LOS OBISPOS RESPONSABLES DEL EXTENSO PRONTUARIO DE ENCUBRIMIENTO
abusos sexuales del ex obispo de Iquique
En 2012 el obispo de Iquique fue acusado de abuso sexual a dos menores. Marco Antonio Órdenes se refugió en Perú y su rastro se perdió. CIPER confirmó que está en Santiago y que fue autorizado a oficiar misa. Su causa terminó, pero un grupo de obispos operó para aplazar la difusión del fallo y evitar un escándalo antes de la visita del Papa. Esta es la última página del largo expediente de ocultamiento y protección con que la jerarquía ha manejado el problema que más ha dañado su poder e influencia. Al menos 11 obispos se han visto involucrados como agresores o encubridores. Esta es la historia. Gabriela Pizarro y Pedro Ramírez 10.01.2018
En la web oficial de la Iglesia Católica chilena (iglesia.cl) el nombre de Marco Antonio Órdenes Fernández figura en la nómina de los “obispos eméritos”. Ahí comparte espacio con prelados de extenso trabajo pastoral, como Sergio Contreras, Tomás González, Bernardino Piñera, Manuel Camilo Vial y Juan Luis Ysern. Pero Órdenes no está en esa lista por haberse acogido al descanso tras la jubilación. Está allí porque fue acusado ante el Vaticano de abusos sexuales contra menores en abril de 2012, hace casi seis años, y se vio obligado a abandonar abruptamente la diócesis de Iquique, que tenía a su cargo. Órdenes ya había sido acusado en 2009 por el mismo joven denunciante, pero ante la justicia civil. Y a pesar de la indagación de la Fiscalía, la Iglesia lo mantuvo en el cargo hasta que el escándalo explotó en Roma.
Desde entonces Órdenes está virtualmente “desaparecido”. La iglesia no entrega datos sobre su paradero ni sobre el estado en que se encuentra la investigación canónica que se le sigue. La única información oficial que la Conferencia Episcopal ha publicado sobre él en todo este tiempo es su foto y su nombre en la nómina de los obispos eméritos. Una publicación que le recuerda a los fieles que –a pesar de que en su momento admitió que mantuvo conductas impropias con menores y que circula una grabación donde dice que actuó por “calentura”– todavía ostenta el primer grado de la jerarquía eclesial y debe ser tratado con la dignidad de “monseñor”.
Aunque hay al menos 11 obispos que se han visto envueltos en denuncias de abusos –como posibles agresores o encubridores–, el caso de Marco Antonio Órdenes es emblemático. Lo es por el rotundo testimonio que lo inculpa (un ex acólito que asegura que se enamoró de él siendo quinceañero y que se desilusionó cuando supo que había mantenido una relación con otro menor). Lo es por la crudeza de las propias palabras del obispo en la grabación subrepticia que le hizo la víctima. Lo es porque el fiscal que lo investigó declaró que no había duda sobre la veracidad de la denuncia, pero, por las fechas en que ocurrieron los hechos, debió entregar los antecedentes a la justicia antigua. Y lo es, finalmente, porque ocurrió lo que muchos profetizaron: en los estrados de la vieja justicia penal y en el tribunal eclesial la causa se diluyó hasta conseguir que su recuerdo se evaporara en la memoria de la opinión pública.
La falta de transparencia en el caso de Marco Antonio Órdenes escaló aún más. En el tribunal eclesial el caso está, en los hechos, cerrado. Nada queda pendiente. Pero, los obispos decidieron postergar el anuncio del fallo hasta después de la visita del Papa Bergoglio.
Personas que conocen con precisión lo que se discute en la Conferencia Episcopal –en su asamblea plenaria, en su comité permanente y también en sus pasillos–, confirmaron a CIPER que Órdenes está en Santiago y que oficia periódicamente la eucaristía dominical en el Monasterio de las Hermanas de Belén, en Casablanca, con autorización del obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte. Las mismas fuentes indican que los obispos, en una decisión extraoficial, decidieron postergar el anuncio del dictamen hasta después de la visita de Francisco, aunque un sector de los prelados se opuso a la dilación.
El comunicado que anuncia el resultado de la larga investigación ya estaría hecho. Por los detalles que hasta ahora se conocen, todo hace pensar que, a pesar del tenor de las pruebas en su contra y por la continuidad que se le ha dado al ejercicio de su ministerio sacerdotal, es altamente probable que el dictamen –que debe ser sancionado por el Vaticano- sea exculpatorio para Órdenes o con una sanción menor.
En la antesala de la llegada del Papa Francisco, el ocultamiento del fallo para Marco Antonio Órdenes puede ser una chispa que encienda la pradera en el tema que más daño ha provocado en la imagen e influencia de la Iglesia Católica: la opacidad con que ha tratado los abusos sexuales cometidos por clérigos.
Históricamente, la Iglesia toleró estas agresiones y sólo trasladó de parroquia a los denunciados, exponiendo a nuevas víctimas, encubriendo sus agresiones. La recurrencia de los abusos sexuales al interior de la Iglesia solo se hizo visible con la judicialización de los casos, tras la denuncia contra el sacerdote José Andrés Aguirre Ovalle, el cura “Tato” (condenado en 2002). Desde entonces el clero se ha dividido en dos: los que están por la transparencia total y aquellos que abogan por la opacidad para proteger a la institución.
La puja entre ambos bandos quedó en evidencia cuando el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, al asumir la presidencia de la Conferencia Episcopal (CECh) dispuso que se retirara de la web oficial de la iglesia la nómina con los nombres de los clérigos que han sido sentenciados por abusos de menores (tanto en la justicia penal como en la eclesiástica).
En su momento, la publicación y actualización de esa nómina había sido la bandera más alta conquistada por quienes impulsan la política de “tolerancia cero y transparencia cien”. Ezzati la cambió por una lista sin nombres, solo con el número de sentenciados. Hoy ni siquiera esa nómina se publica y sólo se accede a esos antecedentes pidiéndolos directamente a la CECh.
Ezzati está entre los 11 obispos que se han visto envueltos en denuncias de abusos. Se le acusa de haber protegido al religioso salesiano Rimsky Rojas cuando el ahora arzobispo era el superior de esa congregación y solo lo trasladó a Punta Arenas. También operó para que una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, no pudiese dar testimonio en una actividad de la Iglesia Católica en Roma y para que no fuese nominado en una comisión creada por el Papa Francisco para atender a menores. Así quedó expuesto en una serie de correos publicados por El Mostrador en los que Ezzati coordinó una estrategia con el cardenal Francisco Javier Errázuriz –apuntado como encubridor del sacerdote Karadima– para bloquear a Cruz en el Vaticano.
Además de Órdenes, Ezzati y Errázuriz, los obispos involucrados en casos de abusos son Gonzalo Duarte (Valparaíso); Juan Barros (Osorno); Santiago Silva (obispo castrense y presidente de la CECh); Cristián Contreras Molina (San Felipe); Horacio Valenzuela (Talca); Andrés Arteaga (obispo auxiliar de Santiago); Tomislav Koljatic (Linares); Bernardo Bastres (Punta Arenas), Jorge Medina (obispo emérito de Valparaíso) y Francisco José Cox (arzobispo emérito de La Serena).
“CARIÑO” Y “CALENTURA” EN IQUIQUE El obispo emérito de Ancud, Juan Luis Ysern, es desde 2012 el abogado defensor del obispo Marco Antonio Órdenes en el proceso canónico. Ysern confirmó a CIPER que Órdenes se encuentra actualmente en Santiago, que oficia misas en un ambiente privado (aunque no aclaró dónde) y que trabaja como jefe de personal en una empresa (pero dijo no tener más detalles sobre el nombre o el rubro de esta). Como abogado defensor, Ysern aseguró que está convencido de la “absoluta inocencia” del obispo Órdenes, aunque aclaró que le ha dicho que debe prepararse para cualquier veredicto.
Los hechos por los que se acusa a Órdenes ocurrieron en 1997. La víctima, Rodrigo Pino Jelcic, tenía 15 años, era acólito y deseaba ser sacerdote. Las declaraciones del joven sobre su relación con Órdenes causaron impacto:
–Empezó primero con tocaciones, con besos, caricias, más allá de una amistad (…). En un principio los abusos fueron obligados, pero después no lo fueron, porque me enamoré de él –relató Pino a La Segunda en 2012, poco después de que llevó su denuncia a la nunciatura, obligando a Órdenes a abandonar apresuradamente su cargo y refugiarse en Perú. Allí se perdió su rastro. Hasta ahora. Solo se sabía que en 2015 había recibido autorización de Roma para volver a Chile al funeral de su madre.
Rodrigo Pino ha declarado que en 2008 conoció a un joven de 18 años que también fue abusado por Órdenes. Por este motivo al año siguiente hizo la denuncia de manera anónima a la justicia ordinaria. La investigación no prosperó, pero se reactivó en 2012, cuando entregó los antecedentes a la Nunciatura Apostólica.
Tras hacerse público el caso y luego de estar un tiempo ausente, Órdenes comunicó su renuncia. “Estoy crucificado, golpeado y silenciado en la cruz. Espero, en la fe, estar mañana resucitando en un tiempo nuevo”, dijo frente a los micrófonos en octubre de 2012.
La investigación penal continuó. En 2013 el fiscal a cargo, Raúl Arancibia, confirmó que la acusación era completamente veraz: “Los antecedentes reunidos por mí en diversos testimonios, en diversas diligencias, ratifican en todas sus partes que lo denunciado es efectivo”, aseguró. A pesar de ello, y por la fecha en que ocurrieron los abusos, se decretó la incompetencia de la fiscalía y el caso debió pasar a la justicia antigua.
Una de las principales pruebas presentadas por Rodrigo Pino es una grabación de dos minutos, donde se escucha una conversación entre él y el obispo:
—Yo contigo experimenté el cariño (…) sentí que te estaba queriendo —dice el sacerdote.
— ¿Y el Camilo? —le pregunta Pino, refiriéndose al otro menor involucrado.
—Estamos hablando para los dos, solo para los dos. Yo creo que él se insinuó, me molestó y eso yo lo tengo que llamar hoy día… porque me lo puse delante de Dios, yo lo he cuestionado entero… eso es calentura —explica Órdenes en voz baja.
—O sea con él tuvo calentura y conmigo no —replica Pino en el audio.
—Sí, tengo que reconocerlo que es así (escuche aquí el audio completo).
Para el defensor Juan Luis Ysern esta prueba no es concluyente:
-Es una grabación muy corta, que está fuera de contexto. Hay palabras que alguien puede interpretar de una forma, pero son de otra.
LA NÓMINA QUE CENSURÓ EZZATI
La recopilación hecha por un reportaje de La Tercera indica que desde 2002, año de la condena al cura “Tato”, se han conocido al menos 80 casos de abusos (a menores y adultos). La cifra es prácticamente coincidente con la información presentada este miércoles 10 de enero por la organización Bishop Accountability, que se dedica a registrar los casos de abusos cometidos por sacerdotes en todo el mundo. La entidad cuenta con 79 nombres de consagrados que han sido acusados de abusos en Chile (vea aquí la base de datos de Bishop Accountability con casos chilenos)
Del total de sacerdotes, religiosas y diáconos denunciados, la Conferencia Episcopal solo considera en su nómina aquellos que han recibido una sentencia ejecutoriada por abusos a menores, tanto de los tribunales civiles como de los eclesiásticos. Con ese filtro, la lista se reduce a 32 consagrados: 17 condenados por la justicia civil y 15 por la canónica (vea la nómina que la CECh entregó a CIPER).
El criterio establecido por la Conferencia Episcopal deja fuera todos los casos que están siendo investigados, sobre los que no aporta ni un solo dato, aunque algunos se arrastran por cinco o seis años (como ocurre con el obispo Órdenes).
También omite los nombres de los sacerdotes que ya fallecieron. De hecho, el secretario general adjunto de la CECh, el diácono Jaime Coiro, confirmó a CIPER que es una materia en discusión si se debe retirar el nombre del clérigo condenado tras ocurrir su deceso. Otro debate es si seguirán en la lista los sacerdotes que ya cumplieron su sentencia, como sucede con el ex vicario de la Solidaridad, Cristián Precht (vea el reportaje de CIPER sobre las acusaciones contra Precht).
Asimismo, cumplieron sus sentencias los sacerdotes Julio Raúl Inostroza Caro, (diócesis de San Felipe, recibió condena canónica a tres años de suspensión del ejercicio público del ministerio y labores pastorales); Juan Carlos Orellana Acuña (también de San Felipe, con condena penal a cuatro años de cárcel, su congregación lo obligó a vivir en una comunidad sacerdotal con acompañamiento permanente y en la actualidad es vicario en la parroquia Santa Ana de Longotoma con prohibición de trabajar con menores); Julio Dutilh (diocesano de Santiago, la sentencia canónica lo obligó a peregrinar todos los meses durante un año para orar por la mujer a la que efectuó tocaciones y tras cumplir el castigo volvió a la parroquia Santa María de Las Condes como vicario) y Francisco Cartes Aburto (claretiano de Talca, condenado a cinco años de libertad vigilada por abuso de menor, absuelto en el juicio canónico, ahora sirve a la misma diócesis como capellán de religiosas en Curicó).
También cumplió sus sentencias civil y canónica el sacerdote Víctor Hugo Carrera Triviño, condenado en 2005 a 541 días de presidio menor que cumplió en libertad. La justicia eclesial de Punta Arenas, donde cometió los abusos, lo suspendió de por vida del ejercicio ministerial pero solo en esa diócesis, por lo que puede seguir actuando como sacerdote fuera de esa zona. En el obispado de Punta Arenas informaron a CIPER que en 2007 se unió al movimiento de los Focolares y abandonó la región.
En el caso del sacerdote filipino Richard Aguinaldo Apóstol, de la congregación del Verbo Divino, nunca recibió condena canónica pero si fue sentenciado por la justicia ordinaria: cuatro años de libertad vigilada por abusar de un menor en el Liceo Alemán. Tras cumplir su condena, retornó a Filipinas en abril de 2017, donde reside con su madre. Nada le impide retomar el ejercicio del ministerio sacerdotal, pero el superior del Verbo Divino en Chile, Graziano Beltrami, sostuvo que es poco probable que lo haga.
El aspecto más discutible de los criterios con que la Conferencia Episcopal elabora su lista, es que deja fuera de la nómina a los abusadores sexuales de adultos. El tema es altamente delicado en una institución donde con frecuencia los fieles someten su voluntad a una supuesta autoridad espiritual. Si bien en este último caso es más difícil probar el abuso en la justicia penal, es una conducta que sí recibe sanción en el Derecho Canónico. Por lo mismo, religiosos y laicos consultados por CIPER estiman que bajo un criterio de máxima transparencia y coherencia con las normas internas, la CECh debiese publicar los nombres de todos los abusadores sin importar la edad de la víctima.
Ese filtro utilizado por la Conferencia Episcopal permite que se concreten situaciones absurdas y altamente violentas para los denunciantes. Así ocurre con Jeremiah Healy Kerins, sacerdote columbano conocido como padre Derry, quien está confesó de haber abusado sexualmente de un menor de 16 años en los años 80. El nombre de Healy figuró en la nómina de sentenciados publicada por la CECh hasta 2013. Luego desapareció. En su congregación explicaron a CIPER que se le sancionó por abuso sexual, pero no contra menores, porque en los años en que ocurrió la agresión el Derecho Canónico no consideraba a los adolescentes de 16 años como menores de edad (vea el reportaje de CIPER donde Healy admite la veracidad de las denuncias).
mercedarios_MarianoLabarcaArayaEn la nómina de la CECh tampoco aparece un nombre “connotado”: el del ex superior mundial de los mercedarios, Pedro Mariano Labarca Araya. Desde el Vaticano recibió la sanción máxima que puede afectar a un consagrado: la expulsión del estado sacerdotal. El secretario general adjunto de la CECh, Jaime Coiro, explicó a CIPER que Labarca no figura en la nómina porque la congregación Mercedaria –que llevó la investigación– nunca aclaró si los abusos involucraban a menores. La información fue corroborada por el encargado de comunicaciones de los mercedarios, Jorge Paredes (ver reportaje de CIPER).
La CECh tampoco aporta información sobre los procesos contra sacerdotes que se suicidaron al enterarse de las denuncias en su contra (como Rimsky Rojas, Rodrigo Allendes y René Aguilera) ni acerca de aquellos que abandonaron el sacerdocio (como Rafael Villena y Alfredo Soiza-Piñeyro).
Asimismo, no está en la nómina el sacerdote belga Afonso Gielis, acusado de abusos contra menores pehuenches que vivían en un hogar en Santa Bárbara, en la zona del alto Bío Bío. Gielis fue denunciado en al menos dos oportunidades, se le abrió un proceso en la justicia civil en 1992 que no prosperó, pero solo fue trasladado de diócesis (de Los Ángeles a San Bernardo, por petición del fallecido obispo Orozimbo Fuenzalida). En 2010 fue retenido por la justicia belga y sometido a proceso en su país por los abusos contra niños chilenos (vea el reportaje de CIPER sobre el caso de Gielis).
Tampoco hay información sobre la investigación al sacerdote Plácido Soto Quiroz, denunciando en mayo de 2011. Oficiaba como párroco en la diócesis de Linares, pero abandonó ese cargo cuando se le inició una investigación canónica. Nunca se conoció el resultado de esa indagatoria y Soto, aunque dejó de ser párroco, siguió ejerciendo su ministerio como capellán de un hogar de ancianos. Falleció en septiembre de 2017 y en su biografía divulgada por la revista diocesana no se mencionan las acusaciones que enfrentó.
No hay datos en la nómina de la CECh sobre el sacerdote Roberto Salazar Soto, a pesar de que sí tiene una condena canónica que lo expulsó del clero en 2013 por abusar de un menor. Salazar integraba la comunidad de San Francisco de Sales, a la que también pertenecía Héctor Valdés Valdés, otro condenado por abuso de menor y removido de por vida del ejercicio sacerdotal. Ambos, Salazar y Valdés, fueron superiores de su congregación.
En la nómina de la Conferencia Episcopal al menos hay un caso en que se aplicó una condena canónica que luego se rebajó. El sacerdote Nibaldo Escalante Trigo fue sentenciado en 2008 a la suspensión de por vida del ministerio sacerdotal en público, pero en la diócesis de La Serena informaron a CIPER que actualmente se le permite ejercer algunos actos del ministerio fuera de su hogar con la explícita autorización del arzobispo local.
CIPER detectó dos casos de sacerdotes salesianos que no figuran en la nómina de la Conferencia Episcopal, aunque fueron condenados por su congregación. Uno de ellos es por abuso contra un adulto. Y aunque el segundo es por una agresión a un menor, no está en la lista de la CECh porque la familia denunciante pidió la reserva total. Así lo confirmó a CIPER el superior de los salesianos, Alberto Lorenzelli, quien no entregó los nombres de los religiosos sancionados.
Una figura destacada que fue objeto de denuncias pero que nunca fue investigada por la justicia eclesial, es el ex superior de los jesuitas Eugenio Valenzuela, quien solo enfrentó una investigación interna de su congregación que lo ratificó como jefe provincial y que determinó que no se configuraron delitos eclesiásticos. Sus denunciantes llevaron la causa a Roma, donde tampoco se dio lugar a un juicio canónico. Pero, la Congregación Para la Doctrina de la Fe delegó en los jesuitas la responsabilidad de aplicar una sanción acorde a los hechos denunciados. Consultado por CIPER, el superior provincial jesuita, Cristián del Campo, rechazó informar cuál fue la sanción impuesta, argumentando que no correspondía a delitos contemplados por el Derecho Canónico. Hoy Valenzuela está a cargo del templo del colegio San Ignacio de Alonso Ovalle.
OBISPOS INVOLUCRADOS
La investigación de CIPER identificó al menos nueve denuncias de abusos que siguen a la espera de una resolución canónica aunque algunos superan los cinco años de tramitación.
Más allá de los juicios extensos y poco transparentes, hay casos en los que la impunidad ha sido la única respuesta. El más connotado de ellos es el de Diego Ossa, diocesano dependiente del Arzobispado de Santiago y parte del círculo de hierro de Fernando Karadima. A pesar de que enfrentó una denuncia por abuso sexual formulada por un adulto, nunca ha sido investigado por la iglesia. En lugar de eso, desde que salió de la comunidad de El Bosque que lideraba Karadima ha sido trasladado por distintas parroquias, entre Pudahuel, Huechuraba y Lo Prado, enfrentándose al rechazo de los feligreses. Actualmente ejerce como vicario parroquial en el templo de Nuestra Señora de la Paz en Ñuñoa.
Ossa solo fue investigado por la justicia ordinaria en la arista económica del caso Karadima, a raíz de los $10 millones que pagó a Óscar Osbén, la persona que denunció haber sido abusado por él en 2003. En julio de 2010, el entonces arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, envió una carta a Ossa explicándole lo que debía decir para disfrazar dichos pagos: “Seguramente recuerdas mi proposición para hacer más verosímil tu versión: que el dinero entregado era una obra de misericordia, y no una medida para acallar a un denunciante”, escribió Errázuriz en la carta publicada por The Clinic.
Errázuriz ha sido sindicado por las víctimas de Karadima como uno de los encubridores del influyente ex párroco de El Bosque, pues desestimó las denuncias iniciales e hizo permanentes esfuerzos para invalidar las pruebas en su contra. Una negligencia y complicidad que también le atribuyeron a su sucesor, Ricardo Ezzati.
Junto a Errázuriz y Ezzati, también han sido acusados como protectores de Karadima los obispos Juan Barros (quien, por lo mismo, enfrenta una dura oposición de comunidades católicas que lo rechazan como pastor de la diócesis de Osorno), Andrés Arteaga (obispo auxiliar de Santiago), Tomislav Koljatic (Linares) y Horacio Valenzuela (Talca). Los cuatro formados por Karadima. Koljatic y Valenzuela en 2010 enviaron cartas al secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, en las que entregaron información falsa para descalificar a las víctimas (vea el reportaje de Ciper).
Al obispo Horacio Valenzuela también se le acusa de haber protegido al sacerdote Francisco Valenzuela Sanhueza, a quien solo trasladó de diócesis cuando se conocieron las denuncias en su contra y que fue condenado a 15 años de prisión en 2013. En este caso también es sindicado como encubridor el obispo de San Felipe, Cristián Contreras Molina, quien recibió al clérigo en su diócesis tras su paso por Talca. Todas estas revelaciones las hizo el obispo emérito Manuel Camilo Vial, al declarar en el juicio civil, donde reveló que el cura acusado también había sido denunciado en 1990 cuando dejó embarazada a una menor.
También se han visto envueltos en denuncias por abusos los obispos Gonzalo Duarte (Valparaíso, como encubridor y por comportamientos impropios con seminaristas); Santiago Silva (obispo Castrense y presidente de la Conferencia Episcopal, como encubridor de abusos contra seminaristas cuando era obispo auxiliar de Valparaíso); Bernardo Bastres (Punta Arenas, se le acusa de no haber actuado cuando era inspector de la congregación salesiana, respecto de un sacerdote que mantenía pornografía infantil), Jorge Medina (obispo emérito de Valparaíso, por no reaccionar al conocer una denuncia de abusos contra un seminarista) y Francisco José Cox (arzobispo emérito de La Serena, que se refugió en Alemania cuando se conocieron sus múltiples agresiones a menores y jóvenes seminaristas).
La situación que enfrenta el obispo de San Felipe, el mercedario Cristián Contreras Molina, es particularmente delicada. Aunque se trata de una diócesis pequeña, San Felipe es una de las que acumula más denuncias por abuso sexual a nivel nacional: al menos seis. Y entre los denunciados se cuenta el propio obispo Contreras. Tres sacerdotes de su diócesis lo acusaron de actos impropios. Uno de ellos en 2013 declaró bajo juramento haber presenciado cómo el obispo tocaba los genitales de un menor por sobre su ropa e incluso denunció que él mismo recibió una proposición sexual por parte de Contreras.
La investigación al obispo Contreras quedó a cargo del cardenal mexicano José Francisco Robles, quien a inicios de 2014 envió a dos sacerdotes para investigar en terreno (vea el reportaje de Ciper). En junio de ese año, la Congregación para la Doctrina de la Fe concluyó que las acusaciones eran falsas y absolvió a Contreras. La causa penal, según comunicó el obispado de San Felipe en su momento, fue archivada por “falta de antecedentes”.
EL ESCÁNDALO DE LOS MARISTAS
Cuando toda la Iglesia Católica chilena entraba de lleno en los preparativos de la visita de Francisco, en agosto pasado recibió un verdadero mazazo que reflotó un tema que todos querían dar por superado: el encubrimiento a los abusos a menores. El 29 de ese mes explotó el escándalo de los hermanos maristas. Desde 2010 sabían que uno de sus integrantes había abusado de al menos 14 niños de dos colegios de la congregación (Instituto Alonso de Ercilla y Colegio Marcelino Champagnat) y durante siete años lo ocultaron.
El abusador, Abel Pérez Ruiz, fue finalmente denunciado por la misma congregación ante la Fiscalía en esos últimos días de agosto y se inició una investigación interna. El terremoto que sacudió al Arzobispado de Santiago aumentó de intensidad con las declaraciones del vocero y delegado provincial para la protección de menores de la congregación, Mariano Varona, quien intentó justificar por qué no se actuó antes. Contrario a todos los instructivos del Vaticano y de la Conferencia Episcopal chilena, que urgen la presentación de las denuncias, Varona dijo que el “retraso” se debió a que no contaban con protocolos y que todo se destapó en 2017 porque las víctimas se movilizaron para presionar a los maristas.
Abel Pérez ejerció como profesor de matemáticas durante 40 años en los colegios de la comunidad marista. Varona explicó que solo cuando se destapó el caso Karadima, Pérez se dio cuenta de que lo que había obligado a hacer a los niños –sexo oral, masturbación y tocaciones, según han relatado las víctimas- eran delitos y no “debilidades”. Fue entonces que confesó sus abusos, pero según Varona, no se hicieron denuncias porque “no teníamos en ese momento esa sensibilidad, esa de denunciar. No se nos pasó por la mente”.
La indagatoria traería más sorpresas ingratas: otros cinco miembros de la comunidad marista cometieron abusos. Al menos uno de ellos, Luis Cornejo Silva, también había confesado años atrás, lo que originó su viaje a Bolivia en 2013, donde fue asaltado y apuñalado, por lo que permanece en estado vegetal. Otro acusado es Armando Alegría y de los tres restantes, dos ya fallecieron y la identidad del último se mantiene bajo reserva.
El nuevo vocero de la congregación marista, Ernesto Reyes, confirmó a CIPER que ya enviaron al Vaticano los antecedentes sobre Cornejo y Pérez. Según explicó, están a la espera de la respuesta para expulsarlos de la congregación y del clero. También señaló que en marzo Mariano Varona será relevado de su cargo como delegado provincial para la protección de menores.
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