Informe Milicogate Cámada de Diputados. 6

33.- Andrés Allamand, exministro de Defensa Naciona Consideró que un hito relevante de todo este proceso es la supresión del Consudena y el cambio de un manejo precario de los fondos al manejo profesional de los mismos a través del Banco Central. En relación al Comité Asesor de Inversiones, observó que al revisar la ley del Ministerio se constataba que la junta de comandantes en jefe tenía facultades asesoras cuando se trata de la adquisición de capacidades estratégicas conjuntas, pero no había un organismo que velara por un análisis interinstituciones a la hora de adquirir capacidades estratégicas de una rama. Por lo tanto, con el comité asesor se buscó algo a lo cual las instituciones no estaban habituadas. Describió que en el sistema antiguo cada institución se manejaba individualmente, le solicitaba al ministro del ramo la aprobación de un determinado proyecto y lo que hacía el Ejército no siempre conversaba con lo que realizaba la Armada y la Fuerza Aérea. Relevó que en el mundo de hoy, lo fundamental no es tener capacidades individuales por ramas, sino contar con capacidades estratégicas de defensa conjuntas. En consecuencia, se buscó que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea pudiera opinar respecto de una adquisición del Ejército, generando una coordinación extraordinariamente significativa, que hasta antes de la aplicación de esta ley no existía. Sobre el reglamento de proveedores, destacó no solo la bitácora, sino también la subreglamentación en materias extraordinariamente importantes. Acotó que cuando se es ministro de Defensa no se razona con lógica de gobierno o de partidos, pero igualmente hubo una demora de 1990 a 2012 para resolver el problema de un reglamento de proveedores con normas estrictas. Por otra parte, resaltó una facultad de la Cámara de Diputados y el Senado, que es extraordinariamente importante, pues en virtud de la letra f) del artículo 3° del Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, el titular de la cartera debe presentar información pormenorizada, proyecto por proyecto, ante las comisiones de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y del Senado, en sesión secreta. Por lo tanto, recalcó, hoy existe una cantidad significativa de información en esta materia, que está a disposición del Congreso. Así, la Cámara de Diputados, desde 2011 en adelante está en perfectas condiciones para, por ejemplo, identificar si se repite un proveedor en una institución y hacerle presente o preguntar al subsecretario de Defensa sobre ello. Recordó haber sugerido en su oportunidad que para esta facultad tan importante que tienen ambas ramas del Congreso Nacional en la comisión de Defensa Nacional, debería haber especialistas que contribuyeran en la fiscalización. Ciclo de adquisiciones En esta materia describió que, en primer lugar, las instituciones hacen ver sus necesidades estratégicas y posteriormente formulan los proyectos, que deben ser revisados acuciosamente por la Subsecretaría de Defensa, a través de la División de Evaluación de Proyectos. Habitualmente ahí existe un intercambio particularmente intenso y técnico; subrayó que el Ministerio no funciona como un frontón, pues las instituciones tienen la capacidad de solicitar una determinada adquisición, pero la Subsecretaría la revisa. En tercer lugar, el Ministerio, a través de la comisión asesora, entrega el visto bueno. Recalcó que esa aprobación no la concede solo el ministro de Defensa, sino también el ministro de Hacienda, tras lo cual se produce la asignación de fondos. Una vez llevada a cabo la asignación respectiva, el Ministerio de Defensa no se olvida de la ejecución del proyecto, porque todos los años la autoridad debe presentarse ante el Congreso Nacional a informarles a diputados y senadores en qué avanzó la ejecución de cada proyecto. Manifestó que gracias a la ley de enero de 2010 se puede contar con un ciclo completo, mucho mejor que el que existía antes, que contiene cada una de las etapas. Y si cada uno cumple su tarea, la información que fluye hacia los organismos públicos es bastante completa. En síntesis, aseguró, no es que el Ministerio de Defensa, luego de que se logra que el ministro de Hacienda apruebe la asignación de recursos para un proyecto determinado, se olvide del proyecto, pues debe continuar por lo menos supervigilando su ejecución. De lo contrario, cuando ese ministro concurra al Congreso Nacional y deba exponer en la Comisión de Defensa Nacional, carecería de información para responder a los parlamentarios. Ley Reservada del Cobre. Señaló que la reforma al financiamiento de las Fuerzas Armadas fue un proyecto trabajado en conjunto. Manifestó tener la impresión de que fue aprobado, en general, por la unanimidad en la Cámara de Diputados, y en particular contó con un altísimo respaldo. Explicó que el proyecto de ley funcionaba sobre la base de dos aspectos fundamentales. Se distingue un presupuesto ordinario de la Defensa, mientras que los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre se transforman en un financiamiento para capacidades estratégicas, las cuales se descomponen en dos elementos: un presupuesto plurianual y un fondo de contingencia estratégica. Reconoció que existe toda una discusión teórica en términos de que algunos hablan de que las inversiones en capacidad estratégica deben implicar inversión, adquisición y desarrollo del material y, al mismo tiempo, operación y sostenimiento del material. En el sistema actual existe una situación de incentivo extraordinariamente perverso, a saber, que un gobierno efectúa una adquisición de fragatas, aviones y material blindado, pero solo financia la adquisición, olvidando la operación, el mantenimiento y el sostenimiento (actualización de la capacidad estratégica y bélica del material). Pero como esto no estaba bien definido en el proyecto de ley que se envió al Congreso Nacional, se estableció que sería el Ministerio de Defensa la entidad que determinaría, mediante decreto supremo, en qué consiste específicamente la operación y el sostenimiento del material, con lo cual se resolvía un problema enorme, dado que había algunas instituciones que confundían reemplazo de material con sostenimiento, mientras que el reemplazo del material es una adquisición. Agregó que existen dos situaciones que se discuten en torno a ese proyecto de ley. Primero, respecto del concepto de plurianualidad de cuatro años, frente al cual la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda durante gobiernos de distintos colores políticos, se han opuesto. En este caso, se produjo la misma oposición a nivel técnico, pero el Presidente Piñera zanjó definitivamente el tema, sobre la base que debía existir un presupuesto plurianual. El segundo punto en discusión es la asignación mínima, que se resolvió sobre la base de una conversación con miembros de prácticamente todas las bancadas y centros de estudios. Reconoció que podría establecerse o no una asignación mínima, así como distintos parámetros respecto de cómo se calcula. En el proyecto se estableció que sería el 70% del gasto efectuado por los gobiernos de la Concertación, entre 2006 y 2010, que no fue exagerado. De hecho, esa fue la cifra que se reportó a la Unasur, ante la campaña que sostenía que Chile había incurrido en la década anterior en un exceso de gasto militar. La cifra de ese período, que fue íntegramente un período de la Concertación, bajo ninguna circunstancia apunta a que la inversión fue exagerada. Si se compara con lo que han hecho otros países de la región, se advierte que existe un mito en el sentido de que hubo una sobreinversión en Defensa. Sostuvo que el gasto en Defensa que se hizo entre 2000 y 2010, por parte de los gobiernos de la Concertación, fue razonable, adecuado y absolutamente justificado. Advirtió que cada vez que hay una tragedia o una catástrofe, lo primero que se piensa es recurrir a los fondos de la Defensa, actitud que no le pareció correcta, dado que Chile tiene situaciones no tan solo internas, sino también de contexto, que exigen no debilitar nuestra capacidad estratégica. Por eso, más allá de que esto tenga buena o mala prensa, manifestó pensar que Chile no debiera, bajo ninguna circunstancia y cualquiera sea el gobierno, debilitar las capacidades estratégicas de sus instituciones armadas. Insistió en que las capacidades estratégicas no se generan de la noche a la mañana. Por otra parte, manifestó que la cuestión acerca de una doctrina interna en las instituciones sobre el cuidado de los recursos, le genera una paradoja, pues un comandante de regimiento, que opera con el presupuesto ordinario, no tiene ninguna flexibilidad y debe gastar de manera muy estricta. En consecuencia, opinó, sería razonable preguntarse por qué ese mismo criterio que existe para la operación normal de las instituciones pareciera no haber existido en lo que dice relación con las adquisiciones de capacidad de estrategia. Sin embargo, consideró que sería un error establecer que el Ministerio de Defensa sea quien ejecute los controles respecto de esta materia. Las instituciones tienen auditorías bastante completas. Aseguró que es falso que no haya habido controles, sino que esos controles no se ejecutaron adecuadamente por los mandos, hasta que alguien observó algo obvio, una factura que aparecía firmada por una persona que era comandante de un regimiento. Subrayó que debe fortalecerse la doctrina haciendo ver que, en general, las instituciones, por las condiciones de su presupuesto, no funcionan con holgura. Además, tiene que haber un control interno muy fuerte, y debe dársele facultades al Contralor General de la República para que realmente pueda investigar. Entonces, argumentó, existe un control interno en las instituciones, que debe ser fortalecido, y un control externo de parte de la Contraloría General de la República. Sin embargo, si se agrega un tercer control en el Ministerio de Defensa, existirían tres lienzas para un trompo, las que no se justificaría. En materia de conclusiones, consideró que todo lo que se haga por mejorar, complementar o hacer aún más efectivo el reglamento de proveedores va en la línea correcta. En segundo lugar, aseguró que en este caso se montó una maquinaria que no fue detectada a tiempo, pero que no se puede sostener que no existían los mecanismos para detectarla, pues si hubiera habido diligencia en las personas que utilizaron esos mecanismos o que desempeñaban esos cargos, esto podría haberse descubierto. Insistió en que ello debe quedar claro, porque existe la impresión de que las Fuerzas Armadas no tenían ningún control, y eso no es verdad. Existían controles, pero por una parte esos controles fueron perforados y, por otra, las personas que desempeñaron los cargos no lo hicieron en la forma adecuada. En tercer lugar, observó que la situación que se produjo generó mucho desánimo en las instituciones, porque los comandantes de regimientos deben cuidar cada centavo, debido a que ellos no tienen absolutamente ninguna holgura. Agregó que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas no son personas que hayan ingresado con el propósito de hacerse ricos ni para hacer negocios. Por lo tanto, les afecta particularmente cuando se descubren situaciones de esta gravedad y son quienes tienen más interés en que esto se aclare y no quede en la penumbra. Por último, quiso poner una nota de optimismo manifestando su convencimiento de que todos reaccionarán de buena manera. Los futuros ministros tendrán que esforzarse al máximo, los nuevos mandos militares deberán tener una actitud mucho más proactiva. Y cuando se rinda el informe sobre la ejecución del gasto y de los proyectos, los parlamentarios estarán particularmente atentos a revisar cada uno de sus componentes. El Congreso debe legislar correctamente en lo que corresponda y la Contraloría General de la República tendrá que solicitar más recursos. Terminó manifestando que no le resta un centímetro de gravedad a esta situación, pero advirtió también que esta no es una conducta generalizada en el proceso de adquisición de nuestras capacidades estratégicas. Entonces, no debe darse una imagen que no es la correcta, aseverando que las Fuerzas Armadas chilenas han tenido, desde 1990 a esta fecha, un sistema de adquisiciones que no tiene ningún control, porque ello no es verdad. 34.- Alfonso Vargas, ex Subsecretario para las Fuerzas Armadas. Periodo de transición. Recordó que ocupó el primer cargo de subsecretario para las Fuerzas Armadas, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de marzo de 2014. Relató que la Presidenta Michelle Bachelet, un día antes de finalizar su mandato, firmó los decretos que pusieron fin a las exsubsecretarías, con lo que el 11 de marzo nació la nueva Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que agrupó las Subsecretarías de Guerra, de Marina y de Aviación, y a la de Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional. Detalló que durante el primer año la nueva Subsecretaría tenía cuatro presupuestos, cuatro departamentos de personal, tres jefes militares (Maldonado en Guerra; Braghetto en la FACH; García-Huidobro en la Marina) y el Coronel Cherrington, en la Dirección Administrativa. Es decir, había jefes en todo, lo que significaba un tremendo problema. La Ley N° 20.424 dispuso un año para la nueva organización, periodo en que trabajó en doce comisiones con más de 100 funcionarios y en cada una había representantes de todas las asociaciones de funcionarios para evitar una resistencia al cambio. Durante ese trabajo comenzaron a elaborarse las nuevas plantas, que recién estuvieron concluidas el 12 de agosto de 2012, con los nuevos reencasillamientos. También se unificaron los procesos, pues, ejemplificó, las pensiones se tramitaban en las tres subsecretarías y cada una de forma distinta, aunque se llegaban a los mismos cálculos. En materia de compras, se respetaban muy poco los procedimientos de compras públicas, por lo que unificar los sistemas de adquisiciones fue otro gran problema; pero se hizo. Posteriormente se preparó el Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) y se comenzó a poner al día las concesiones marítimas y acuícolas, que presentaban un atraso de más de 3 mil trámites atrasados, algunos con seis años cuando la ley determinaba 180 días. También se preparó proyectos de ley sobre la eliminación del 6% a pensionados y el término de las pensiones de las hijas solteras; el que permitió a los funcionarios el acceso a las cajas de compensación; el que permitía a los funcionarios de menores ingresos ingresar al Pilar Solidario, proyecto que este gobierno retiró; el de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que este gobierno también retiró; y el que permitió que los obreros a jornal de las Fuerzas Armadas accedieran a la norma del ingreso mínimo. Por su parte, el Consudena funcionó durante todo ese año a cargo del brigadier Pantoja, del comandante Pelayo y del señor Cruz. Modernización del Consudena. En enero de 2011, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, el Consudena se suprimió y sus tareas se dividieron en dos: una parte la asumió la Subsecretaría de Defensa, específicamente, la División de Evaluación de Proyectos, a cargo del general Baker; y otra parte, que eran las funciones administrativas, las asumió la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, con lo que quedaba del Consudena. Adicionó que, junto con ello, se estaba tramitando con el Ministerio de Hacienda una iniciativa para que los excedentes de la Ley del Cobre fueran colocados en el mercado de capitales por el Banco Central, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 19, de enero de 2011. Con esa medida se terminaba la mesa de dinero, que constituía una opción muy básica para asumir el manejo de la gran cantidad de recursos de la “ley del cobre”, y se ganaba en transparencia. Explicó que cuando se recibió del cargo esa Subsecretaría realizaba las cotizaciones de tasas, hacía las actas y todo lo relacionado con la administración de los recursos excedentes. Sin embargo, dada la responsabilidad que ello significaba, se decidió crear el Consejo Asesor de Inversiones en Defensa, que asesoraba al ministro en materias de inversión, puesto que la ley también le traspasó las funciones del Consudena al ministro de Defensa. Ese Consejo asesor estaba compuesto por los tres comandantes en jefe, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el subsecretario de Defensa y, como secretario de actas, el subjefe del Estado Mayor Conjunto. El objetivo de esa asesoría era que cuando se decidiera una compra en una rama, también las otras instituciones pudieran opinar, porque se observó que a veces se cuestionaban determinadas adquisiciones. En 2011 se confeccionó también el reglamento de registros especiales de proveedores del sector Defensa, donde se obligó, desde el 22 de mayo de 2012, la mantención de una bitácora pública de reuniones de los proveedores, o los representantes, con las instituciones de las FFAA. Aclaró, empero, que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas utiliza el sistema de compras públicas a través de Chilecompra, por lo que no lleva un registro de proveedores ni tiene participación alguna en las compras que se hacen con la Ley del Cobre o con el presupuesto corriente de las grandes compras. Unidad de Gestión Administrativa de la Ley Reservada del Cobre. Refirió que se trataba de una pequeña unidad encargada de distribuir los fondos de la Ley Reservada del Cobre, para lo cual elaboraba los decretos que autorizaban los recursos para financiar proyectos que ya estaban aprobados por la Subsecretaría de Defensa, tras lo cual se firmaban y se hacían las transferencias bancarias respectivas. También se trabajó con los flujos, pues se observó que había una gran cantidad de recursos empozados en las instituciones, por lo que no tenía sentido traspasarles la totalidad de los fondos si ya disponían de efectivo. Por lo tanto, aseguró, era más conveniente que esos recursos se depositaran y que se entregaran a los proyectos en la medida que los necesitaran. Acotó que estos casos se trataban de proyectos de larga duración, por lo que muchas veces no tenía sentido que estuvieran todos los recursos frescos sobre la mesa durante tanto tiempo. Por lo tanto, esta Unidad de Gestión también comenzó a dosificar los flujos y, mediante decreto, hacía semanal o quincenalmente los traspasos al Banco Central para su posterior colocación en el mercado de capitales. Explicó que si en una semana ingresaban US$20.000, se prefería esperar a que a la semana siguiente entraran mayores recursos, de modo de realizar una sola operación. No obstante, debía depositarse, como máximo plazo, quincenalmente, cualquiera fuera el monto de los fondos. Reiteró que no había especialistas en el Ministerio de Defensa para manejar lo que debería haber sido una mesa de dinero, razón por la que calificó de precaria su operación. . Control de los recursos. Advirtió que la totalidad de la ejecución del gasto correspondía a las instituciones, es decir, al EMCO, al Ejército, a la Armada y a la FACH, de acuerdo a la ley orgánica y de acuerdo al reglamento complementario de la Ley Reservada del Cobre, Decreto Supremo N° 124, de 2004. Relató que existía un control interno y otro externo. El interno estaba específicamente entregado a las unidades contraloras internas de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, mientras que el externo, de acuerdo al artículo N° 78, le corresponde a la Contraloría General de la República. Por lo tanto, reseñó, luego de revisadas las rendiciones de cuenta por las contralorías de los organismos castrenses, ellas eran enviadas trimestralmente a la Subsecretaria para efectuar una cuadratura contable. Subrayó que lo que se hacía era una cuadratura contable, entendida como una verificación de que los gastos correspondieran a los decretos respectivos, es decir, una verificación de las imputaciones. Aseguró que nunca se pretendió que hubiera un control de legalidad ni un control de pertinencia, porque eso lo efectuaban las contralorías internas de las instituciones. Realizada esa cuadratura, las rendiciones de cuentas quedaban a la espera de que la Contraloría General de la República revisara lo que considerara necesario. Recordó que, después de cuatro años de haber trabajado muchísimas horas en el Ministerio, al comienzo firmando hasta 3.000 documentos al día, era necesario considerar que el número de papeles que recibe la autoridad es altísimo. Pero igualmente manifestó haber estado muy involucrado y haber conocido mucho del funcionamiento de la institución por dentro. Sostuvo estar convencido de que las Fuerzas Armadas no son corruptas, y tampoco sus miembros son ladrones. Lo que ocurrió en este caso es que hubo algunos delincuentes que se inmiscuyeron, pero no se trató de una cuestión generalizada. Lo ocurrido fue hecho por personas que se debe calificar como delincuentes avezados que se aprovecharon de la ocasión y que lo habrían hecho exactamente igual con la ley reservada o con el presupuesto corriente. Agregó también que los controles deben ser mejorados, para lo cual postuló que habría dos maneras de hacerlo: traspasar todo el control al Ministerio, caso en que habría que contratar entre 250 y 300 funcionarios adicionales para ello y existiría una duplicidad de trabajo. De hecho, en las contralorías de las instituciones trabajan alrededor de 290 personas, y si se controlará lo mismo habría que hacerlo desde Arica hasta Punta Arenas. Por lo tanto, esa es una forma de control, pero difícil. Pero otra opción, apuntó, sería dotar a las contralorías de mucha más fuerza y eventualmente acompañarlas de especialistas civiles que no respondan directamente a los mandos institucionales que deben revisar. Con esta alternativa, sostuvo, se podría obtener un mejor resultado, sobre todo si se acompaña con dotar a la Contraloría General de la República de muchos más recursos, dado que no es capaz de revisar rendiciones de cuentas con innumerables documentos acumulados por los 3 o 4 años que dura un proyecto. 35. Daniella Caldana, Auditora General del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Mandato legal del CAIGG. El Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG) se creó mediante el Decreto Supremo N° 12/97 Minsegpres, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei, que estableció un consejo asesor del Presidente de la República en materias de auditoría interna, que apuntara a formular políticas relacionadas con tener una mejor gestión dentro de la administración el Estado y un mejor uso de los recursos públicos. Entre sus funciones figuran las de proponer al Presidente de la República un modelo de auditoría para el sector público; proponer planes anuales transversales para el sector de la Administración; conocer los planes de auditorías de los diferentes sectores; proponer capacitación para la Red de Auditores Públicos, que hoy cuenta con aproximadamente 1.000 personas; y presentarle al Presidente de la República iniciativas para institucionalizar una auditoría de Gobierno. Acotó que el 30 de mayo de 2016 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del CAIGG. Precisó que, según el Decreto N° 120/14, la entidad opera con 9 consejeros: Patricia Silva Meléndez, subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Alejandro Micco, subsecretario de Hacienda; Sergio Galilea, subsecretario de Obras Públicas; Ignacio Moreno, subsecretario de Minería; Claudio Ternicier, subsecretario de Agricultura; Jaime Romero, subsecretario de Vivienda; Ximena Rincón, ministra del Trabajo; Sergio Granados, director de Presupuestos; Rafael Pizarro, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Central. Bajo los consejeros está en el organigrama la auditora general de Gobierno, quien se encuentra en contacto con las distintas áreas que trabajan al interior, es decir, es como la secretaría técnica que lleva al efecto las decisiones globales del Consejo. Puntualizó que la dotación de personal actual es de 38 personas, observando que su cargo de auditor general es más bien una función pues tiene calidad de honorarios, en su caso, desde el 17 de marzo de 2014. Explicó que como secretaría técnica, el CAIGG se relaciona con los ministerios a través de los auditores ministeriales, y con los distintos servicios mediante los auditores internos. Por su parte, los consejeros se relacionan directamente con la Presidenta de la República. Refirió que el Consejo se encuentra asociado a los reportes que las diversas entidades del Estado realizan por medio de sus informes de auditoría, los cuales se revisan y se retroalimentan. Posteriormente, se hace seguimiento a los temas más importantes, generando una suerte de círculo virtuoso. Mucho de estos planes de acción que derivan de lo encontrado en los informes van a los planes de compromiso del programa de Mejoramiento de la Gestión. De hecho, para 2016 las entidades tienen 8.507 compromisos. Informes de auditoría recibidos Informes de auditoría mayo/2016 Entidades N° informes Defensa 61 Otras entidades 1.701 Total 1.762 Informes de auditoría 2015 Entidades N° informes Defensa 106 Otras entidades 2.951 Total 3.057 Informes de auditoría 2014 Entidades N° informes Defensa 80 Otras entidades 2.700 Total 2.780 El CAIGG y su trabajo en el Ejército de Chile. Respecto del Ministerio de Defensa Nacional, observó que el CAIGG tiene una situación un poco distinta, ya que, en primer lugar, en lo que se refiere a aspectos normativos de la fiscalización tiene su propia fiscalización interna4 , a la que se adiciona una externa de la Contraloría General de la República, la que modificó en diciembre de 2015 su criterio respecto de su capacidad de fiscalizar las materias asociadas a los gastos reservados de la Ley del Cobre. En segundo lugar, acotó que si bien con los demás ministerios existe siempre un reporte directo, en el caso de Defensa guardan relación solo con algunas entidades del Ministerio, como son las dos subsecretarías, la DGAC, DGMN, Defensa Civil y ANEPE, dado con el resto se usa un reporte indirecto, en razón de que las Fuerzas Armadas, por un lado, no se consideran como un servicio y, por otro, tienen muchos temas considerados reservados, lo que explica que su reporte sea siempre a través del auditor ministerial y no directo para el Consejo. Por otra parte, en lo que se refiere al Ejército y a las demás ramas de las Fuerzas Armadas, señaló que no han reportado nunca temas asociados a las inversiones y a los gastos de la Ley Reservada del Cobre, porque son materias secretas. No obstante, admitió que en asuntos relacionados con el control interno, la 4 DS N° 124de 2004, MINDEF. Art. 3°, n° 8: La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas deberá fiscalizar, controlar y aprobar las rendiciones de cuentas de las inversiones ya decretadas. Art. N° 77: Trimestralmente se rendirá cuenta documentada… (a la Subsecretaría de las FFAA) previa revisión de los organismos contralores institucionales respectivos. Art. N° 78: La Subsecretaría deberá presentar los documentos que la Contraloría General de la República requiera, conjuntamente con las respectivas rendiciones, para que pueda ejercer su labor fiscalizadora. Contraloría del Ejército ha reportado siempre buenas situaciones y ha señalado que disponen de controles bien preparados y reforzados. En cuanto a gestión de riesgo, el Ejército ha informado que a partir de 2015 inició su implementación, lo cual durará hasta fines de 2018. Observó que el Ejército aduce que sus matrices tienen temas estratégicos y que no pueden ser dadas a conocer al CAIGG. Acciones para mejorar el control interno Advirtió, sin embargo, que a finales de 2014 el auditor ministerial detectó la existencia de un grupo de facturas que no aparecían en la página web del Servicio de Impuestos Internos (SII), ante lo cual se comenzó a trabajar de manera conjunta con el fin de detectar las debilidades de control interno que habían posibilitado esa situación. Recordó que, según la teoría, el fraude es un triángulo pues tiene tres vértices: motivación, que puede ser codicia o necesidades; racionalización y oportunidad, pues mientras más controles débiles existan, mayor es la oportunidad de fraude. Ante el problema detectado, relató que se trabajó con dos visiones: • Monitorear el cumplimiento de las acciones definidas por el Ministerio de Defensa para mejorar y fortalecer el control interno. Se materializó a través de diversas coordinaciones con la Auditoría Ministerial, haciendo seguimiento al mejoramiento del control del registro de los proveedores del sector Defensa y modificándose el reglamento (actualmente en la Contraloría General de la República), para eliminar a los malos proveedores. Además, informó, se ha trabajado para fortalecer los procesos de compras públicas y adquisiciones, creando controles por oposición, es decir, que quien compre no sea el mismo funcionario que está solicitando o que hace la revisión. También, a finales de 2015, se trabajó en auditorías de compra en las tres ramas de las Fuerzas Armadas y, de hecho, el Ministerio de Defensa Nacional tiene un plan comprometido para cada rama específica. • Acciones tendientes a prevenir la repetición de los hechos acaecidos. Relevó que, en el estrecho espacio que se puede abordar la Ley Reservada del Cobre, que solo autoriza fiscalizaciones internas de la Subsecretaría para las FFAA y externa de la CGR, existen solo dos orientaciones claras, considerando el mejoramiento de la gestión en todas las acciones. En aspectos de Declaración de patrimonio e intereses, considerada como buena práctica en el Instructivo Presidencial N° 002/15, recalcó que en el Ejército existe una dimensión cultural asociada a la seguridad, que causa que esos temas se manejen con mucha reserva, en especial porque los miembros de las Fuerzas Armadas están protegidas de ciertos datos asociados a la publicidad. Por otra parte, en el tema de las compras públicas, se capacitó y documentó los procesos, de manera que las compras normales pudieran ser auditadas de forma regular, dado que no todas las compras de las Fuerzas Armadas son secretas. Otro tema de este ámbito, trabajado de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda, es la revisión de la austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos presupuestarios, como la ejecución presupuestaria. Para ello se hace un reporte trimestral al Ministerio de Hacienda sobre nueve ítems específicos, tales como honorarios, licitaciones, horas extras y automóviles. Otro aspecto que calificó de importante es que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha definido la obligación en el sector público de implementar un sistema de prevención de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delito funcionario. Relató que esta tarea se ha ido definiendo por hitos, que el Ejército ha cumplido disponiendo de un funcionario encargado y capacitado en la materia. Asimismo, indicó que desde hace años se viene implementando la gestión de riesgo para priorizar las auditorías, aspecto en que el Ejército ha reconocido cierta lentitud en su mirada institucional, aunque continúa trabajando y ha identificado sus procesos críticos, labor que tiene programado concluir en 2018. Respecto de la matriz de riesgo y el tiempo que se ha tomado el Ejército en definirla, la metodología del Consejo tiene una lógica progresiva, o sea, empezar un primer año con un porcentaje de procesos críticos levantados; un segundo año con otro porcentaje, de forma de ir tomando distintos procesos. Manifestó desconocer el plan del Ejército para hacer el levantamiento. Asimismo, la institución informó que está identificando sus procesos, pero el CAIGG ignora si lo está haciendo de manera progresiva. Por lo mismo, opinó, 3 años no es un plazo tan largo para levantar todos los procesos, pero sí debería haber productos intermedios. Agregó que el CAIGG capacita a la red de auditores y a los encargados de riesgo, llegando anualmente a mil funcionarios. En particular, del ámbito de Defensa asisten representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, la subsecretaría, la Dirección General de Movilización Nacional, la DGAC, la Anepe, etcétera. En lo relativo a sistemas de control interno, refirió que el Consejo tiene documentado el proceso de auditoría interna sobre la base de normas nacionales e internacionales de auditoría, áreas en que también se ha capacitado al personal. Puntualizó que el Ejército tiene un plan anual de trabajo y la Contraloría de la institución se ha reorganizado para ello, a pesar de que, advirtió, su estructura no resulta técnicamente adecuada pues mezcla control interno con auditoría interna. Argumentó que, como entidad auditora interna, debería auditar los estándares que dan los encargados de la gestión, porque no es posible auditar en forma objetiva lo que el propio contralor ha dictaminado. Sin embargo, observó, por disposición de su ley orgánica, las contralorías de las Fuerzas Armadas e incluso de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tienen esa doble función. Respecto de la revisión de boletas, indicó que dentro de la documentación técnica del CAIGG referida a programas marco de auditoría, uno de los procedimientos apunta a verificar que la empresa exista y que tenga boletas registradas. No es una instrucción global, sino que está dentro de los programas marco, como por ejemplo, compras públicas. Recalcó que para un auditor, verificar que existe la empresa con sus correspondientes boletas es un procedimiento normal de auditoría. Acciones para fortalecer las unidades de auditoría del sector público Detalló que el CAIGG, en cumplimiento de su mandato, ha desarrollado varias acciones para fortalecer las unidades de auditoría interna de la red de auditores gubernamentales. Esas acciones consideran la sistematización y documentación del proceso de auditoría interna en base a normas nacionales e internacionales; la definición de un modelo de auditoría integral para la Administración del Estado, que es la base sobre la cual trabajan todos los auditores de la red; y la implementación y mantención de procesos de gestión de los riesgos en todas las entidades del Estado, con la finalidad que puedan identificar y manejar aquellos riesgos que pueden afectar cómo cumplen sus objetivos. Además, se ha estado verificando materias asociadas con la probidad y transparencia en la Administración, a través de la declaración de intereses y de patrimonio, la eficiencia y austeridad en el gasto y las compras. En materia de prevención de delitos, se ha estado colaborando directamente con la UAF. Precisó que en 2015 el Ministerio de Hacienda emitió el Oficio Circular N° 20, disponiendo que, como resultado de la modificación de la ley de la UAF, todas las entidades del Estado deberán contar con un sistema de prevención de delitos. Asimismo, le asigna al Consejo de Auditoría y a la red de auditores el rol de verificar la implementación del sistema, el que se está construyendo por hitos, ya que es un modelo que existía en el mundo privado, pero en el sector público constituye un shock advertir que pudiera haber lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Puntualizó que el primer hito fue la designación del encargado del sistema y su inscripción en la UAF, el segundo fue la capacitación de los encargados, y el tercero está a la espera de definición. En cada hito, el CAIGG emitió instrumentos de recolección, dado que son más de cuatrocientas entidades y la información debe consolidarse. Opinó que las entidades ya han aceptado que estos sistemas pueden aplicarse al Estado. Acotó que, salvo las tres ramas de las Fuerzas Armadas, las unidades de auditoría de Defensa son pequeñas. En la Anepe y en la DGMN son dos personas. Agregó que también se ha avanzado en fortalecer al interior del Ministerio de Defensa el control interno, no solamente para la Ley Reservada del Cobre, sino también para todas sus operaciones, y se han generado diferentes instancias para revisar materias comunes, crear competencias, trabajar en comités ministeriales, etcétera. Reconoció, finalmente, que es muy difícil penetrar la cultura castrense porque sus funcionarios tienen una formación que es distinta a la de los civiles, para quienes el tema de protección al denunciante ni siquiera es discutible. En el caso militar es complejo y esta es una más de las aristas con la que el CAIGG se ha topado para participar con ellos, pues quienes denuncian arriesgan su fuente de trabajo. 36.- Oscar Landerretche Moreno, presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco-Chile); y Gonzalo Zamorano, gerente de contraloría de dicha corporación. Ley N° 13.196. Antecedentes generales. El señor Landerretche manifestó que la ley N° 13.196 establece que el retorno en moneda extranjera de las ventas de cobre y subproductos de Codelco en el exterior estará gravado con un 10%, con un piso de rendimiento mínimo que ha cobrado relevancia en el último tiempo debido a que no han habido buenos resultados como consecuencia del bajo precio del cobre. Detalló que ese piso, reajustable según la inflación, estará en 2016 cerca de los US$ 320 millones. Advirtió que, dado que este año los excedentes comprometidos de Codelco serán del orden de US$300 millones, ese piso superará los excedentes comprometidos. El año pasado, de más de US$1.000 millones que Codelco entregó al Fisco, cerca de US$900 millones se entregaron por esa vía. Relató que los fondos en dólares son depositados en el Banco Central, entidad que los traspasa luego a la Tesorería General de la República. Reveló que existe un mecanismo consistente en que cada vez que Codelco vende una determinada cantidad de cobre, recibe un pagaré que establece la cantidad a pagar y que debe entregarse al Banco Central, entidad que lo liquida y deposita el 90% del monto en dólares. El otro 10% se maneja de acuerdo a la ley N° 13.196, que establece que los dineros deben ser usados en adquisiciones o inversiones en material bélico. El señor Zamorano explicó en este punto que, en la práctica, por cada venta que Codelco realiza al exterior por ventas de cobre y subproductos del cobre, el Banco Central retiene el 10% de los ingresos por venta. Pero ese porcentaje ha ido mutando a lo largo del tiempo, debido a diversas interpretaciones que se han hecho tras las revisiones de la Contraloría General de la República y Cochilco. Así, de esa venta deben hoy deducirse ciertos gastos necesarios para producir esa venta, dado que se realizan bajo una condición CIF y las retenciones se hacen por FOB. Desde 2007 se empezó también a rebajar las coberturas de precios de mercados futuros. De esa manera, hay ciertos conceptos de gastos que hacen que el rendimiento no sea específicamente de 10% asociado a una factura de venta, sino que es en torno a 6% u 8%. Ley N° 13.196: aportes de Codelco al Fisco entre 1976 – 2016* (Millones de US$) Moneda de cada año Moneda de 2015 1976 103 320 1977 102 298 1978 108 294 1979 149 360 1980 184 391 1981 144 279 1982 137 261 1983 149 281 1984 128 234 1985 135 249 1986 142 269 1987 154 286 1988 252 449 1989 332 564 1990 297 486 1991 225 368 1992 231 375 1993 194 311 1994 220 349 1995 341 520 1996 266 397 1997 282 420 1998 215 328 1999 231 350 2000 296 425 2001 257 364 2002 223 323 2003 253 349 2004 556 722 2005 782 946 2006 1.226 1.418 2007 1.325 1.462 2008 1.375 1.381 2009 912 1.004 2010 1.271 1.310 2011 1.576 1.493 2012 1.264 1.190 2013 1.198 1.121 2014 989 917 2015 867 867 2016 1erT 295 308 APORTE PROMEDIO ANUAL 1976-2015 593 *Año 2016 acumulado al primer trimestre. Landerretche continuó exhibiendo los montos de los aportes de Codelco desde que se dispone registro. La primera columna muestra las cantidades en moneda del año respectivo, en millones de dólares, y la segunda en su equivalencia al año 2015. Observó que en el periodo del boom de los precios del cobre, los aportes fueron muy significativos, superando los US$ 1.000 millones. Aportes ley 13.196: total y montos por década. Moneda de 2015 1976-1985 2.966 1986-1995 3.976 1996-2005 4.625 2006-2015 12.164 1976-2016 1erT 24.039 Puntualizó que si se suman los traspasos efectuados por Codelco entre 1976 y el primer trimestre de este año, en moneda de 2015, el aporte total de la Ley Reservada del Cobre ha sido del orden de US$24.000 millones, aproximadamente, aporte concentrado especialmente en la década del boom del cobre. Aportes ley N° 13.196 y total de aportes de Codelco. Presentó un gráfico donde la línea amarilla representa el total de aportes de Codelco al fisco y la línea roja la parte que representan los aportes vía Ley N° 13.196. En este caso, destacó nuevamente el peak de aportes de Codelco al fisco durante los años del boom de los precios exorbitantes. Reiteró que en el periodo 1976-2016 1erT, el total de Aportes al Fisco por Ley N° 13.196 fue de US$ 24 mil millones, en moneda 2015, monto que representa el 24% de los Aportes de Codelco al Fisco en el mismo periodo. Resaltó que, a partir del año 2010, la participación del Aporte por Ley N° 13.196 ha sido creciente, promediando un 49%, con un peak de 95% este primer semestre de 2016 (máximo histórico). Explicó que, debido a que la regla de la Ley N° 13.196 grava los ingresos de Codelco sobre las ventas y no sobre las utilidades, es natural que en los períodos en que hay baja de los precios y, por lo tanto, están más acotadas las utilidades de la Corporación, se acercan los aportes vía Ley N° 13.196 y el total de aportes de Codelco, como ocurre actualmente, pero también en el período 1998-2003. Detalló que en los registros de Codelco, el pago por ese concepto se presenta en el Estado de Flujos de Efectivo bajo el ítem de Otros Pagos por Actividades de Operación, pues se trata de una situación que no tiene mucha relación con esa Corporación. Refirió que, según la ley, la entregas de fondos “se harán en forma reservada, se mantendrán en cuentas secretas, se contabilizarán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o en operaciones a crédito, pago de cuotas a contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación” (Artículo 2, Ley 13.196 de 29/10/1976). Asimismo, para girar fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, se debe levantar una petición a los Ministros de Defensa y Hacienda, quienes firman un Decreto Reservado, exento de toma de razón, disponiendo que los recursos aprobados financiarán armamento o infraestructura (Fuente: Que Pasa 13/05/2016). Es también posible solicitar anticipos con cargo a recursos futuros (Artículo 2, Ley 13.196 de 29/10/1976). La fiscalización y el control de estos traspasos están completamente a cargo de la Tesorería General de la República. Relató que la Ley del Cobre ha tenido modificaciones. Así, en 1985, se pasó de las ventas del cobre al total de las ventas en el exterior de Codelco, lo que significó que si Codelco decidiera vender otros productos, también estarían gravados, como ocurre en el caso de los subproductos. Enfatizó que si Codelco vendiera otro mineral, también estaría gravado. Además, en esa modificación se amplió el piso de rendimiento de la Ley desde US$ 90 millones nominales a US$180 millones, reajustables de acuerdo al IPM de Estados Unidos, medida propia de inflación de Estados Unidos, que actualizó a US$ 320 millones en 2016. Remarcó que hubo otras modificaciones que también fueron relevantes. Ejemplificó que cuando se eliminó el Consudena en 2011, la administración de los recursos se traspasó al Ministerio de Hacienda, generándose la creación del Fondo de Contingencia Estratégica (FCE), que coincidió con el boom del precio del cobre, por lo que opinó que esa creación era un resultado endógeno de que hubiera mucho más dinero de lo que se podía gastar, por lo que era necesario guardarlo. Sostuvo que el Fondo de Contingencia Estratégica es simplemente un copy paste del Fondo de Estabilización Económica y Social, y el Ministerio de Hacienda, tal como lo hace con sus otros fondos de estabilización, define directrices de inversión al Banco Central, que actúa como agente fiscal en la gestión de la cartera de inversiones. Uso de los fondos. Refirió que los fondos de la Ley Reservada se ingresan a cuatro cuentas, una por cada institución castrense y otra de excedentes, que son montos por sobre el piso antes mencionado. De acuerdo con la ley, los fondos deben ser manejados con los mismos criterios del Fondo de Estabilización Económica y Social. Manifestó que Codelco no tiene acceso al detalle de cómo se invierten, pero para el caso del Fondo de Estabilización Económica y Social se establece que deben estar invertidos totalmente fuera de Chile, 74% en letras del Tesoro y bonos soberanos, 15% en instrumentos bancarios, 3,5% en bonos indexados a inflación y 7,5% en acciones. Agregó que en los últimos reportes de desempeño del fondo se menciona que “a partir del 17 junio de 2015 puede incluir emisiones de Entidades Supranacionales, Agencias y Entidades con Garantía Estatal Explícita con madurez remanente mayor a un año”. Observó, sin embargo, que no está disponible el detalle de ese cambio. Reiteró que no existe información pública de los montos acumulados, de los gastos específicos realizados por las Fuerzas Armadas ni de la forma de invertirlos. Citó, empero, investigaciones periodísticas5 que estiman entre US$4.000 y US$5.000 millones depositados en el Fondo de Contingencia Estratégica. 5 El Mercurio de Valparaíso (enero 2011): En Enero de 2011, el Ministerio de Hacienda anuncia que administrará los excedentes disponibles de la Ley Reservada del Cobre, que alcanzarían a US$ 3.000 millones a dicha fecha. Minería Chilena (mayo 2014): A Mayo de 2014, los excedentes alcanzarían a US$ 5.254 millones (no incluye rentabilidad). El Mostrador (diciembre 2015): Citando a Jorge Burgos (programa “Alerta Temprana” noviembre 2015), “hay entre US$ 3.000 y 3.500 millones en ese fondo”. Qué Pasa (mayo 2016): Entre 2000 y 2015, Codelco aportó US$ 14.400 millones (moneda real). De este monto, el Gobierno redestinó US$ 1.700 millones a reconstrucción (vía Proyectos de Ley Específicos). Las Fuerzas Armadas gastan US$ 350 millones anuales en compras y mantención de material bélico, y los excedentes quedan en el fondo que administra el Banco Central. Se estima que ese fondo alcanza a US$ 5.000 millones, y que anualmente aumentaría en US$ 500-600 millones para totalizar US$ 8.000 millones en 2020 Asumiendo que el Fondo de Contingencia Estratégica se invierte en iguales condiciones que el Fondo de Estabilización Económica y Social, estimó que la composición sería: Posteriormente, presentó una lámina con la rentabilidad del Fondo de Estabilización Económica y Social del Ministerio de Hacienda. Rentabilidad nominal en dólares Fondo de Estabilización Económica y Social Año Período Acumulad o 2007 11,6% 11,6% 2008 7,7% 9,8% 2009 2,5% 6,9% 2010 1,8% 5,5% 2011 3,4% 5,1% 2012 1,0% 4,4% 2013 -1,3% 3,5% 2014 -1,7% 2,8% 2015 -1,8% 2,3% Fuentes: Informes Trimestrales del Fondo De Estabilización Económica y Social, Ministerio de Hacienda. De las cifras expuestas observó que a medida que se ha deteriorado la situación de los mercados de capitales internacionales durante los últimos años, la rentabilidad del Fondo ha pasado a ser negativa. Acotó que ello es muy natural en inversiones que se mantienen en instrumentos líquidos, que es uno de sus objetivos; pero ello tiene un costo. Aseguró que la rentabilidad negativa que ha tenido de 2013 en adelante, dice relación con el costo de mantener esa liquidez. Rentabilidad acumulada Fondo de Estabilización Económica y Social Presentó también un gráfico con la rentabilidad acumulada del Fondo, estimando que si la inversión fuera por 10 años, aquella sería de alrededor de 2%, resultado que cuestionó por no ser una buena rentabilidad para ese periodo de años. Con esos resultados, proyectó que la rentabilidad del Fondo de Contingencia Estratégica debería ser muy similar. Efectos de la ley N° 13.196 en Codelco. Aseveró que la temática de los aportes al Fondo de Contingencia Estratégica vía Ley Reservada del Cobre se relaciona directamente con el problema de capitalización de Codelco. Para demostrar esa afirmación exhibió una tabla que muestra con la capitalización histórica de Codelco, donde hizo notar la cantidad de ceros, equivalentes a una ausencia de capitalización. Aportes de capital, capitalizaciones y retención de utilidades* APORTES DE CAPITAL CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS TOTAL TOTAL, moneda de 2015 Subtotal Ventas de Activos Relevantes Otros 1976 1.342 0 0 0 0 1.342 4.183 1977 0 36 0 36 0 36 105 1978 0 8 0 8 0 8 22 1979 0 18 0 18 0 18 43 1980 0 0 0 0 0 0 0 1981 0 0 0 0 0 0 0 1982 0 0 0 0 0 0 0 1983 0 0 0 0 0 0 0 1984 0 22 0 22 0 22 41 1985 52 14 0 14 0 66 122 1986 15 12 0 12 0 27 51 1987 35 0 0 0 0 35 65 1988 34 0 0 0 0 34 61 1989 36 0 0 0 0 36 62 1990 10 0 0 0 0 10 16 1991 0 0 0 0 0 0 0 1992 0 0 0 0 0 0 0 1993 0 0 0 0 0 0 0 1994 0 0 0 0 0 0 0 1995 0 174 174 0 0 174 266 1996 0 0 0 0 0 0 0 1997 0 285 179 106 0 285 426 1998 0 7 0 7 0 7 10 1999 0 20 0 20 0 20 30 2000 0 21 0 21 0 21 30 2001 0 11 0 11 0 11 15 2002 0 26 0 26 0 26 37 2003 0 16 0 16 0 16 23 2004 0 9 0 9 0 9 12 2005 0 9 0 9 0 9 11 2006 0 9 0 9 0 9 11 2007 0 321 0 321 400 721 795 2008 0 105 91 14 100 205 206 2009 1.000 9 0 9 0 1.009 1.111 2010 0 7 0 7 0 7 7 2011 0 378 0 378 0 378 358 2012 0 1.273 473 800 0 1.273 1.199 2013 0 0 0 0 0 0 0 2014 209 0 0 0 0 209 194 2015 600 0 0 0 0 600 600 SUMA 1976-2012 10.112 * El año 2013 no incluye capitalización de US$ 2.000 millones provenientes de las utilidades retenidas de la operación de Anglo American Sur. Recalcó que cualquier persona que haya estado cerca de una empresa de cualquier tipo, pero no pública, sabrá que para tener rentabilidad hay que invertir. Por ello calificó de curioso encontrar un esquema de capitalización lleno de ceros, pues significa que se trata de una empresa que se espera pueda operar y ser rentable, sin capitalización. Describió que si se considerara para los últimos 10 años la utilidad neta comparable, con el mismo marco impositivo que para la empresa privada, la retención de las principales empresas de la gran minería sería de 38,5% de la utilidad neta, pero en el caso de Codelco sería de 9,6%, cifra que consideró muy baja. Acotó que las únicas empresas que están por debajo son las que han tenido dificultades muy serias con su manejo financiero. RETENCIÓN Y REPARTO DE UTILIDADES Promedio 2005-2015 Nota: (1) Calculado usando el período 2005 a 2015 (estimado). El año 2013 no incluye capitalización de US$ 2.000 millones provenientes de las utilidades retenidas de la operación de Anglo American Sur. *: Entre 2005 y 2011 corresponde a Xstrata, y a partir de 2012 a Glencore. Sostuvo que la razón por la cual los mercados de capitales toleran esa debilidad respecto de los bonos que emite Codelco, es porque se entiende que hay una garantía implícita del Estado detrás de esta falta de capitalización. RETENCIÓN DE UTILIDADES Y DEUDA DE CODELCO Millones de US$, moneda 2015 Deuda Codelco* 2004 Capitalizaciones y Retención de Utilidades 2005-2015 Deuda Codelco* 2015 Cifra Efectiva: 9,6% Mitad Retención Otras Empresas Industria: 20% Retención Otras Empresas Industria: 39% Retención 38% 3.772 4.493 13.083 3.772 9.133 8.443 3.772 18.265 -689 3.772 17.576 0 * Deuda financiera neta. ** Glencore, Anglo American, Freeport McMoRan, Vale, BHP Billiton, Antofagasta, Rio Tinto, KGHM, Southern Copper. Nota: El año 2013 no incluye capitalización de US$ 2.000 millones provenientes de las utilidades retenidas de la operación de Anglo American Sur. Presentó una tabla en que la primera columna registraba la deuda de Codelco de 2004, al principio del boom del cobre, año en que era de US$ 3.700 millones. Hoy, en cambio, la deuda de Codelco es del orden de US$13 mil millones. Recalcó entonces que durante los diez años del boom del cobre, la deuda de Codelco aumentó en US$10 mil millones, realidad ante la cual consideró una obligación preguntarse cómo era posible que eso ocurriera. Por otra parte, la cifra efectiva de capitalización de Codelco durante los años 2005-2015 fue de US$ 4.493 millones. Proyectó que si se simulara una capitalización con el mismo porcentaje de la industria (39%), Codelco habría recibido US$18.200 millones, monto con el cual, no solamente tendría deuda cero, sino que también contaría con excedentes por US$ 600 millones, para utilizar en otros usos. Asimismo, si la capitalización hubiera sido la mitad de lo que recibe la empresa privada, es decir 20%, la deuda llegaría a US$ 8.400 millones, que calificó como completamente manejable para Codelco. Y para tener deuda cero, habría bastado con una retención de 38%. Pero lamentó que, contrariamente, la descapitalización de Codelco llevara décadas, y sea transversal a todos los partidos políticos. Aseguró que desde Codelco se han extraído demasiados recursos, incluso más de los que se debía haber sacado. Normas de inversión del Fondo. Manteniendo el supuesto de que el Fondo de Contingencia Estratégica tiene las mismas normas que el Fondo de Estabilización Económico y Social, advirtió que entonces existe una prohibición legal de invertir en Codelco, dado que se debe depositar el 100% de sus recursos en el exterior. Reconoció que existe una lógica técnica y prudencial en este impedimento, pues en un estado de normalidad es una buena idea que los fondos de estabilización estén diversificados en contra del cobre. Agregó que si los ingresos fiscales están dominados por el ciclo del cobre, el objetivo es disponer de un fondo que se mueva de otra manera, al revés, lo que aconseja diversificar los recursos disponibles. Sin embargo, cuestionó, todo esquema de seguro puede ser diseñado mal o bien; puede ser caro o barato y, en particular, puede ser demasiado o poco. Opinó que también se puede exagerar en la diversificación, y en este caso el objetivo único no es diversificar, sino también rentabilizar. Argumentó que se está colocando a la compañía que es la fuente de financiamiento fiscal, entre otras de la Ley Reservada del Cobre, en una posición en que podría no ser capaz de seguir aportando, realidad que definió como grave. Para invertir en Codelco, y dada su descapitalización, estimó que la empresa debería recurrir a los mercados de capitales, emitiendo bonos con una tasa del 4% anual. Así, el país se endeudaría en 4%, mientras deposita y renta 1% en su Fondo de Contingencia Estratégica, realidad que evaluó como un mal negocio como país, y un peor negocio cuando se está enfrentando problemas de liquidez y los mercados internacionales están en dificultades. Incluso sin la derogación de la Ley del Cobre, el solo hecho de permitir que esos fondos se invirtieran en Codelco, garantizaría una tasa del 2%. Retorno sobre patrimonio (ROE) de CODELCO % Presentó luego la rentabilidad de Codelco sobre su patrimonio, manifestando que las cifras resultan impresionantemente altas, lo que evidencia que Codelco es un muy buen negocio en términos brutos. Así, la utilidad que genera Codelco, dividido por su patrimonio genera excedentes, que son traspasados completamente al Estado, ya sea como impuestos o por dividendos. Estimó que si se tratara a Codelco como una empresa privada, el retorno tendría tasas altísimas, de 8% de ROE, 11% de ROE; incluso, en los años del boom hubo 200% de ROE. En cambio, la empresa privada debe estar en torno al 8%, 6% o 5%. Afirmó que debatir esa posibilidad, que no requiere derogar la Ley del Cobre sino simplemente flexibilizar sus mecanismos de inversión, permitiría aprovechar esta oportunidad de inversión y que en los momentos más críticos Codelco no recurriera a los mercados de capitales, compitiendo por recursos con el Ministerio de Hacienda. TASA INTERNA DE RETORNO DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURALES DE CODELCO TIR (CONSIDERANDO TOTAL INVERSIÓN PREPRODUCCIÓN) TIR (SIN CONSIDERAR INVERSONES YA REALIZADAS) Chuquicamata Subterránea 14% 18% Nuevo Nivel Mina 10% 13% Traspaso 16% 25% Nota: No se consideran Impuestos ni Costos de Overhead. Cifras en moneda de Orientaciones Comerciales 2016, emitidas en Diciembre de 2015. TIR deben ser evaluadas de manera individual por tratarse de proyectos con diferente nivel de inversión y vida útil. Presentó las tasas internas de retorno de los tres proyectos estructurales emblemáticos de Codelco: Chuquicamata subterránea, Nuevo Nivel Mina y Traspaso, las que consideró elevadísimas. Advirtió que la descapitalización de Codelco, en un escenario de precios empeorados, puede llevar a no efectuar traspasos por falta de liquidez, mientras el país mantiene depósitos en un fondo que genera pérdidas, lo que desde el punto de vista negocio, no tiene sentido. Señaló que si se hubiera derogado la Ley del Cobre, en cifras de 2015 significaría que, después de impuestos, las utilidades de Codelco habrían sido 330.000.000 millones. Agregó que si solo los ingresos de venta del cobre y sus productos ingresaran a Codelco, antes de ser depositados en el Banco Central, ello se traduciría una ganancia de US$ 35.000.000 en un año. Asimismo, estimó que si se permitiera que el Fondo de Contingencia Estratégica se invirtiera en Codelco, con unos US$ 5.000 millones, las ganancias llegarían a US$ 85.000.000 al año. Manifestó que el punto crítico de financiamiento de Codelco, en tanto deberá invertir para producir pero estará descapitalizado, ocurrirá entre 2016 y 2021. Observó que una alternativa de financiamiento sería una forma de deuda subordinada, que significa que sería la última en pagarse y que mantiene el fondo con recursos disponibles para las Fuerzas Armadas. Reconoció que aunque es un recurso menos líquido, ese sería el costo de la alternativa. Afirmó que ni el directorio de Codelco ni la compañía tienen una postura oficial sobre la Ley Reservada del Cobre, ni sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en su carácter de economista y profesor de la Universidad de Chile, opinó que debiera derogarse esa Ley y establecer un mecanismo de financiamiento permanente, pues consideró razonable calificar los gastos militares como estratégicos y que deban ser gestionados con un horizonte de planificación mayor. El problema es que requiere algún tipo de modificación en la institucionalidad fiscal chilena, que permita la figura de presupuestos multianuales que, a pesar de ser contencioso entre distintos técnicos, es lo que se usa en todas partes del mundo.