Autor: Sebastián Labrín y Juan Pablo Sallaberry
Grandes estudios de abogados, contratos con empresas del Estado y cargos en agencias de lobby son las actividades paralelas de algunos de los consejeros. Proyecto de ley de 2015 pide exclusividad para los miembros del consejo, quienes actualmente litigan en causas privadas abriendo flancos de conflictos de interés.
CDE: el juego al límite de los consejeros que resguardan el patrimonio fiscal
La decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de demandar a la Fundación CEMA Chile, que era presidida por Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet, se adoptó en octubre de 2016 sin considerar el voto de Juan Ignacio Piña, máxima autoridad del organismo que, por ley, defiende los intereses y patrimonios fiscales.
Su vínculo con Marco Antonio Pinochet Hiriart, a quien representó hace algunos años como abogado en el caso Riggs, fue el argumento para inhabilitarse de esta causa.
Los conflictos de interés son un tema habitual al interior del CDE. Aunque el presidente del consejo tiene prohibido por ley “ejercer la profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios”, la norma no se aplica a los otros 10 abogados que componen el consejo. Los profesionales están autorizados para ejercer privadamente la profesión, pueden formar sus propios estudios jurídicos, integrar directorios de empresas y realizar otras actividades laborales.
Las inhabilidades, en caso que se crucen los intereses públicos y privados, quedan a discreción de cada consejero según las normas que establece el Código de Etica del Colegio de Abogados para enfrentar los conflictos de interés. Acceder a las actas del consejo que contienen los registros de inhabilidades no es posible, ya que son declaradas secretas.
Un proyecto de ley que descansa en el Congreso desde 2015 busca regularizar esta situación, al exigir la exclusividad en el trabajo de los consejeros del CDE, bajo el argumento de que tienen una tarea de alta responsabilidad, manejan información sensible para el Estado y gozan de altas remuneraciones (entre $7,6 millones y $7,9 millones), equiparables a las de los ministros de Estado. La medida es resistida al interior del consejo, donde no quieren perder sus privilegios, en un cargo nombrado directamente por el Presidente de la República, según trayectoria y consideraciones políticas, y que es prácticamente inamovible (se retiran a los 75 años y sólo pueden ser removidos con el acuerdo del Senado).
La Tercera analizó las actividades profesionales, sociedades, patrimonios y empresas en que participan todos los miembros del CDE. ¿El resultado? Millonarios contratos entre sus estudios de abogados y organismos del Estado; la designación en el directorio de empresas de lobby; participación en renombrados estudios jurídicos que mantienen litigios contra el Fisco y asesorías a proveedores del Estado, fueron parte de los hallazgos en varios casos.
Contratos, lobby y bufetes
“Las inhabilidades están sujetas a la corrección y honorabilidad de cada consejero. Es el Presidente de la República el encargado de nombrar a la gente más idónea”, señala Sergio Urrejola, ex presidente del CDE, quien defiende que los consejeros sean abogados con activa presencia en el foro y que puedan litigar también de manera privada. Dice que no pueden pedirles exclusividad a abogados que “ni siquiera cuentan con oficina o baño en el consejo”.
Pero en el céntrico edificio de Agustinas 1687 son comentados los casos de consejeros que, a decir de los propios funcionarios, trabajan al límite. Uno de ellos es el abogado Rodrigo Quintana (PS), quien desde 2011 es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ).
El estudio cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado. Por ejemplo, BMAJ asesoró a la empresa Mitsui & Co en la disputa entre Anglo American y Codelco, y por la cual el Senado pidió la intervención del CDE. En este caso, Quintana representó a Mitsui en 2012. Los casos SQM, Inverlink y La Polar formaron parte de las causas que tramitaron, así como representan a Exeter, minera que amenaza con una millonaria demanda al Fisco.
Además, Quintana es director de comunicación estratégica en el holding Imaginacción, una de las principales agencias de lobby del país, liderada por Enrique Correa. Imaginacción, por ejemplo, asesoró a Hendaya S.A., que es investigada por la Fiscalía Oriente por obtener licitaciones con un sobreprecio cercano a los $ 5.000 millones para el Programa de Alimentación
Escolar de la Junaeb, caso en el cual el CDE es querellante. Hendaya también está vinculada a BMAJ. Según el portal del lobby, los abogados Octavio Bofill e Ignacio Ried, de ese estudio, actúan como sus representantes en las reuniones con la Junaeb.
Al respecto, Quintana respondió que “Bofill Mir & Alvarez Jana está dividido en grupos según la materia. Yo formo parte del equipo de litigios, en el que prácticamente no existen asuntos en los que intervenga el CDE, salvo dos casos pro bono en materia de responsabilidad sanitaria. En esos casos, naturalmente, me inhabilito”.
Agregó que “respecto de Imaginacción, soy miembro del directorio de la empresa de comunicación estratégica. No puede haber ningún tipo de conflicto de interés con el CDE, y si llegara a producirse me inhabilitaría y me abstendría de participar”.
Y aunque dice que “en relación con Imaginacción Comunicación Estratégica, según me ha informado la gerencia general, Hendaya no es uno de sus clientes, por lo que no puede haber conflicto de interés”, el dato se contradice con la declaración del gerente general de Hendaya, Alberto Carvajal, y del abogado de la empresa, Ignacio Ried, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del 15 de junio de 2016. Ambos señalan que contrataron la asesoría de Imaginacción en materia de comunicación estratégica.
Clientes privados Otro caso que también fue discutido, y en su momento generó tensión al interior del organismo, es la situación de la consejera Clara Szczaranski. La abogada representó, en una instancia administrativa ante la Contraloría y otra en el área penal por un caso de injurias, al ex oficial del Ejército Virgilio Cartoni, uno de los principales y cuestionados proveedores de armas y pertrechos militares.
El pasado martes, la Corte Suprema ordenó el cierre de las cuentas bancarias del ex uniformado luego de que el Banco Itaú estimara que “podría estar vinculado a ciertos hechos ilícitos que se imputan actualmente al ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba”, en el marco del caso Milicogate, en que se habría producido un cuantioso fraude al Fisco a través de la Ley Reservada del Cobre, caso por el que el CDE es querellante.
Szczaranski, quien comparte su tiempo en el consejo con su rol de decana de la Facultad de Humanidades de la U. Mayor, además creó la empresa MPS Compliance S.A., que mantenía oficina en Rosario Norte, Las Condes, junto al abogado Darío Calderón, amigo y asesor directo del empresario y controlador de SQM Julio Ponce, investigado por presunto financiamiento irregular de la política. “Me retiré de la oficina del abogado Darío Calderón en diciembre de 2015, precisamente por la cercanía de ésta con algunos clientes que se hicieron contraparte del consejo. De cualquier forma, en dicha oficina sólo compartía techo y no clientes con mi ex compañero de universidad”, detalló Szczaranski.
En cuanto al caso de Cartoni, dijo que “lo he asesorado en la presentación de un par de informes en derecho a la Contraloría General de la República, defendiendo la corrección y legalidad de dos procesos licitatorios efectuados por el Ejército (…) hace ya más de un año concluí formalmente todo vínculo respecto del señor Cartoni”.
El caso de la consejera Paulina Veloso (PS) también es conocido en el CDE. La abogada creó el estudio jurídico Veloso, Flores y Reyes, el cual, según Mercado Público, se adjudicó entre 2012 y 2014, por la vía del trato directo, tres contratos con Corfo para prestar “asesorías jurídicas” por un total de $ 81,8 millones.
Según Veloso, “en estos tres asuntos no existe incompatibilidad alguna con la actividad en el consejo, dado que la Corfo es una institución descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estos organismos descentralizados, normalmente, de acuerdo a la ley orgánica del consejo, no son defendidos en juicio por el CDE”. Esta versión no coincide con la del presidente del organismo, Juan Ignacio Piña, quien dice que si un consejero presta asesoría privada a un organismo del Estado, puede ser un conflicto de funciones (ver entrevista página 4).
Aunque Piña ya no litiga y se desvinculó del estudio jurídico que mantenía con los abogados Matías Balmaceda y Francisco Cox, -quienes representaron a Jovino Novoa en el caso Penta-, mantiene participación en sociedades como la que declara en la empresa Inmobiliaria e Inversiones Alto S.A., en la cual es socio de Jorge Nazer. Esto también le puede abrir eventuales conflictos de interés: a través de esta firma arrendó el décimo piso de la Torre Los Andes, ubicada en Miraflores 130, Santiago, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios desde el 30 de julio de 2012, y por el cual el ente público paga $ 4,5 millones mensuales. Sobre esta repartición, el CDE debe definir si inicia o no acciones legales, luego de que una comisión investigadora de la Cámara le enviara hace un año antecedentes con presuntos delitos funcionarios por no ejercer sus “facultades fiscalizadoras”.
Por su parte, el consejero Daniel Martorell es socio del estudio Waissbluth, Martorell & Arrieta. A través de esta firma representó a Servipag y llegó a tribunales, en julio de 2012, para pedir que se dejara sin efecto una amonestación que le aplicó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tras detectar un incumplimiento en la circular n° 18, “referido a realizar actividades de capacitación relativas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo sólo a quienes ejercen cargo de jefatura”.
Martorell dijo que “el procedimiento administrativo en que presté asesoría a la empresa no tenía relación alguna, ni directa ni indirecta, con investigaciones penales ni con la comisión de algún delito. Siempre se mantuvo dentro del ámbito administrativo”.
Presidente del CDE: “Para los estándares actuales es sano discutir sobre las inhabilidades de los consejeros” Autor: Juan Pablo Sallaberry
Abogado Juan Ignacio Piña dice que el CDE se ciñe al código de ética para enfrentar los conflictos de interés y valora debate sobre prohibir a sus miembros litigar en causas privadas. Afirma que si el Congreso pide exclusividad a los consejeros, deben asumir los costos fiscales, como la necesidad de un nuevo edificio para el organismo.
Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado, decidió inhabilitarse como consejero no sólo en el caso del alcalde de Colina, Mario Olavarría, porque es defendido por su antiguo estudios de abogado Balmaceda & Cox, sino en todo el caso Basura, que agrupa a distintos municipios y en el cual el CDE es querellante. Asegura que los miembros del consejo cumplen con todos los estándares de inhabilidad ética.
¿Qué opina del proyecto de ley para que los consejeros del CDE tengan dedicación exclusiva y no litiguen en causas privadas?
Conozco el proyecto; de hecho, los diputados vinieron a verme y una de las primeras cosas que les dije es que yo creo que esta es una discusión muy sana, yo creo que es súper razonable que para los estándares actuales esta discusión exista y sea una discusión de cara a la opinión pública respecto de las eventuales inhabilidades o no de los consejeros.
¿Está de acuerdo con la moción?
Soy incumbente, así que no puedo dar una opinión. Lo que puedo decir que es que tenemos que tener esta discusión de un modo serio y eso implica, por ejemplo, que si vamos a discutir respecto de las inhabilidades de los abogados del consejo, tenemos que asumir los costos para el Fisco que ello implicaría. Y no estoy pensando en mejoras del sueldo, estoy pensando en oficinas. Hoy día, en el diseño que nosotros tenemos, los consejeros no tienen oficina en el consejo, no tienen ni siquiera estacionamiento. Eso se los dije a los diputados. Para que tengamos esta discusión de verdad, yo necesito un edificio nuevo.
Hoy los consejeros pueden ejercer doble rol, ¿cómo regulan los eventuales conflictos de interés?
Cualquier abogado que se dedica al ejercicio libre sabe que los conflictos de interés pueden estar presentes sea por clientes que defiende tu oficina, o que has defendido con anterioridad. En el consejo operan las reglas generales respecto de la gestión de los conflictos de interés y que dicen relación con, primero, la identificación, después la valoración y luego la decisión respecto de si se configura o no. Por la experiencia que yo tengo, primero, no son tantos, no es una cuestión que se dé con tanta frecuencia, y segundo, los consejeros son bastante quisquillosos respecto de cuándo se configuran.
¿Todo es autorregulación?
Las reglas de los conflictos de interés no son un problema de autorregulación. En el código de ética del Colegio de Abogados hay un tremendo capítulo sobre los conflictos de interés. Es decir, es una autorregulación en el sentido de que esos instrumentos no son obligatorios, pero los abogados colegiados estamos sujetos al control ético de nuestros pares.
¿Pero cada consejero se inhabilita o son los otros consejeros los que advierten los conflicto de interés de sus compañeros?
Eso no me ha tocado nunca, pero podría pasar de cualquiera de las dos maneras.
¿Inhabilitarse qué es? ¿Es no votar, es no participar en el debate, es pararse e irse de la sala?
Se dan los dos formatos, depende, porque hay algunas inhabilidades que son relativamente quisquillosas. Le pasa a algún consejero que dice: ‘yo no tengo ninguna vinculación con este señor, pero hace algún tiempo fue cliente de mi oficina’. Eso quiere decir que no participa en la discusión. Hay veces que los consejeros se paran y simplemente salen de la sala.
¿No es un poco discrecional?
No es que sea discrecional, allí donde hay conflicto de interés hay que ser muy claro, lo que pasa es que a veces hay ciertas normas que son más bien normas de decoro. Un consejero me dijo ‘por qué te vas a inhabilitar en el caso Cema Chile, no tienes nada que ver, tu defendiste a otro señor en otra arista’ (defendió a Marco Antonio Pinochet en el caso Riggs). Así es, no tengo conflicto, pero a pesar de eso prefiero inhabilitarme.
El consejero Rodrigo Quintana integra un estudio de abogados como es Bofill Mir & Álvarez Jana, que tiene decenas de clientes, empresas mineras y litigios relacionados con el Estado. ¿Cómo se regulan tantos flancos?
Es que hay que entender que el consejo funciona como un órgano colegiado y además sobre la base de distintos comités, y muchas de las causas nunca pasan ni siquiera cerca de Rodrigo Quintana, que está en el comité contencioso administrativo y el tributario medioambiental. Rodrigo se inhabilita de vez en cuando, pero no me toca ver que pasen por sus manos causas en que esté conflictuado.
Está también el caso de Paulina Veloso, quien a través de su estudio privado se adjudicó contratos de asesoría jurídica a Corfo.
Eso es lo que pasa siempre en la administración descentralizada. Aquellas instituciones que tienen patrimonio propio o se defienden ellos mismos o pueden contratar abogados. También nos pueden pedir a nosotros que los defendamos. Cuando le piden a un consejero -que no sé si es el caso de Paulina, desconozco el caso de ella- en abstracto puedo decir que, y esto en el consejo lo hemos dejado bastante claro, cuando un organismo descentralizado contrata a un consejero pudiendo recurrir al consejo, los consejeros no los aceptan como clientes. Sería un conflicto de funciones.
¿Me puede decir en qué casos se ha inhabilitado cada consejero?
No tenemos registro. Yo suelo recibir denuncias de este tipo por parte de contrapartes; el abogado picado de este país no es tan raro que haga llegar denuncias. Pero yo, en general, he quedado muy satisfecho respecto a cómo se gestionan los eventuales conflictos. Se cumple con todos los estándares de inhabilitación ética.
¿Pero cómo se puede fiscalizar si las actas del consejo son secretas?
Como abogados, tenemos obligación de reserva. Cometo un delito cuando entrego información cubierta por el secreto profesional.
Los casos y descargos de los consejeros del CDE
Autor: S. Labrín y J.P. Sallaberry
Proyecto de ley de 2015 pude exclusividad para los miembros del consejo, quienes actualmente litigan en causas privadas abriendo flancos de conflictos de interés.
Los casos y descargos de los consejeros del CDE
1. Rodrigo Quintana (PS), consejero desde 2006 Director de comunicación estratégica de Imaginacción consultores, de Enrique Correa, principal agencia de lobby del país. También es socio de Bofill Mir & Álvarez Jana , oficina de abogados que ha llevado casos como SQM, La Polar y la demanda de la minera Exeter contra el Fisco. El abogado dice que “yo me he inhabilitado en todo asunto en el que haya intervenido o intervenga mi oficina. Lo informo a los consejeros y me abstengo de intervenir en esas materias. Por razones de secreto profesional, no puedo indicar las causas precisas, pues tendría que revelar quiénes están siendo atendidos por mi oficina”.
2. Paulina Veloso (PS), consejera desde 2005 En 2008 se unió al estudio jurídico Veloso, Flores y Reyes. Según Mercado Público, la empresa de la ex ministra Secretaria General de la Presidencia se adjudicó, por la vía del trato directo, tres contratos con la Corfo para prestar “asesorías jurídicas” por $ 81,8 millones entre 2012 y 2014. De acuerdo con Veloso, “no existe incompatibilidad alguna con la actividad en el consejo, dado que la Corfo es una institución descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estos organismos descentralizados, normalmente, de acuerdo a la ley orgánica del consejo, no son defendidos en juicio por el CDE”.
3. Juan Ignacio Piña (ind pro RN), presidente CDE desde 2014 Ex subsecretario de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera y socio de Inmobiliaria e Inversiones Alto S.A., mantiene en arriendo el décimo piso de un edificio de Miraflores 130 a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y recibe $4,5 millones al mes. Con esta entidad debe decidir si se querella o no, tras un corte masivo de agua en Coquimbo. “Yo estoy en el comité penal. Ninguna decisión sobre la superintendencia pasa por mis manos. Si me pregunta si hay un conflicto de interés, la respuesta es no. Si me pregunta si me inhabilitaría en ese caso, la respuesta es sí”.
4. Clara Szczaranski (independiente), consejera desde 1994 Representó al ex oficial del Ejército Virgilio Cartoni, uno de los principales proveedores de pertrechos militares, en una instancia administrativa ante Contraloría y por una querella de injurias en lo penal. Tras formar la empresa MPS Compliance S.A., compartió hasta hace un año una oficina con el abogado Darío Calderón, asesor directo del controlador de SQM Julio Ponce. “Las posturas jurídicas por mí sostenidas han sido siempre coadyuvantes de la postura fiscal y de todo ente público. Jamás he patrocinado posturas opuestas al interés del Estado, por lo que descarto conflictos de interés”, dijo la abogada.
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