienda, con el objeto de firmar el decreto de autorización del gasto. Si se trata de una compra de envergadura mayor, que requiere el escalón político, se eleva a nivel presidencial. Precisó que el decreto Hacienda-Defensa es visado por la sectorialista del área, por lo que es imputable a la Ley Reservada del Cobre, a las partidas que corresponde. Con el decreto de autorización del gasto, el trámite continúa en la institución originaria de la petición, en la que se procesa y gestiona el procedimiento de licitación, dado que la clave de la institución para proceder a la gestión de adquisición es la autorización del gasto decretada por los ministros de Defensa y de Hacienda. Explicó que el ministro se reunía con los comandantes en jefe, por ejemplo, para cubrir la necesidad de helicópteros medianos, que se satisfacía con la compra de dos helicópteros Bell 212. Entonces el diálogo era con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, quien elaboraba el proyecto. Si ese proyecto tenía viabilidad técnica y financiera, que la determina el ministro de Hacienda, la sectorialista y el ministro de Defensa, y la Presidenta de la República según la envergadura de la compra, se procedía con la adquisición. Por ello existía un diálogo permanente entre el jefe político y los comandantes en jefe, porque el jefe político sabe desde el día que asume cuáles son las demandas de las tres instituciones. La cartera de proyectos, como ocurre en toda organización, es inmensamente superior a la capacidad financiera y sobre todo a la decisión política de acceder a esa petición. Acotó que, posteriormente, una vez que el material se adquiere, no existe ningún mecanismo que medie entre el ministro y el pago. Es decir, se autoriza el gasto y es la institución la que procede a hacer todo. Precisó que el encargado de la cuarta cuenta era el brigadier (R) Jorge Pantoja, quien llevaba en ese cargo unos 15 años. Observó que se debió abrir una nueva cuenta bancaria, pues el sistema bancario estaba en los topes. Sin embargo, muy pronto se decidió comenzar gestiones con José De Gregorio, presidente del Banco Central, para que esa entidad administrara los fondos remanentes. Ello ocurrió, en definitiva, durante la gestión del ministro Allamand, en 2011. Opinó que, en consideración a la experiencia traumática vivida con el fraude investigado, debería incorporarse más control en el proceso interno de cada institución, pues en este caso lo evidente es la falta de control, sea o no por omisión. Además, agregó, se debe ajustar más el involucramiento del aparato del Ministerio de Defensa acompañando el proceso en las instituciones. Citó el decreto presidencial que creó el Consejo Académico Consultivo de Estudios e Investigaciones Militares (Caceim), de fecha 25 de enero de 2006, que dispone que ante el requerimiento del comandante en jefe de la época, general Izurieta, la autoridad superior, ministro Ravinet, creaba un Consejo Académico. Durante el periodo del general Izurieta, el Consejo funcionó solo con generales en retiro, y a partir de la gestión del general Fuente-Alba se integró a civiles, entre ellos el propio Francisco Vidal, quien participa desde el año 2010. Hace dos años el Caceim tuvo una modificación, tras la cual continuaron los civiles, se retiraron los generales en retiro y fueron reemplazados por dos ex comandantes en jefe, el general Fuente-Alba y el general Izurieta. Durante los primeros años funcionaba todas las semanas; después solo dos veces al mes: lunes, de diez a doce en sesión ordinaria y eventualmente sesión extraordinaria. En los últimos años las reuniones son quincenales. Jamás ha habido una reunión fuera de la oficina. Narró que el procedimiento consistía en que el comandante en jefe, tanto Fuente-Alba en su momento como Oviedo actualmente, no está presente en este Consejo, si no que usa como eslabón al presidente del Consejo, que hoy es el general en retiro Hernán Mardones, que fue Jefe del Estado Mayor Conjunto, durante la presidencia Sebastián Piñera. Él traspasa las inquietudes del comandante en jefe a este Consejo, el que entrega sus opiniones. En esta labor se cumplen formalidades, los cuatro consejeros civiles tienen contratos y remuneración con un techo para 2016 de $ 2.000.000, y un piso de $1.300.000. El ministro firmaba junto con Hacienda el decreto que establecía el gasto y se olvidaba de ello. Pero existía en el Ministerio de Defensa el Consudena, dirigido por el brigadier Pantoja, quien seguía el procedimiento administrativo y controlaba, pero sin llegar a interiorizarse dentro de la institución. Agregó que como ministro tampoco instruyó nuevos mecanismos de control. En relación con la Contraloría General de la República, le pidió audiencia al contralor Ramiro Mendoza, pues le llamó la atención que en la ley venía considerado un porcentaje del porcentaje del porcentaje, que se transformaba en una segunda cuenta de gastos reservados, independiente del gasto reservado aprobado en la Ley de Presupuestos, y cuyos fondos se usaban en pagar un bono extraordinario en septiembre para el personal del staff del gabinete del ministro. Ese fue su único acto concreto ante la Contraloría. Modificación de la Ley Reservada del Cobre. Respecto de la Ley Reservada del Cobre, rememoró que el Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó en septiembre de 2009 un proyecto que, en su esencia, derogaba la Ley Reservada del Cobre, la reemplazaba por un presupuesto plurianual, y mantenía el fondo de contingencias con algunas características. Recordó que en la primera sesión de la Comisión de Defensa, acompañado por el director de Presupuestos Alberto Arenas, los parlamentarios pidieron aclarar el concepto de presupuesto plurianual, porque tenían dos interpretaciones: si efectivamente era un presupuesto plurianual de cuatro años o, tenía el título de presupuesto plurianual, pero en los hechos era un presupuesto anual. Los diputados advirtieron entonces que mientras no se aclarara la interpretación efectiva del concepto plurianual, no continuarían tramitando la iniciativa. Por eso murió ese proyecto. Puntualizó que además se estaba tramitando el proyecto que incluía la nueva jefatura del Estado Mayor Conjunto. Posteriormente, el ministro Jaime Ravinet retiró el proyecto de ley presentado y más tarde lo presentó nuevamente. El ministro Andrés Allamand fue quien más avanzó desde 1990. Nombramiento del Comandante en Jefe del Ejército. Respecto del nombramiento del Comandante en Jefe en el cargo, describió que se consideró una quina con los cinco generales de mayor antigüedad, exceptuando el que se retiraba, que el ministro de Defensa Nacional presentó a la Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esta última pidió opinión y, en su época, fue favorable al general Fuente-Alba. Reconoció que entonces no se revisaba el patrimonio de los generales, como tampoco la vida personal. Solo se analizaba la carrera militar, las destinaciones, y particularmente, el tema de Derechos humanos. Y en esta materia, el general Juan Miguel Fuente-Alba, en 2009 o 2008, fue acusado por otro oficial y por un subordinado de haber participado en la Caravana de la Muerte, asesinato en Calama, ante lo cual, le solicitó como ministro de Defensa, antes de la definición de la quina y la propuesta, que eso debía ser aclarado. Relató que el general Fuente-Alba concurrió donde el ministro Montiglio, fue careado con los denunciantes y el ministro finalmente lo liberó de toda responsabilidad. Adicionalmente, en el año 2009, ante la Comisión de Defensa de la Cámara y la Comisión de Defensa del Senado, pidieron el retiro de la institución de todos los oficiales en retiro que habían sido contratados nuevamente y que habían participado en la Dina. Y ese retiro se produjo. Asimismo, cuando el general Izurieta le presentó la base de coroneles para ascender a general, se solicitó los antecedentes de los 54 coroneles y se incorporó un criterio adicional, que era la eventual participación en sus destinaciones de la vida militar a la CNI en unidades operativas, resultado que significó a congelar el ascenso de 14 coroneles. Ese criterio fue respaldado por la Presidenta de la República. Aseguró que mientras fue ministro de Defensa nunca recibió alguna denuncia anónima sobre la probidad del general Fuente-Alba. Además, Fuente- Alba no creó el Consejo asesor del ministro, sino que fue el general Izurieta cuatro años antes de que el general Fuente-Alba asumiera como comandante en jefe. Recomendaciones Como recomendación, sostuvo que es imprescindible que el Ministerio de Defensa Nacional, a partir de la comisión evaluadora de proyectos o de la unidad Cobre, creada por el ministro Burgos, tenga injerencia, participación, correlato con los procesos que cada una de las tres instituciones va adoptando, una vez que recibió la utilización del gasto, de tal manera que haya un doble control: el control institucional, pero además el control del escalón político del Ministerio. Se debe aprender que, junto con derogar la Ley Reservada del Cobre, el proceso de adquisición de sistemas de armas, repuestos y mantenimiento, requiere de un mayor control, no solo en las instituciones, sino que también por parte del Parlamento y del Ministerio de Defensa. Acotó que el sistema de compra de sistemas de armas es de gobierno a gobierno. Pero los proveedores aparecen en la reposición, en mantenimiento, en la reconversión. Y ahí es imprescindible un mayor control. 26.- Gaspar Tapia, ex Subsecretario para las Fuerzas Armadas. Procesos de control de recursos de la Ley del Cobre. Indicó que fue Subsecretario de Guerra en la antigua estructura, desde el 2000 al 2006, y luego asumió como Subsecretario de las FF.AA. en marzo de 2014. Recordó que hasta el 2010 operaba el Consejo Superior de Defensa Nacional, Consudena, que dependía del ministerio y tenía una superioridad técnica y un funcionario de confianza del ministro. Ese era el caso del brigadier Pantoja, que estaba en retiro hace mucho tiempo y que por su expertise había quedado en ese cargo durante varias administraciones. Después de que se firmaba el decreto por los dos ministros, el Ministerio de Hacienda depositaba en la cuenta respectiva de la institución que ejecutaría el proyecto. Entonces, a partir de entonces, la ejecución del proyecto con todos sus derivados era merced de otro ordenamiento legal, que es la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, es decir, era de responsabilidad institucional. Hizo notar que todo este sistema tenía una dimensión fáctica y una legal. La fáctica era que de golpe se pasó de una libra de cobre a 90 centavos un dólar a otra de cuatro dólares la libra, lo que generó un volumen impresionante de recursos, respecto de lo cual el piso era mínimo, comparado con la capacidad de gasto. En ese momento se decidió intervenir para crear un mecanismo adicional, la llamada cuarta cuenta, donde concursaban las instituciones y, respecto de su prioridad en los planes de defensa, se decidía cuáles eran financiados con los recursos de la cuarta cuenta, mientras el resto iba a un pozo de contingencia. Eso es lo fundamental, persiste hasta la fecha. Señaló que, dado que el nuevo Ministerio de Defensa llevaba cuatro años de rodaje, la estructura estaba en proceso de acomodo, lo que generaba, y aún lo hace, un diagnóstico de muchos problemas, que son perfectamente corregibles. Ejemplificó que la ley dispone, pero es el reglamento el que debe poner en funcionamiento la nueva estructura. Y ese reglamento no permitía sinergias, ni flujos de información, ni rutinas de información que permitieran un adecuado manejo global de los temas. Asimismo, subsisten problemas de personal, pues en un artículo transitorio se estableció que los nuevos cargos que se crean serán ocupados preferentemente por los funcionarios del Ministerio preexistente. Y aunque ello parece muy bien desde el punto de vista de la continuidad laboral, observó que la nueva ley creó funciones nuevas que no pueden ser atendidas por los antiguos empleados administrativos: no se puede transformar un experto administrativo en un experto estratégico, por lo que se necesitó usar comisiones de servicios, con cargos a honorarios, que en gran parte persisten. Subrayó que las nuevas funciones del Ministerio de Defensa requieren de personal de alta capacitación. Adicionalmente, no existe una planta para el Estado Mayor Conjunto, ni para la Subsecretaría de Defensa, que es muy pequeña para las tareas de la magnitud de sus responsabilidades. Asimismo, observó que el reglamento orgánico vigente difunde muchas responsabilidades en diversos organismos. Por ejemplo, en la tarea de educación, que formalmente se le entregaba al Comité de Capacitación y que el reglamento vigente se la entrega al Estado Mayor Conjunto; a la Subsecretaría de Defensa, le entrega la Anepe, y a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, el antiguo Comité de Educación. Entonces, se creó un Comité de Revisión del Reglamento Interno, que deberá evacuar sus informes y recomendaciones. Particularmente en materia financiera, recordó que se fortaleció la unidad de finanzas de la ley del COD, que hoy día está radicada en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Antaño, existía el Consudena, que tenía su estructura y funcionamiento, pero que se agregó a la Subsecretaría de FF.AA. sin precisarle los mecanismos de organización, flujo de cadena de mando y restándole todas las funciones de auditoría, para reducirla a una unidad de evaluación de proyectos, de estudios de financiamiento de proyectos. También se buscó asesoría internacional y se aprovechó el programa Defense Institutional Reform Initiative (DIRI) con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, programa que trabaja en el perfeccionamiento de la gestión de los ministerios de defensa. El DIRI propuso que el Ministerio se concentrara específicamente en el presupuesto y en las finanzas. Entonces la entidad mejor organizada en su ciclo de estudio, evaluación y ejecución era el Ministerio de Defensa de Colombia, que cuenta con una unidad casi exclusivamente civil, conformada por ingenieros comerciales, planificadores y administradores, con los cuales se estableció relación y se creó un sistema de pasantías en Chile para que examinaran y formularan propuestas e intercambios. Otra medida fue respecto de la rendición de cuentas que debían hacerse al ministerio, materia en que se decidió instaurar una coordinación técnica cada 60 días. Explicó que las instituciones, sobre todo en los proyectos de manteamiento de potencial bélico (MPB), demoran la gestión del proyecto debido a las licitaciones, incumplimientos, etcétera, por lo que van quedando remanentes de gastos. En los grandes proyectos de adquisiciones eso es perfectamente medible, está planificado, pero en los medianos y pequeños no es así. Lo anterior genera recursos autorizados que han llegado a la cuenta de una institución, pero que no se han ejecutado, generando bolsones de recursos que deben agilizarse. El objetivo del informe bimestral es justamente detectar dónde están esos bolsones. A modo de conclusiones manifestó que, sin duda, hay errores en el sistema, porque los controles fallaron. Hubo errores de sistema al interior de la institución que están incluidos en la doctrina, pero no se aplicaron a plenitud. Uno de ellos es la rotación de los cargos sensibles y el otro fue la contrainteligencia a todo nivel. Asimismo, sostuvo que a partir de la revisión del reglamento orgánico de funcionamiento (ROF) saldrán sugerencias de cómo modificar el aparato en su conjunto, el sistema de ministerios y de instituciones. 27.- General de División Luis Chamorro Heilig, excontralor del Ejército (2014). Procesos de control interno Recordó que se desempeñó como contralor del Ejército, con el grado de General de Brigada, durante el año 2014, periodo en que sucedieron los hechos que están siendo investigados y respecto de los cuales a partir de ese momento el Ejército adoptó una serie de medidas, en las que también participó la Contraloría del Ejército. En materia de organización de la Contraloría, señaló que entre los años 2004 y 2013 existía una inspectoría contable dependiente del Jefe de Estado Mayor y al mando de un coronel. Esa entidad auditaba solo aspectos financieros y reemplazó a la inspectoría general del Ejército. Posteriormente, en su proceso de mejora continua el Ejército observó que estaba despotenciado el control en la institución, por lo que decidió elevar al nivel del comandante en Jefe el modelo de Contraloría, que parte en 2005 y operó en el transcurso de nueve años, adicionando entonces un departamento de Auditoría Jurídica para controlar el Mercado Público y la Ley de Probidad y Transparencia, que se había iniciado en 2009 o 2010 a lo largo de Chile. Aseguró que cuando se recibió de la entidad disponía de una dotación aproximada de 57 hombres y mujeres, y cuatro departamentos. La Auditoría de Personal controlaba las investigaciones sumarias administrativas, los permisos y licencias y las declaraciones de patrimonio. El departamento de Auditoría de Finanzas estaba compuesto fundamentalmente por personal civil especializado, como contadores auditores, que auditaba el área de finanzas y que participaba en la rendición de cuentas, específicamente en el aspecto contable de las facturas de la Ley Reservada del Cobre, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Decreto Supremo N° 124, de 2004. Detalló que la revisión formal se hacía sobre la base de una lista de chequeo aprobada por el Consudena, en 2009, y de forma trimestral, para lo cual se disponía de un plazo de 77 días para revisar cada una de las facturas de la ley Reservada del Cobre y enviarlas a la Subsecretaría de Defensa, la que con posterioridad las remitía a la Contraloría General de la República. Por parte, en el departamento de Auditoría Logística también se revisaban fondos de la Ley Reservada del Cobre. La auditoría de Finanzas, con la lista de chequeo, recibía los archivadores con las facturas canceladas de la Tesorería del Ejército. El volumen de facturas normalmente era trimestral, y llegaba entre 800 y 1.200 documentos, todas los cuales venían con antecedentes anexos en original. Detalló que en ese anexo se incluía el acta de recepción, la orden de compra, el acta de adjudicación, el cuadro comparativo de precios, los presupuestos, las órdenes de alta y la resolución de pago, entre otros documentos, más los decretos supremos de pago, las firmas correspondientes de los cuatro funcionarios que firmaban la factura. Relevó que el departamento de Auditoría de Finanzas, además de esa revisión formal de los antecedentes contables y de participar en el proceso de rendición de cuentas hacia los escalones superiores, también auditaba todos los otros tipos de fondos dentro Ejército. En las revisiones se usaba un chequeo aleatorio, dado que se contaba con más de 180 centros de costos a lo largo del Ejército de Chile, pero se revisaba los estados financieros, las cuentas de valores y las conciliaciones bancarias, desde la última revisión llevada a cabo normalmente. Recordó que, por metodología de esa época, se revistaba las unidades cada dos años. Reseñó que el Departamento de Auditoría Logística auditaba fondos y materiales asociados principalmente a material de guerra, y también había fondos asociados a la Ley Reservada del Cobre, los cuales eran principalmente para el Mantenimiento del Potencial Bélico (MPB). La Auditoría Logística pedía a la División de Mantenimiento los fondos que había repartidos en las unidades. Recibido el listado, la auditoría logística visitaba las unidades que se revistarían durante ese año, que durante 2014 fueron 67 unidades que, obviamente, no todas estaban asociadas a material de guerra, porque algunas son derivadas a las áreas de salud y bienestar. En las unidades, y respecto de los fondos de la Ley Reservada del Cobre, se confrontaban las inversiones efectuadas, mediante los balances y las facturas, controlando en terreno que los fondos que aparecían consignados en las facturas y en los balances hubiesen sido invertidos en los vehículos o en el mantenimiento respectivo. Posteriormente, se revisaba que la documentación estuviera con su registro en las carpetas de material y de los vehículos correspondientes. Por su parte, el Departamento de Auditoría Jurídica revisaba el proceso de adquisiciones a través de Mercado Público, función que también se había fortalecido como resultado de la entrada en vigencia de la Ley de Probidad y Transparencia, y que estaba permanentemente auditando que en la web estuviera todo lo que se debía transparentar. Entonces se efectuaban controles programados, auditorías de seguimiento y auditorías especiales. Las auditorías especiales se iniciaban ante una denuncia o conocimiento de un hecho determinado en una unidad. Las de seguimiento buscaban controlar que las unidades hubieran solucionado las novedades detectadas en los controles de los dos años anteriores. Y las planificadas obedecían a una metodología para seleccionar las unidades, de acuerdo con una matriz de riesgo conformada por 6 procesos clave, que durante su período aumentaron en 14 procesos clave y que hoy superan los 30. Dentro de esa matriz de riesgo estaban considerados los distintos tipos de fondos que recibía el Ejército como fuentes de financiamiento Asimismo, para seleccionar las unidades se recibía anualmente objetivos ministeriales de cumplimiento obligatorio y que influían en la selección de las unidades. Relató que el 13 de diciembre el Ministro de Defensa Nacional envió un oficio con los objetivos ministeriales, pero posteriormente, por una directiva presidencial del 10 de septiembre, se agregaron nuevos objetivos a partir de octubre de ese año, apuntando al control de los fondos presupuestarios y del mercado público. Relevó que las relaciones con el Ministerio de Defensa y la auditoría del Ministerio de Defensa eran constantes y muy fluidas. Durante 2014 hubo dos auditores ministeriales con los cuales se entrevistó y el contralor les citaba constantemente para entregar, por ejemplo, sus orientaciones a medida que se conocía el problema del ilícito en que estaba envuelto el Ejército, y a partir de lo cual se incorporó en la revisión de facturas el control en la web del Servicio de Impuestos Internos y se estableció la tipicidad de las novedades alta, media y baja. Resaltó que el Ministerio también controlaba las unidades. Así, auditó el proyecto Yareta, que se ejecutó con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, y que estaba asociado a las capacidades de las unidades logísticas dependientes del Comando Conjunto Norte. También ingresó a dos unidades, el regimiento Los Ángeles y el regimiento Chillán, para revisar cómo se habían empleado los fondos de la reconstrucción, que también provenían de la Ley Reservada del Cobre. Por otra parte, con la Contraloría General de la República las relaciones eran fluidas y permanentes. Ese año fue auditado en 25 oportunidades, de las cuales 9 estaban programadas y las otras 16 fueron especiales ocasionadas en denuncias. También revisó procesos asociados al uso de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, tales como la adquisición los visores nocturnos y de fusiles. Explicó que la Contraloría General de la República podía acceder al Ejército por medio de un documento al Comandante en Jefe, a la Contraloría del Ejército, o directamente a la unidad. Es decir, subrayó, la Contraloría del Ejército estaba controlada y mantenía sus puertas abiertas a las solicitudes, como ha sido siempre la política del Ejército. Operación del modelo delictivo Afirmó que el 2 de abril, el Tesorero del Ejército, coronel Samuel Poblete, informó de los hechos, explicando que había encontrado 6 facturas falsas por un monto de $ 50 millones, aproximadamente, de origen desconocido. El 8 de abril, el Comando de Apoyo a la Fuerza inició una investigación sumaria administrativa sobre la situación, la que ya estaba informada en todos los escalones. El 9 de abril se denuncia en los tribunales, es decir, en menos de 6 días, el Ejército se autodenuncia sobre ese hecho. Simultáneamente, por orden del Comandante en Jefe, se dispuso una auditoría especial a las 69 facturas emitidas por el proveedor, Frasim Limitada, en el primer trimestre. De acuerdo con el procedimiento normal a esa fecha, se tomó las 69 facturas y se les aplicó la revisión usual, con la lista de chequeo del artículo 77 del Decreto Supremo N° 124 de 2004; sin embargo, como las facturas estaban bien, se decidió hacer visitas a las unidades y revisarlas, para lo cual se formaron equipos de trabajo. Inicialmente las tareas se concentraron en la Guarnición de Santiago, específicamente en las unidades donde aparecía que se habían prestado los servicios o habían llegado los repuestos. Allí se observó que no se había hecho el trabajo ni se había recibido el repuesto. Tras visitas hacia el norte y el sur, las revisiones a las unidades también evidenciaron que se estaba ante facturas ideológicamente falsas, es decir, no se había hecho el trabajo que señalaban. La demanda del servicio no había partido de la unidad. Se auditó al proveedor en abril para todo el primer trimestre, pues inicialmente se pensó que allí podía radicar el problema. Posteriormente, en mayo, se ordenó ampliar la auditoría especial al proveedor Fuentes, donde se comprobó también la no ejecución de algunos trabajos. Recalcó que la colaboración inmediata del Comandante en Jefe, quien dispuso revisar en auditorías especiales, permitió ampliar la denuncia en los tribunales correspondientes y extender la investigación sumaria administrativa dispuesta en los protocolos. En 5 de junio, se informó formalmente al Ministerio de Defensa que se había abierto una ISA, que había un proceso en los tribunales militares, que los presuntos implicados estaban formalizados y procesados, la identificación de los civiles y que se tenía a la vista un fraude por $ 377 millones. El Comandante en Jefe dispuso entonces investigar los años 2011, 2012 y 2013, dejando abierta la opción de seguir hacia atrás si era necesario. Tras esa auditoría especial de la Contraloría, con la incorporación del Servicio de Impuestos Internos para determinar si eran ideológicamente falsas o físicamente fraudulentas, se informó nuevamente al Ministerio de Defensa, a principios de noviembre, que se había descubierto otros 2 proveedores: Pedro Salinas Reyes y la empresa Inversiones y Comercio Capellán SA., y que los montos tenidos a la vista, hasta fines de octubre, ascendían a $1.830 millones. A principios de diciembre de 2014, el ministro de Defensa Nacional, a través de su auditor ministerial, ordena no solamente revisar a esos proveedores, sino que da una orden perentoria a las Fuerzas Armada en general de revisar todas las facturas de la “Ley del Cobre”, con lo cual se inicia una revisión general a todos los fondos de esa norma. Aunque las auditorías especiales son internas, a fines de diciembre el comandante en Jefe del Ejército autorizó también a contratar auditorías externas, que es el proceso que se llevó a cabo el año 2015 con la empresa Surlatina, que ya emitió un resultado. Relató que durante 2014, en el ámbito de procesos de mejora continua, el Comandante en Jefe ordenó reforzar los procesos de control y atender el problema de la unificación de los controles, los que estaban en dos lugares distintos: en la Contraloría, a nivel del Comandante en Jefe, mientras que en la jefatura de Estado Mayor estaba la jefatura de control normativo que controlaba la visión estratégica, el programa de trabajo del año y el control funcional, que es el control por proceso. Se solicitó entonces informes a más de catorce países donde existían agregados militares, para identificar cómo aplicaban el control cada uno de ellos, donde estaban más fortalecidos y el modelo que debería adoptar el Ejército de Chile para fortalecer los procesos propios. Finalmente, el Comandante en Jefe resolvió, con fecha 10 de diciembre, fusionar los controles para generar potencia y energía. En consecuencia, ese año se dio mucho énfasis a los departamentos de contraloría interna, especialmente en la tarea de levantar la matriz de riesgo y establecer claramente los procesos de control. Precisó que el fortalecimiento se hizo a través de dos aspectos, pero el principal fue mediante un seminario del contralor general de la República, realizado entre el 17 y el 19, junto con los departamentos de contraloría interna, tras lo cual se ordenó levantar una nueva metodología de control respecto de los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Asimismo, durante dos días se trabajó con expertos del Ministerio de Hacienda para mejorar los procesos del Mercado Público. Resaltó que en el rediseño de la Contraloría de inicios de 2014, se creó un departamento específico de Auditoría de Proyectos de Material Potencial Bélico e Infraestructura, asociado a la Ley Reservada del Cobre. Opinó que, después de haber estado durante 2014 como contralor del Ejército, puede concluir que falló el mecanismo de control de línea sucesiva que se establece a lo largo de todos los procesos. Sostuvo que, según el artículo 77 del Decreto Supremo 124, de 2004, correspondía, desde el punto de vista de las facturas ya pagadas, un control formal con una lista de chequeo que estaba establecida y, aleatoriamente, a todos los tipos de fondo. Pero existen más de 180 centros de costos y muchas unidades a las que no se puede auditar completamente todo el año. Por lo tanto, a su juicio falló donde estaban generándose los fondos, donde se ponían los saldos y donde se informaba esos saldos de fondos, que era el mecanismo de control que estaba en el interior del Comando de Apoyo a la Fuerza, en el departamento de Planificación Financiera. 28.- Coronel Jorge Rojas Meisner, extesorero (2008- 2010). Comenzó exponiendo la orgánica de la Tesorería en el año 2009, la que ha cambiado a través del tiempo. Describió que la estructura estaba compuesta por tres departamentos. Uno de ellos era el Departamento de Finanzas, el cual comprendía la revisión, la tesorería y la contabilidad de los diferentes documentos y fuentes de financiamiento de la institución. Puntualizó que la Tesorería del Ejército tiene por misión procesar y centralizar la contabilidad de los recursos, en moneda nacional y extranjera, provenientes de la ley anual de Presupuestos y, dentro de otras fuentes de financiamiento, también están los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. En 2009 contaba con una fuerza de 54 personas, personal que se potenció con funcionarios provenientes de los departamentos de Revisión y de Contabilidad. Destacó que al asumir el cargo de Tesorero del Ejército, inició la revisión de los procesos y la implementación de una serie de cambios orientados a una mejor gestión. Se detuvo especialmente en dos temas. En primer lugar, la implementación de la rotación y el aumento paulatino del personal que se desempeñaba en el Departamento de Finanzas, especialmente en el ámbito de contabilidad, pues era muy precario el número de personas que trabajaban en un área que administraba una gran cantidad de documentos. Y en segundo lugar, el 8 de mayo del 2009 se incorporó la lista de chequeo validada por el Consudena, que respondió a la pregunta sobre qué había que revisar para que las facturas cumplieran con la rendición de cuentas que la institución entregaba trimestralmente a través de la Contraloría General de la República al Consudena. En ese documento se detallan en tres o cuatro páginas los pasos exigidos, entre ellos la revisión de los documentos anexos, las características de las facturas, las firmas y todo lo necesario para no tener problemas con las rendiciones de cuentas futuras. Detalló que era una plantilla de revisión que daba cuenta de lo que disponía la Contraloría a dicho organismo ministerial en sus rendiciones, de tal manera de estar en la línea con las distintas exigencias. Así, con esa planilla se comenzó a revisar toda la documentación remitida por el Comando de Apoyo a la Fuerza para el trámite de los pagos respectivos. Procesos relevantes. Describió que la Tesorería se aboca a la obtención de los recursos para el respectivo pago de documentos. Esos recursos se solicitan, a través de la Tesorería General de la República, mediante giros globales cuya transferencia permite abonar la cuenta institucional respectiva. Lo anterior, exige contar con la venia de los ministerios de Defensa y de Hacienda, a través de un decreto matriz reservado para la adquisición de sistemas de armas o mantenimiento del potencial bélico, y su respectivo decreto de pago, en cuotas o diferido. El segundo proceso era la recepción de documentos remitidos por el Comando de Apoyo a la Fuerza por intermedio de un oficio, cuando era moneda extranjera, y por intermedio de distintas minutas firmadas por los responsables, cuando se trataba de moneda nacional, por la cantidad de documentos adosados a ella. Ejemplificó que en 2010 se contabilizaron 27.037 documentos recepcionados y 7.278 despachados, lo que evidenció la gran cantidad de documentos que tramita la Tesorería. Ese año se pagaron 4.606 facturas en el ámbito de la Ley. En tercer lugar, estaba la revisión de la documentación bajo la normativa institucional y como complemento, a la luz de la lista de chequeo del Consudena, con dos resultados en términos generales: documentos constitutivos de toda documentación anexa exigida, que finalmente pasaban a pago, y los que eran devueltos al organismo que los generó por no cumplir, parcial o totalmente, con la normativa. Respecto de la contabilización, mencionó que en la Tesorería cada decreto supremo reservado de pago tiene un centro de costo abierto, con una enumeración correlativa, la fecha de transacción, la razón social y el monto referido, en moneda nacional o extranjera. Dicha información contable generaba cierres mensuales, con informes asociados a saldos iniciales, ingresos netos y los respectivos pagos y conversiones. Agregó que en cuarto lugar se encontraba el proceso de pago. Para ello, se generaba una nómina al Banco Estado para proceder con las transferencias electrónicas a la razón social respectiva. Dicha transferencia electrónica se transformaba en un documento virtual, con el cual el proveedor, mediante un sistema con el banco, podía cobrar por ventanilla. Recordó que en ese periodo se pagaron más de 4.600 documentos y se devolvieron del orden de 113 facturas, las cuales presentaron problemas de distinta índole. Finalmente, detalló que la rendición de cuentas era remitida al Consudena, a través de la Contraloría del Ejército (Cotrae). Ello se efectuaba de forma continua, y se sigue realizando trimestralmente, y estaba constituida por un balance de fondos detallados por decretos de pagos, una conciliación bancaria, el libro mayor con detalle de pagos y adjunto las facturas originales, además del cuadro de colocaciones bancarias y las nóminas de pagos. Así, identificó tres tipos de revisiones en todo el proceso: una formal de la Cotrae; una segunda revisión del Consudena, de acuerdo con el reglamento complementario de la Ley N° 7.144, Capítulo II, artículo 3°, N° 8, que establece que entre las funciones y atribuciones del Consejo está la de “Fiscalizar, controlar y aprobar las rendiciones de cuentas de las inversiones ya decretadas;”, y, finalmente, una revisión de la Contraloría General de la República. En el contexto de lo anterior, hizo presente dos o tres documentos sobre los resultados de revisiones registradas. Observó que hay un corte del 2010 en adelante. Así, la aprobación de rendiciones de cuenta por el Consudena llega hasta el cuarto trimestre del 2010 y las rendiciones de cuentas finiquitadas por la Contraloría General de la República llegan hasta el primer trimestre del 2009. Manifestó que la Tesorería del Ejército esperaba que con la revisión formal de rendiciones de cuenta al Consudena y, luego, con el envío a la Contraloría, existiera una orientación en el ámbito de las revisiones. Admitió que las facturas cuestionadas tenían tal viso de veracidad, con todos sus documentos soportantes, que pasaron por todos los controles, que se sustentaban en la buena fe respecto del sistema. Respecto del recurso humano, relevó que la institución capacita y perfecciona a su personal, tanto oficiales como cuadro permanente y empleados civiles. Aseguró que la Tesorería disponía de las capacitaciones profesionales necesarias y en distintos ámbitos. Se contaba con ingenieros comerciales y contadores auditores que trabajan en el área contable; los suboficiales o el personal de planta tenía los cursos exigidos en la institución y en la Contraloría General de la República; los oficiales disponían de una formación sólida, hasta llegar a tener una especialidad primaria, como el ámbito de la ingeniería. Por lo tanto, subrayó, estaban las condiciones para que las personas se desempeñaran de buena forma. 29.- Coronel del Ejército Pedro Ferrer Lagunas, Jefe del Departamento IV Logística de la División de Educación del Ejército de Chile (Diveduc). Detalló que se desempeñó entre 2011 y 2014 como oficial de la División de Mantenimiento del Ejército (Divman), en los puestos de jefe del Departamento de Mantenimiento de Apoyo General, jefe del Departamento de Programación de Mantenimiento y jefe del Departamento de Evaluación de Contratos y Control de Calidad. Aseguró que durante ese periodo no le correspondió firmar facturas relativas al potencial bélico, porque su función era proponer al Comando de Apoyo de la Fuerza (CAF) la asignación de los recursos a las unidades, a través de oficios que planteaba la División de Mantenimiento. Operación del modelo delictivo Recordó que se enteró de la utilización de su nombre y de la falsificación de su firma solo por una situación circunstancial, a saber, conocer al coronel Samuel Poblete Alfaro, quien se desempeñaba como tesorero del Ejército, quien le comunicó telefónicamente de la situación. Subrayó que el ex coronel Clovis Montero le llamó en reiteradas oportunidades para que no diera cuenta de los hechos y que se arreglara el problema sin mayores tramitaciones, pues ello sería más beneficioso para él. Lamentó que esta situación haya provocado daño moral a su persona y a su familia. Comentó que fue requerido por la justicia militar para declarar en calidad de inculpado, pero luego de haber sido periciados los documentos por la Policía de Investigaciones de Chile, se corroboró que las firmas de las facturas habían sido falsificadas, lo cual cambió su participación en el proceso a la calidad de testigo. Por ello, manifestó que hoy puede decir con tranquilidad que ha quedado demostrado, técnica y jurídicamente, que no participó en los hechos investigados, pese a los que calificó de mal intencionados intentos del coronel Montero de involucrarlo en el robo. Observó que le llamó la atención su firma en facturas pagadas en marzo de 2014, ante lo cual de inmediato advirtió al Tesorero que ello no era posible pues hacía más de 4 años que no firmaba facturas de potencial bélico. Además, no coincidían el grado ni el puesto que ocupaba en ese momento. Concordó entonces que al día siguiente se presentaría en la Tesorería del Ejército para verificar las firmas, pues el coronel Poblete no validaría esa versión hasta cotejar las rúbricas. Relató que, terminada la conversación con el coronel Poblete, a los diez minutos le llamó el coronel Clovis Montero ordenándole que se presentara de inmediato en el almacén de ventas del Ejército, donde él estaba en ese minuto pasando revista como parte de la Contraloría del Ejército, requerimiento al cual no accedió por encontrase ya fuera de su lugar de trabajo, por lo que fue postergado para el día siguiente. Sin embargo, diez minutos más tarde el coronel Poblete volvió a llamar, insinuándole que solucionaran sin mayor trámite la situación. Más tarde recibió otro llamado, pero entonces decidió no presentarse. De hecho, aseveró, nunca más tuvo noticias de él, sino solamente a través de los medios de comunicación, donde trató de involucrarle. Declaró desconocer la razón por la cual ocuparon su nombre y firma. Al día siguiente verificó con el Tesorero del Ejército que, efectivamente, no eran sus firmas, por lo que ambos oficiales se dirigieron donde el director de Finanzas del Ejército, general Rojas, para hacerle presente la situación. Este último le manifestó que se trataba de un problema de la División de Mantenimiento, ante lo cual se presentó ante el general Ureta, jefe de esa División, lugar en que se chequeó toda la documentación: órdenes de pedido al comercio, asignaciones de recursos, constatándose que de la División de Mantenimiento nunca habían salido esas asignaciones de recursos para los vehículos que estaban representados en las facturas. Manifestó desconocer qué medidas adoptó el general Ureta, pero entiende que solicitó una investigación interna de inmediato, porque se encontraba de CAF subrogante. Reiteró que nunca firmó facturas en la División de Mantenimiento relativas a potencial bélico, porque su función consistía en asignar recursos a las unidades, lo que se realizaba a través del CAF. La División de Mantenimiento solo proponía, después de hacer un análisis del defecto o el repuesto, qué se tenía que comprar y el precio, para luego oficiar al CAF que se asignaran los recursos a la unidad. Aclaró que la División de Mantenimiento jamás asignó recursos a las unidades, pues quien lo hacía era el Comando de Apoyo a las Fuerzas. La división de Mantenimiento tampoco pagaba facturas. Por el contrario, reconoció haber firmado facturas e informes de recepción hasta cuatro años antes, pues en enero de 2014 salió destinado a la División de Educación, con un intervalo en la segunda brigada Cazadores, donde firmaba facturas del potencial bélico como unidad, en tanto recibía asignaciones del CAF. Adicionalmente, durante todo el año 2013 fue jefe del Departamento de Evaluación de Contrato y Control de Calidad, por lo que no firmó facturas durante todo el año. Explicó que existe un acta de recepción en la que el oficial de mantenimiento de la unidad escribe que fueron recibidos conforme a calidad y cantidad los repuestos. Firman el anverso de la factura el oficial de mantenimiento, el segundo comandante y el comandante de la unidad. Ello, en cuanto existen claras disposiciones del CAF respecto de que si se asigna un monto para un determinado vehículo o armamento, se debe dar fe y certificar que se recibieron los trabajos o los repuestos para repararlo. La factura se tramita mediante un oficio conductor, con los tres presupuestos, un cuadro comparativo de precios y el decreto de pago por el cual se asignaron los recursos a través del Comando de Apoyo a la Fuerza. Insistió en que cuando el CAF asigna un monto determinado, se debe contar con tres presupuestos, un cuadro comparativo de precios, una orden de compra y en todo ese proceso participa tanto el oficial de mantenimiento, el segundo comandante y el comandante del regimiento. En relación con la cantidad de firmas falsas, señaló que las que dieron inicio al proceso fueron seis, todas en facturas pagadas, y aunque no recordó el total, indicó que en las citaciones de la fiscal y del ministro Astudillo ha continuado observando falsificaciones de 2011, 2012 y 2013, relativas a reparaciones de vehículos, que fueron firmadas con su nombre. Advirtió que las otras dos firmas de oficiales en las facturas también estaban falsificadas. Respecto de los mecanismos de control hacia las unidades, reconoció que existían, pues le correspondió presentar los balances de la Ley del Cobre a lo menos dos veces en el año. En ese proceso, llegaba el Comando de Apoyo a las Fuerzas y controlaba de acuerdo con la asignación de recursos hecha a las unidades. Admitió que, dado que eran actividades que se hacían en forma centralizada a través de la división de Mantenimiento en las respectivas unidades, el único mecanismo de control posible era cuando la unidad, a través de una guía de despacho, recibía los elementos y daba su conformidad. Una vez que contaba con esa guía de despacho con la conformidad de la recepción de los elementos, se tramitaba la factura a pago. Ese, insistió, era el único mecanismo de control, pues reconoció que era muy complicado controlar a todas las unidades de Chile, por lo que la única opción era que la unidad, a través de su comandante, enviara un oficio en el que declara que recibió conforme lo dispuesto. Finalmente, lamentó también que el Ejército, institución noble, llena de valores y principios, sea cuestionado por culpa de personal corrupto y sin principios. 30.- Rodrigo Vergara Montes, presidente del Banco Central de Chile; Juan Pablo Araya, fiscal del Banco Central; y Beltrán de Ramón, gerente de la División de Operaciones Financieras. Rol del Banco Central en la gestión de recursos de la Ley N° 13.196. El señor Vergara precisó que el rol del Banco Central de Chile en estas materias se divide en dos ámbitos que, si bien están separados, tienen alguna interconexión. El primero es el rol directo en la Ley Reservada del Cobre y el segundo en el Fondo de Contingencia Estratégica (FCE). Explicó que el FCE es un fondo distinto a la Ley Reservada del Cobre, pues esta última son los fondos que ingresan al Banco Central y que luego se distribuyen a otras instituciones, mientras que el Fondo de Contingencia Estratégica es una parte de esos recursos que se destinan a un fondo que administra el Banco Central. En lo relativo al papel que desempeña el Banco Central de Chile en relación con la Ley N° 13.196, Reservada del Cobre, precisó que el primero corresponde a la función como banco de dos cuentas correntistas institucionales que señala la ley reservada: Codelco y la Tesorería General de la República. Relató que esas entidades envían instrucciones al Banco Central para el ingreso y la transferencia de fondos provenientes de parte de las ventas de Codelco en el exterior, hacia y desde las cuentas corrientes en dólares, que aquellas mantienen en el Banco Central. El segundo rol corresponde a la función como agente fiscal para la administración del Fondo de Contingencia Estratégica FCE, conformado por ciertos recursos que se refiere a la ley reservada, en virtud del Decreto Supremo N° 19, en 2011 (que también tiene carácter reservado) junto con los Ministerios de Hacienda y de Defensa. En esta función, el Banco Central actúa como administrador de carteras, cumpliendo instrucciones del Ministerio de Hacienda. Es decir, reiteró, hay un monto de recursos y el Banco Central debe administrarlo de acuerdo a las instrucciones que entrega el Ministerio de Hacienda, que es el interlocutor. Precisó que en la Ley Reservada del Cobre, cuyo texto refundido se fijó mediante el Decreto Ley N°1530 de 21 de julio de 1975, se dispone que una parte de los ingresos en moneda extranjera de Codelco deben ser transferidos por esa empresa pública al Banco Central de Chile, a fin de que sean depositados por este en la Tesorería General de la República, con el objeto de que se cumplan los fines legales que aquella señala. Esto es un movimiento de cuenta al interior del Banco Central: deposita Codelco y el Banco Central transfiere los recursos a la Tesorería General de la República, dentro de las cuentas que tiene en esa entidad bancaria. Remarcó que el Banco Central de Chile ha sido mandatado por ley para servir de intermediario en operaciones de transferencias de fondos de Codelco y la Tesorería General de la República, considerando que ambas entidades mantienen cuentas corrientes en el Banco Central. Por lo tanto, subrayó, el rol de ese Banco se limita al de un banco con sus cuentacorrentistas. Para ello recibe instrucciones de Codelco para transferir recursos desde su cuenta corriente en el Banco Central a la cuenta de la Tesorería General de la República. Y esta última recibe instrucciones para transferir los recursos desde la cuenta corriente de la ley Reservada de la Tesorería General a otras cuentas corrientes que esta entidad indique. Precisó que la Tesorería instruye al Banco Central para que parte de los recursos pasen al fondo de contingencia estratégica. Es decir, no es el total de los recursos, sino solo una parte que se destina a ello. Las otras partes serán para las operaciones corrientes. Consideró relevante destacar que en el ejercicio de esas funciones el Banco Central de Chile no tiene interacción alguna con las ramas de las Fuerzas Armadas. Es decir, solo se relaciona con Codelco y con la Tesorería General de la República. Recordó que en 2011, se estableció la creación del FCE en virtud de lo decidido por el entonces Consejo Superior de Defensa Nacional, Consudena, en sesión de 20 de diciembre de 2010, y el Decreto Reservado 01/C, de 2011, del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces se determinó que ciertos recursos fiscales a que se refiere la Ley N° 13.196, Reservada del Cobre, fueran administrados por el Banco Central de Chile en calidad de agente fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica Constitucional que lo rige, relativa a su capacidad para administrar recursos del fisco, mandatado por el Ministerio de Hacienda. Explicó que la designación del Banco Central de Chile en carácter de agente fiscal, para la administración del Fondo de Contingencia Estratégica, consta en el Decreto Supremo N° 19, de fecha 10 de enero de 2011, de los ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional. La agencia fiscal fue decretada por acuerdo del Consejo de 21 de abril de 2001. El decreto de agencia del Fondo de Contingencia Estratégica fue dictado utilizando términos muy similares a los de las otras dos agencias fiscales que desempeña el Banco Central de Chile en materia de gestión de fondos fiscales, como son los fondos de estabilización económica y social, FEES, y el Fondo de Reserva de Pensiones. Por lo tanto, este sería el tercero desde el Fondo que administra, con algunas características de reservado que los otros no tienen. Puntualizó que todos los aportes y retiros del Fondo de Contingencia Estratégica son instruidos al Banco Central por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República, mediante oficio. El interlocutor con el Poder Ejecutivo es el Ministerio de Hacienda, sin que tampoco exista en este caso interacción alguna con las ramas de las Fuerzas Armadas. Las directrices para la administración del FCE detallan las funciones encomendadas al agente fiscal, el Banco Central, y contiene las orientaciones de inversión, custodia y reporte, así como la retribución del agente fiscal, es decir, el precio por los servicios que presta el Banco Central; y la individualización de las personas designadas para interactuar con el agente fiscal, designadas por el Ministerio de Hacienda. Indicó que las directrices de ejecución son informadas al Banco Central de Chile por el Ministerio de Hacienda mediante oficios, con copia al Ministerio de Defensa. Las actuales fueron aprobadas por acuerdo de Consejo en 18 de julio de 2013. Esas son las últimas, pero cada cierto tiempo se actualizan. En materia de funciones del Banco Central de Chile respecto de este Fondo, precisó que, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 19 y en las directrices de ejecución, se refieren a la apertura de cuentas corrientes a nombre de la Tesorería General de la República para la gestión del Fondo de Contingencia Estratégica; la contratación, supervisión y evaluación del banco custodio, que es la entidad que custodiará los valores del Fondo; la realización por cuenta y en representación del fisco de los pagos que correspondan en el ejercicio de la agencia fiscal: efectuar la mantención de un registro de todas las transacciones realizadas en el FCE, así como la entrega de información al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Defensa Nacional sobre la posición de las inversiones del FCE; llevar a cabo la mantención del fondo respectivo en cuentas separadas, indicando que son de propiedad del fisco de Chile. Adicionó que la ejecución de la agencia fiscal para la administración del FCE se realiza bajo las exigencias de confidencialidad, reserva que establece el Decreto Supremo N° 19, involucrando diversos estamentos y unidades del Banco, y contemplando procesos de revisión y control internos y externos. Describió que el Ministerio de Hacienda entrega las directrices de inversión al agente fiscal; en el Banco Central actúan la Revisoría General, que es la contraloría interna, la fiscalía en materias legales y de control, mientras que la parte de administración de los fondos está a cargo de la División de Operaciones Financieras, dentro de la cual existe una gerencia de Mercados Internacionales y un Departamento de Agencia Fiscal, que están más directamente ligados a la administración de esos fondos. Asimismo, diariamente el valor de mercado, los retornos y las operaciones realizadas para el fondo, son reportados por el Banco Central al Ministerio de Hacienda. En lo que respecta a la información periódica que el Banco Central debe reportar, las Directrices de Ejecución regulan reportes mensuales, trimestrales y anuales que deben ser enviados a los ministerios de Hacienda y de Defensa. Todos esos reportes son preparados y enviados bajo estándares de confidencialidad y seguridad acordados con el Ministerio de Hacienda. También, de acuerdo con las Directrices de Ejecución, se realizan reuniones mensuales con funcionarios del Ministerio de Hacienda para informarles de los desarrollos recientes del mercado, que sean relevantes a la estrategia de inversión del Fondo de Contingencia Estratégico y el desempeño del agente fiscal o cualquier otro aspecto relacionado con su gestión. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo N° 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, este debe mantener reserva respecto de las negociaciones, operaciones, actos o contratos realizados en virtud de la agencia. En ese mismo sentido, el agente fiscal solo podrá proporcionar o hacer pública información a terceros previa autorización expedida conjuntamente por los ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional. De la misma forma, la cuenta final correspondiente al desempeño de la Agencia Fiscal, se entenderá rendida mediante la entrega reservada al Ministerio de Hacienda de los documentos y antecedentes que se detallan en las Directrices de Ejecución, sin perjuicio de que ella debe ser aprobada o rechazada conjuntamente por los ministerios de Hacienda y de Defensa. Respecto a la supervisión y control de la gestión del Fondo de Contingencia Estratégico, refirió que el Decreto Supremo N° 19 y las Directrices de Ejecución disponen que la administración financiera del Fondo de Contingencia Estratégico tendrá las instancias de supervisión y control que determine el agente fiscal y que adicionalmente a sus operaciones serán también objeto de auditoría a través de las mismas firmas designadas para realizar la auditoría externa al balance y demás estados financieros del Banco Central. Relevó que el Banco Central tiene instancias de control interno: la Revisoría General. Además, dentro de la División de Operaciones Financieras existe una gerencia que revisa en particular los distintos aspectos de la agencia que se esté cumpliendo con las directrices, y también están los auditores externos. Sin perjuicio de lo anterior, agregó que para efectos de auditoría interna, los ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional se encuentran facultados para solicitar al agente fiscal los antecedentes sobre el registro y contabilización de las operaciones cursadas, así como los procesos realizados en la gestión del Fondo de Contingencia Estratégico. Ejemplificó que si la Contraloría le pide cuentas al Ministerio de Hacienda sobre la administración de esos recursos, el Ministerio de Hacienda pide información al Banco Central de Chile, quien, a su vez, la entrega a Contraloría. Así, la Contraloría tiene facultades para pedir información a través del Ministerio de Hacienda. El señor De Ramón puntualizó que se trata de cuentas del propio Banco Central, a las que se agrega un nombre distinto. Ejemplificó que si se disponía de una cuenta general del FCE, ahora se tendrá una de la Tesorería que se llamará FCE. Adicionalmente, afuera se abre cuenta en el JP Morgan Chase Bank. Para fondos soberanos también se tiene ese mismo banco corresponsal, no obstante existen algunos otros que se pueden utilizar si es necesario como contingencia. En 2007, cuando se crearon los fondos soberanos del FES, se desarrolló un proceso de selección entre varios bancos, como un proceso de licitación, contratando finalmente con el JP Morgan Chase Bank. En todo caso, aclaró, el servicio y costos de los bancos custodios se evalúan periódicamente, siendo la última vez hace un año. Agregó que, además de una directriz de inversión, hay una de custodia y de cuentas corrientes, que es simple y con pocas páginas. Dispone que por una sola vez el Banco Central podrá contratar al banco que le presta los servicios al propio Banco Central para el fondo de contingencia estratégica. Esto significa que la próxima vez que se desee cambiar este custodio y cuentacorrentista se estará obligado a hacer una licitación, a menos que el Ministerio de Hacienda no la exija. Recalcó que, mientras no lo mandate y el Banco Central no lo necesite, no hay ninguna obligación legal de hacerlo, ni plazo para ello. El señor Araya aclaró que el banco custodio es una institución que cumple funciones para llevar los instrumentos en los cuales se realizan las inversiones por cuenta del banco. Es como un corredor de bolsa, pues la mayoría de las inversiones se realizan en instrumentos desmaterializados, pues si estuvieran materializados debería tener la custodia física. Al ser desmaterializados, insistió, se llevan a través de una entidad de custodia externa, por cuenta del Banco Central. Las inversiones propiamente tales, sin embargo, se realizan en distintos tipos de instrumentos. Subrayó que no es que las inversiones se hagan en el banco custodio, pues esas entidades se encargan solo de la tenencia de los instrumentos. 31.- Jaime Ravinet Lavín, exministro de Defensa Nacional. Papel de la Ley Reservada del Cobre. Recordó que la ley del Cobre se gestó en el periodo de Gabriel González Videla, sufrió modificaciones durante la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, se consolidó bajo la administración de Jorge Alessandri Rodríguez y, posteriormente, tuvo un par de modificaciones bastante importantes durante el gobierno militar del general Pinochet. Como ministro de Defensa en dos oportunidades, opinó que esa norma legal permitió operar en un tiempo en el que la defensa tenía poca valía y consideración en el mundo político. Sostuvo que si no hubiese existido la Ley Reservada del Cobre, el país hubiera estado económicamente en términos de defensa bastante mal equipado en comparación con lo que se está hoy. Postuló que Chile debe buscar la integración en la región y con sus vecinos; pero esa integración será real el día que cada uno de los países que concurren a los distintos eventos internacionales sostengan una declaración de satisfacción con sus fronteras. Agregó que, en la medida en que aquello no suceda, todo lo que se haga serán palabras, cócteles, recepciones y fotos y no habrá unión en América Latina. Advirtió que Chile ha vivido situaciones precarias en las últimas décadas, muy cercanas a conflictos mayores con Perú y con Argentina. Mencionó que la diplomacia juega un rol importante, como también la inversión económica y los aspectos culturales de integración social. Pero para llevar una buena relación vecinal, juega un papel bastante relevante la capacidad de disuasión de las Fuerzas Armadas. E, históricamente, en la medida en que existe ese debilitamiento, los problemas con nuestros vecinos aumentan. Por ello consideró importantísimo que las Fuerzas Armadas chilenas tengan capacidad de disuasión y de operatividad suficiente para complementar los esfuerzos políticos y diplomáticos para la paz. Y aunque la paz se construye sobre capacidad militar y operativa, no basta con capacidad, porque nada obtenemos con tener equipos si no se usan y no se mantienen, y aquello constituye un problema importante en el presupuesto de Defensa. Dicho lo anterior, aseveró que la ley cumplió un rol histórico importante. Se trata de una mala ley para Codelco, pues la obliga a destinar el 10% de sus ventas brutas del cobre a las Fuerzas Armadas y limita su capacidad de expansión internacional, pues en muchos países es mirada con sospecha y con suspicacia, dado que financia a las Fuerzas Armadas chilenas. Por eso, recordó que desde el 2000 se han realizado distintos intentos para cambiar esa ley. Bajo la presidencia de Ricardo Lagos, le correspondió encabezar uno de esos intentos y se redactó borradores bastante acabados, pero el gran adversario del cambio a la Ley Reservada del Cobre fue y ha sido el Ministerio de Hacienda y, por consiguiente, Dirección de Presupuestos. Explicó que un cambio a la Ley Reservada del Cobre requiere sustraerla del ámbito de una cantidad fija de las ventas de Codelco y de una programación multianual. No es posible financiar adquisiciones de cientos de millones de dólares si no hay una programación multianual, porque, además, en muchas ocasiones el delivery, la entrega de equipamientos de defensa se produce cuatro, cinco o seis años después de la compra, lo que exige una planificación. Gestión y control de los recursos de la Ley Reservada del Cobre. Hasta el 2004, con los fondos provenientes del cobre se aseguraba un piso a cada institución castrense y el excedente se integraba a las cuentas de las Fuerzas Armadas. Ese año, sin embargo, se dispuso que los fondos que excedieran los pisos obligatorios fueran a un fondo común administrado por el poder político. Este cambio, que calificó de extraordinariamente importante, significó no tener que asignarlos sino que crear una llamada cuarta cuenta. Acotó que ese requerimiento se postuló mientras se estudiaba el cambio de la ley y se determinaba la forma en que las compras de las Fuerzas Armadas estuvieran insertas en una planificación general y que lo que se adquiría conversara entre sí. Indicó que luego de dos meses de haber asumido el cargo, creó un equipo de trabajo multidisciplinario, con asesoría del Pentágono norteamericano, para dotar al Ministerio de Defensa de una evaluación similar a la que elaboraba el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan), de modo de realizar una evaluación de lo que se comprara con la Ley del Cobre. Paralelamente, relató que en 2005 se envió una nueva ley orgánica que modernizaba el Ministerio de Defensa Nacional, cuya legislación era extraordinariamente precaria. Ese proyecto de ley estuvo cuatro años en tramitación en el Congreso; se promulgó en febrero del 2010, por lo que, como ministro, le correspondió iniciar la implementación del proyecto. Durante todo el 2010 se trabajó en el reglamento de esa nueva ley, aunque ya funcionaba de hecho la División de Evaluación de Proyectos. Tras renunciar a su cargo a principios de enero de 2011, el reglamento siguió su tramitación y fue promulgado finalmente el 27 de enero de 2012. Relevó que una de las cosas importantes que no existía en el Ministerio de Defensa era la auditoría. Por ello en el Reglamento se crearon dos figuras de auditoría: una, a nivel de Ministerio y otra más operativa que era la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Sostuvo que hasta esa fecha el Ministerio de Defensa tenía una muy precaria labor de fiscalización pues, con los recursos asignados directamente y los comandantes en jefe inamovibles, la capacidad política era bastante limitada. Modificación de la Ley Reservada del Cobre Se refirió a la ley de reemplazo, señalando que fue gestada tras mucho tiempo de trabajo entre las instituciones armadas, parlamentarios y académicos de distintos grupos políticos. Con ello se logró un consenso para trabajar una ley con financiamiento plurianual y una evaluación de plan estratégico a diez años. Lamentó que el proyecto fuera enviado con una muy precaria institucionalidad en términos de la plurianualidad por el ministro de Defensa Francisco Vidal, porque el Ministerio de Hacienda logró imponerse. Puntualizó que el Consudena opera con la firma del ministro de Hacienda y el ministro de Defensa. Sin embargo, durante los tres años en que fue ministro, el Consudena nunca funcionó, pues Defensa evaluaba los proyectos y decidía comprar, pero el ministro de Hacienda normalmente estaba en contra, porque el fondo de la cuarta cuenta formaba parte de las reservas financieras de Chile. Por lo mismo, argumentó que cuando se afirma que se han gastado miles de millones de dólares en Defensa, eso no es tan verdad dado que existe un fondo cercano a 5 mil millones de dólares, que hoy están empozados y que maneja el Banco Central, dado que tiene la misma suerte del Fondo Soberano. Por lo tanto, remarcó, la ventaja que tiene sobre un presupuesto plurianual, es que es la Dirección de Presupuestos y el ministro de Defensa quien decide y quien firma el decreto. Entonces, toda compra de Defensa supone una argumentación, no solo frente a Defensa, sino normalmente quien define es el Presidente de la República, manejo que calificó de extraordinariamente eficiente para el Ministerio de Hacienda. Recordó que en el envío del proyecto de ley hubo dificultades con la Dirección de Presupuestos, pero lo consiguió hacer su sucesor Andrés Allamand. Así, evidenció, hubo un trabajo continuo entre Bachelet, Ravinet, Allamand y Vidal. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados en 2011, se aprobó por unanimidad en la Comisión de Defensa y actualmente se encuentra en el Senado, donde no ha habido voluntad política, ni del gobierno anterior, ni del actual para darle la urgencia necesaria. La razón, aseguró, es porque ha primado el criterio del Ministerio de Hacienda, que se siente cómodo presentando ante el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial unos 6 mil millones de dólares en la cuenta de ahorro. No se manifestó por gastar esos fondos, pero sí que dejara de ser gestionado con el veto del Ministerio de Hacienda. Fraude investigado en el Ejército. En relación con el fraude en el Ejército, señaló que es muy difícil que el Ministerio de Defensa haya podido desempeñar algún rol al respecto, por lo menos hasta el año 2012. En primer lugar, porque hasta el 2010 no había ley; en segundo lugar, porque toda la institucionalidad se empezó a crear entre los años 2010 y 2011, y los auditores pudieron nombrarse en propiedad recién a partir del 27 de enero de 2012. Desde esa fecha, manifestó desconocer cómo se implementó dicha institucionalidad, el rol que cumplió el Ministerio ni con qué periodicidad se empezaron a hacer auditorías. Insistió que, objetivamente, no sabía qué pudo haberse hecho. Aseguró la Contraloría General de la República tiene competencia para fiscalizar de modo reservado, objetar procedimientos, sumariar y pedir la destitución de personas. Por ello, opinó que nada excusa que la Contraloría General de la República no haya jugado un rol, dada la estructura precaria del Ministerio, que recién se empezó a armarse en 2012. Observó que una tendencia del ser humano es juzgar lo que ha sucedido en el pasado con las condiciones del presente. Por ello en su exposición situó en su contexto histórico la precariedad que tenía el poder político democrático, cualquiera que fuera, en el manejo de los presupuestos de las Fuerzas Armadas. Enfatizó también la incorporación de la evaluación de los proyectos en la etapa previa en que se definía qué se compraría, por qué se compraría y las necesidades que existían. Reconoció que, sin duda, podría haberse hecho más respecto del control de esos fondos, pero no se contaba con mecanismos legales pues la ley del Ministerio de Defensa no facultaba para ejercer un control contable o una auditoría, sino solo un control político, que también supone tener las herramientas o el personal necesario para hacerlo. Indicó que los desvíos de dinero investigados no se producían con ocasión de las compras de equipamiento, que surgían con un procedimiento evaluativo de las Fuerzas Armadas que era bastante transparente. Subrayó que cada vez que ha habido compras importantes asociadas al uso de la Ley Reservada del Cobre, se ha informado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados acerca de los detalles. Acotó que los casos de corrupción se han producido más bien en procesos de reparación, de mantención o de adaptación de algunos equipamientos, como las fragatas o los tanques, pero no ha sido en los equipamientos. Percibió que la nueva ley permitiría un mejor control. Sin embargo, reiteró que, más que el poder político, cuando hay problemas en la Junaeb, en el Indap o en los Serviu, no es el ministro quien cumple el rol de auditor, sino la Contraloría General de la República. Incluso él mismo solicitó a la Contraloría General de la República auditorías internas, pues el Ministerio carecía de capacidad para hacerlas. Así, se ejecutaron al Estado Mayor, porque hubo denuncias sobre eventuales fraudes en la compra de pasajes, y por un tema de equipamiento, de carpas, en las Fuerzas de Paz en Haití. El corresponsal de la Contraloría para efectos de estos sumarios era el subsecretario para las Fuerzas Armadas, quien permaneció en el cargo durante los cuatro años del gobierno de Piñera. Insistió en que el Ministerio, hasta ese entonces, no estaba orientado a la fiscalización, sino a los mecanismos de compra, asumiendo que los dispositivos de control interno operaban bien y que la Contraloría General estaba presente con revisiones periódicas y formales. Afirmó categóricamente que el Ministerio de Defensa, hasta 2011, haya estado en condiciones de hacer mejores fiscalizaciones, más allá del desgaste, porque, aunque 12 millones de dólares es una fortuna para mucha gente, equivalen más o menos al 1% de lo que se gastó en los tres años involucrados. Es decir, recomendó, siendo una cifra importante, debe dimensionarse adecuadamente. Asimismo, aseveró que hay un fraude que debe ser investigado y condenado, pero no es un proceso generalizado en la compra de las Fuerzas Armadas, ni del Ejército ni de las otras ramas. Reiteró en que el ministro no tenía ni la prioridad ni los recursos humanos para ejercer control interno en las múltiples actividades y compras que se hacían para la implementación, reparación y aprovisionamiento menor, que son fondos de la Ley Reservada del Cobre, aprobados muchas veces en forma genérica. El énfasis era licitar, en los casos que no eran urgentes, si las compras estaban dentro de la planificación. Reconoció que su gestión ministerial realizó muy poco control posterior, salvo el conocimiento de la forma cómo operaban las auditorías y los controles internos. Tampoco tuvo a nadie en su equipo que fuera un experto en esa materia. Manifestó que cuando el que compra está coludido con el que hace el cheque y con el que recibe la mercadería, puede pasar cualquier cosa. Por ello se requiere de mecanismos de control bastante más sofisticados. Señaló tener la tranquilidad de que la Contraloría General de la República ejercía su rol, porque lo hizo en las cuentas del Ministerio de Defensa Nacional. Reconoció que este tipo de compras se prestaban para comisiones, coimas e incluso pagos con sobreprecios, muchas veces legítimos. Adicionó que una de las características del rubro Defensa, es que los derrotados en licitaciones o presupuestos no son buenos perdedores, por lo que acusan de muchas cosas que llegaban al ministro, quien pedía una investigación de la propia institución. Recordó que hasta el año 2004 quien manejaba el fondo, la secretaría ejecutiva del Consudena, era el brigadier (R) Pantoja. Durante ese período lo único que hacía era dictar decretos que iban a las Fuerzas Armadas, o sea, era un papeleo no discrecional, porque el ministro de Defensa no cumplía ningún rol en el uso de los fondos de la defensa. A partir de 2004 empezó a manejarse esta cuenta cuarta; la ministra de ese entonces fijó parámetros para hacer las colocaciones de los excedentes en el mercado de capitales y un año después fue perfeccionado estableciendo un equipo asesor que asesoraba al brigadier Pantoja y, en el fondo, también lo controlaban para las colocaciones en el mercado de capitales. Admitió que la gestión del fondo comenzó siendo un manejo de una oficina que tenía tres o cuatro exfuncionarios en retiro. En 2004 se generó un equipo mixto de economistas, entre ellos el asesor económico del ministro Eugenio Cruz. Luego se propuso al Presidente Piñera, con gran aceptación del entonces ministro de Hacienda, que fuera manejado por un comité similar al que manejan los fondos soberanos y que el manejo bancario lo hiciera el Banco Central. 32.- Jorge Pantoja Bernard, Brigadier de Ejército (R), exsecretario Consudena. Precisó que le correspondió desempeñar el cargo de secretario del Consejo Superior de Defensa Nacional entre septiembre del 2001 y febrero del 2011. Nombramiento y gestión Explicó que la Ley Nº 7.144, que creó el Consejo Superior de Defensa, señalaba explícitamente que el cargo de secretario del Consejo debía ser cubierto por un oficial superior de las Fuerzas Armadas en retiro, con la especialidad de Estado Mayor y con dependencia directa del ministro de Defensa, quien, a su vez, es el presidente del Consejo. Así, mediante Decreto Supremo MDN N° 1110/10, del 12 de marzo del 2002, se cursó su nombramiento en el cargo. Sin embargo, acotó que desde el mes de septiembre del 2001 desempeñó dicho cargo en calidad de suplente, a raíz de una controversia jurídica existente en el Ministerio y que fue resuelta por el dictamen de la Contraloría CGR N° 7367, de 4 de marzo del 2002, donde se determinó que: "Dado que el cargo referido debe ser servido por un oficial superior de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en retiro, este Organismo Contralor estima que no resulta procedente llamar a concurso para su provisión, sino que corresponde al Presidente de la República disponer el nombramiento de la persona que, reuniendo el indicado requisito, sirva dicho empleo.". Finalmente, con fecha 25 de enero del 2011 y ante requerimiento del ministro de Defensa Nacional que asumió entonces, presentó su renuncia al cargo, la que se hizo efectiva a contar del 28 febrero del mismo año. Observó que, simultáneamente a su renuncia, se desarrolló el proceso de implementación de la disposición legal que derogó la Ley Nº 7.144, trasladándose las responsabilidades pertinentes de la Secretaría a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. En lo referente a la gestión, indicó que al poco tiempo de asumir el cargo de secretario pudo observar que, si bien el organismo cumplía con sus obligaciones propias, existían debilidades orgánicas y administrativas, carencias de orden tecnológico y falta de funcionarios con título profesional. Aseguró que esas materias las representó oportunamente a sus superiores, recibiendo la autorización y apoyo necesario para la ejecución de las medidas que permitieran un aumento de las capacidades de la Secretaría del Consejo. Entre ellas destacó: • Se procedió a una reorganización orgánica de la Secretaría, conformándose las áreas de Tramitaciones (Planes, Actas y Decretos), de Administración y Finanzas, y de Auditoría de Cuentas. Asimismo, se constituyó una Asesoría Jurídica y se elaboró el reglamento interno pertinente. Se contrató o asignaron los siguientes profesionales: tres contadores auditores, un especialista en administración financiera, un abogado y una secretaria. Además, se incorporaron oficiales superiores o jefes de las Fuerzas Armadas especialistas en administración y finanzas en comisión de servicio, entre los que destacó al capitán de navío Jaime Pelayo y al coronel de la Fuerza Aérea, Fernando Barra, quienes se desempeñaron a cargo de las áreas de Administración y Finanzas y de Auditoría de Cuentas, respectivamente. • Se implementó un sistema informático que permitió contar con información oportuna, actualizada y veraz. Este sistema tuvo especial relevancia para una mejor administración de los fondos provenientes de la ley. • Se actualizó el reglamento complementario de la Ley Nº 7.144, de larga data, y que contemplaba, además de las materias propias del consejo, diversas disposiciones atinentes a lo normado en la Ley Reservada del Cobre. Ese Reglamento fue debidamente aprobado y tomado de razón por la Contraloría General de la República. • Se activaron las relaciones y contactos con los organismos del Estado pertinentes, tales como el Ministerio de Hacienda, la Tesorería General de la República, la Dirección de Presupuestos, Cochilco, las instituciones de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto. • Se elaboró una consulta ministerial a la Contraloría General de la República sobre la legalidad que tendría la medida de cargar los gastos autorizados a cualquiera de las cuentas de reserva existentes en la Tesorería General de la República: Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Consejo. El órgano contralor compartió plenamente lo planteado por el ministro de Defensa y emitió un dictamen que puso fin a la política “de los tres tercios”, que consideraba que los fondos depositados en las cuentas de reserva solo podrían ser usados para cubrir gastos de las respectivas instituciones. • Se implementaron las decisiones ministeriales de acumular los excedentes de los recursos provenientes del rendimiento de la Ley en la Cuenta de Reserva del Consejo y, previa coordinación con la Dirección de Presupuestos, la de invertir los excedentes en el mercado financiero. • Se dio inicio a la iniciativa que creó auditorías en terreno de determinados proyectos en ejecución. Funcionamiento del sistema. Relató que los recursos financieros provenientes del rendimiento de la Ley eran automáticamente depositados por el Banco Central, por tercios iguales, en las cuentas existentes en la Tesorería General de la República y asignados al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Sólo un 5% del total recibido se destinaba a la cuenta correspondiente al Consejo, esencialmente para proyectos de carácter conjunto. Sin embargo, con el respaldo de lo dictaminado por la Contraloría General de la República y lo decidido por la ministra de Defensa Nacional, una vez alcanzado el piso contemplado en la Ley, se procedió a traspasar los excedentes a la cuenta asignada al Consejo. Destacó que todo movimiento de fondos, ya fuera de traspasos entre cuentas o de retiro, tenía el requisito legal de ser autorizado vía decreto supremo. Observó que el dictamen de la Contraloría tuvo resistencia de parte de las instituciones. Incluso, una de ellas presentó un requerimiento de reposición a la Contraloría General de la República, pero que no se tramitó, por orden de la ministra Bachelet. El término de la política de los tres tercios determinó que cualquier gasto se podía cargar a cualquier cuenta. Es decir, un gasto de la Armada podía ser cargado a la cuenta del Ejército o de la Fuerza Aérea, pero a partir de un piso, pues la ministra de Defensa, tras la preocupación manifestada por las instituciones, que veían con preocupación que los fondos no ingresaran a cada cuenta, determinó la política de mantener los depósitos hasta el piso de US$ 180 millones. Cumplido lo anterior, todos los excedentes se traspasaban. Remarcó que no se hizo una modificación legal en la que se suprimieran las cuatro cuentas y quedara solo una. Eso habría sido lo lógico, pero no se hizo y siguió la inercia de mantener los fondos en esas cuentas. Así, el Banco Central depositaba los recursos de acuerdo con la ley en las cuentas 1, 2 y 3. Después se emitía el decreto supremo para girarlos de esas cuentas y llevarlos a la 4. Los excedentes de los US$60 millones que tenía cada cuenta se mantuvieron como un gesto, pero no tenían ninguna validez ni significaba que no se pudiesen ocupar en proyectos conjuntos o de otras instituciones. Manifestó que defendió la eliminación de los tres tercios desde su llegada al Consejo, sosteniendo que los fondos podían invertirse en proyectos de cualquier institución, porque era muy difícil financiar, por ejemplo, la reposición de una escuadra con el fondo de la Armada. Por otra parte, indicó que el Consejo era el único estamento con la facultad de aprobar y proponer al Presidente de la República el financiamiento y la ejecución de los proyectos de inversión, conforme a los requisitos normados para dicho efecto. Por ello, en reuniones periódicas del Consejo o exclusivas del ministro de Defensa con los comandantes en Jefe y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, se priorizaba y se tomaban los acuerdos que fuesen pertinentes. De todo lo obrado, se dejaba debida constancia en el Acta del Consejo. Luego de ser protocolizada esa Acta, se procedía a elaborar el o los decretos supremos correspondientes, en base a los antecedentes de detalle remitidos por los organismos ejecutores. Dichos decretos eran suscritos, mediante delegación de facultades, por los ministros de Defensa y de Hacienda. Resaltó que todo este procedimiento de autorización fue perfeccionado con la creación de la Unidad de Evaluación de Proyectos, en el Ministerio de Defensa. Inversión de los fondos. En cuanto a la administración de fondos de la Ley, mencionó que al Consejo le competía la administración general de los fondos correspondientes al rendimiento de la Ley del Cobre, función que era ejecutada por la Secretaría. A su vez, solo el Consejo, las instituciones de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, como únicos organismos del Estado autorizados para ejecutar proyectos de inversión con “recursos Ley”, tenían la facultad de administrar los fondos decretados. Para ello, podían abrir cuentas corrientes y mantener transitoriamente depósitos en el mercado financiero nacional o extranjero. En relación con las inversiones financieras del Consejo, recordó que dado el aumento en el precio del cobre ocurrido en la década del 2000, los fondos depositados en las cuentas de reserva mostraron un sostenido aumento, produciéndose una acumulación de excedentes en la Tesorería General de la República que no generaba intereses. Ello determinó, conforme a la normativa vigente y previa coordinación con el Ministerio de Hacienda, el retiro de dichos fondos para su colocación en el mercado financiero. Inicialmente, solo en el Banco del Estado y, posteriormente, conforme lo dispuesto por el ministro Ravinet se procedió a enviar esos depósitos a otras instituciones de la banca nacional, de acuerdo a los criterios de confiabilidad determinados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y con la previa protocolización de acuerdos marco con cada una de las instituciones bancarias que eran seleccionadas. Subrayó que se aplicaron todos los resguardos posibles. Así, no se podía invertir en fondos mutuos, sino solo en instrumentos que dieran absoluta seguridad. Cuando se dispuso abrir la operación a otros bancos, la primera medida fue hacer una consulta a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre la calificación de los bancos, resultado de lo cual se seleccionó a tres o cuatro entidades que tenían calificación superior. Los primeros seleccionados fueron el Banco de Chile, el Banco Santander y el Banco de Crédito e Inversiones. Con autorización de la Superintendencia y con conocimiento del Ministerio de Hacienda, se informó la decisión a esos bancos y se firmaron sendos acuerdos marco, estableciendo las condiciones de retorno de dichas inversiones y manteniendo resguardo permanente en ese sentido. Aseguró que jamás aceptó que esas reuniones se hicieran fuera del ministerio, y a ellas siempre asistían dos, tres o cuatro miembros de la secretaría. Jamás hubo una conversación personal de alguno de los personeros de la secretaría con algún banco. Admitió que no hubo licitación, sino que se firmaron acuerdos marco con dos o tres bancos que reunían los requisitos. Se recibían las ofertas y se designaban los bancos. Puntualizó que la implementación de estas medidas obligó a la dictación de instrucciones complementarias que aseguraran la eficiencia y la seguridad necesarias. Asimismo, se creó una Comisión especial, integrada por dos profesionales del Gabinete del ministro y por el jefe del Área de Administración y Finanzas de la Secretaría, con la misión de analizar, licitar y proponer las respectivas operaciones financieras. El secretario del Consejo, por delegación del ministro, debía refrendar lo propuesto y disponer su ejecución, dejándose en Acta debida constancia de lo obrado. Describió que en estas materias de inversión se actuaba en forma simultánea con la comisión especial. Se le informaba a los bancos los recursos disponibles para colocarlos en el mercado financiero y los bancos mandaban su propuesta, todo esto en forma simultánea. Luego de recibir la propuesta, la comisión analizaba no solamente qué banco pagaba el mayor interés, sino también los criterios de repartición de los fondos, de modo que ningún banco tuviese en un momento determinado todos los fondos. Los dineros salían directamente al banco por medio de un decreto de la Tesorería General de la República, donde se disponía retirar una determinada cantidad desde una cuenta para ser depositada en el mercado financiero. En consecuencia, su unidad jamás vio el dinero. Además, se confeccionaban balances mensuales y se generaba una cuenta de intereses separada, pues el capital se mantenía siempre, pero los intereses generados se depositaban en una cuenta distinta. Hizo presente que en todo momento se tenía conciencia de la responsabilidad fiscal involucrada en este delicado procedimiento, adoptándose por ello diversas medidas de confiabilidad, reserva y control que aseguraran un adecuado proceder. Asimismo, dada la cuantía que estaban alcanzando estos recursos, tempranamente, a mediados del año 2009, se iniciaron conversaciones con la Dirección de Presupuestos, para considerar el traspaso de esta función a otra entidad pública. Recalcó que la adopción de esa política de inversiones financieras significó un importante beneficio económico a los fondos provenientes del rendimiento de la Ley, hecho plenamente comprobable en los sucesivos balances de la Secretaría del Consejo. Rendiciones de Cuentas. En materia de rendiciones de cuenta, relató que correspondía al ministro de Defensa y al presidente del Consejo aprobar o rechazar las rendiciones de cuenta de las inversiones financiadas con recursos de la Ley del Cobre. Estas rendiciones eran revisadas por la Secretaría del Consejo. Consideró importante mencionar que todos los fondos autorizados por decreto supremo estaban sujetos a rendición de cuentas. Ese proceso de revisión tenía plazos de cumplimiento en cada etapa, y consideraba, en lo fundamental, la verificación de la existencia de los documentos legales comprobatorios del gasto y de la correspondencia entre este gasto y lo autorizado explícitamente en el respectivo decreto. En las auditorías hechas por el Consudena surgieron algunos reparos menores, que no constituían ilícitos ni una preocupación que determinara una medida superior. Todas las auditorías están debidamente documentadas, dispuestas por el ministro por escrito, porque debía publicarse el resultado. Por ello, si hubo observaciones, aparecen en el documento, pero no hubo falta de dinero o algún ilícito, sino solo faltas administrativas, como fondos mal invertidos en materias que no estaban explícitamente dispuestas en el decreto, disponiéndose, en ese caso, el reintegro correspondiente. Insistió en que el Consudena hizo reparos a las rendiciones a las rendiciones de cuentas, pero aclaró que nunca se dio una observación que fuera un ilícito. Por lo demás, era muy difícil detectar ilícitos, como facturas ideológicamente falsas, porque no se tenía ninguna herramienta para ello. La única institución que podía evaluar ese problema era la ejecutora. Tampoco se podía saber si hubo coima o sobreprecio. Sin embargo, acotó, eso no quiere decir que se haya hecho todo bien, ya que pudo haber errores humanos, como que se haya pasado una factura mal confeccionada, pero la responsabilidad, indudablemente, era de quienes estaban ejecutando el proyecto. El proceso concluía cuando la Contraloría General de la República efectuaba una inspección y otorgaba su finiquito. Asimismo, ese organismo contralor efectuaba, al menos, una inspección anual a la Secretaría. Puntualizó que el reglamento complementario de la ley establece que el proceso de revisión de cuentas solo queda concluido con el finiquito de la Contraloría General de la República, la que, al llegar a la secretaría y dado el cúmulo de documentos, hacía una revisión aleatoria de determinados aspectos. Recordó que se debía tener guardada la rendición de cuentas y sin dar su aprobación hasta que la Contraloría les visitara. Hecha su inspección, ese órgano contralor elevaba un documento en el cual definía si había observaciones u otorgaba el finiquito a todas las rendiciones de cuentas que ya se habían revisado. Indicó que en la revisión hubo observaciones menores, que el mismo secretario llamaba para que se solucionaran, como el caso de una firma faltante. Pero, aclaró, lo que realmente le correspondía a la secretaría era determinar si estaban los documentos legales que justificaban el gasto. Admitió que no podría asegurar la inexistencia de errores y que haya pasado una factura ilegal. Los plazos para rendir las cuentas estaban fijados por el reglamento. Inicialmente, era de 90 días desde el momento en que estaba el decreto, y luego fue rebajado a 45 días. Llegaba la rendición de cuentas y el personal a cargo de esta función debía revisar tres instituciones y el Comando de Operaciones Conjuntas, que eran los cuatro órganos ejecutores de proyectos. Observó que el cúmulo de rendiciones era bastante grande, pero mejoró mucho con la contratación de los contadores auditores. Allí se revisaba si estaban los documentos legales que justificaran el gasto y si el gasto correspondía a lo que estaba autorizado, pues de lo contrario era un procedimiento ilegal, lo que fue representado en más de una oportunidad. Saldos insolutos. Por otra parte, periódicamente se informaba a las instituciones ejecutoras de la existencia de saldos no rendidos que se registraban como saldos insolutos y que, por normativa, debían ser reintegrados a la ley. Sin embargo, aclaró que ante esa situación las instituciones optaban por solicitar su reinversión en otros proyectos, generalmente relacionados con mantenimiento de material y equipos, solicitudes que normalmente eran aprobadas por acta de consejo, dictándose un nuevo decreto supremo. Aclaró que se accedía porque era legal y la presentación se llevaba a conocimiento de la junta de comandantes en jefe. El acta era firmada por siete miembros, pues se agregaban los tres jefes de Estado Mayor, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Nunca hubo ningún acuerdo que no quedara suficientemente protocolizado en acta. Aseguró que este trámite tenía la misma exigencia que cualquier decreto y estaba sujeto a rendición de cuentas, que tiene su procedimiento. Si existía una situación anormal e ilegal, la que era descubierta con posterioridad, había que analizar las responsabilidades pertinentes en los niveles que correspondía. Especificó que todos los procedimientos estaban plenamente normados en el reglamento complementario y en los reglamentos pertinentes de cada institución. Toda solicitud hecha al Consejo debía ir refrendada por el comandante en jefe respectivo. Se trataba de la solicitud del Consejo al ministro, por lo que no podía provenir de un organismo inferior. Además, era absolutamente observable cuáles habían sido los saldos insolutos y a qué decreto correspondían. Periódicamente se debía requerir a las instituciones ante saldos no rendidos. Observó que no dejaba de llamarle la atención la solicitud de reinversión, pues lo más lógico, y prudente, habría sido que los fondos se reintegraran. Pero se trataba de saldos pequeños, bajo el 5% del monto total del monto autorizado, reunidos de distintos decretos. En algunas oportunidades no se aprobaban, porque posiblemente eran saldos muy pequeños y se imponía su reintegro. Con el fin de perfeccionar el control existente, se implementaron auditorías aleatorias en terreno a proyectos de inversión en ejecución, las que eran autorizadas y dispuestas por el ministro. Acotó, sin embargo, que si bien esta iniciativa fue positiva, por razones de tiempo y carencia de personal, solo se pudo abarcar un porcentaje muy limitado de los proyectos en ejecución. En algunas ocasiones, hubo observaciones que fueron debidamente representadas y solucionadas. Reconoció que en ningún caso los procesos de gestión y control descritos estuvieron totalmente exentos de carencias y errores humanos, pero igualmente manifestó su convicción de que en ellos se dispuso la atención y cuidado que eran posibles con los medios a la fecha existentes. Manifestó la esperanza de que hoy, después de transcurridos cinco años, esos procesos estén debidamente reforzados y perfeccionados.