Cuando pretendemos ignorar lo que sabemos o desconocemos nuestra responsabilidad, así como las consecuencias de nuestros actos, se puede decir que actuamos de mala fe. Esto es lo que concluimos de las palabras de 16 ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que hicieron pública una carta, respaldada posteriormente por un grupo de coroneles en retiro. En la misiva afirman compartir el objetivo de “justicia, verdad, reparación y no repetición de las violaciones a los DDHH”, aunque a renglón seguido rechazan el actuar de los tribunales, a los que acusan de discriminación, puesto que –como sabemos-- también hay civiles responsables de los crímenes quienes, salvo contadas excepciones, no han sido procesados. Una verdadera paradoja. Las escasas brechas abiertas en la impunidad generalizada son para estos militares expresión de injusticia.
Por Gloria Elgueta 16 septiembre, 2017
Al igual que en dictadura, los altos oficiales se refieren a los hechos como “muertes” y “desapariciones”. No aceptan aún nombrar las cosas por su nombre: homicidios, torturas y desaparición forzada. Delitos considerados por el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Reclaman además comprensión en virtud del “contexto histórico” desplegando en escena una defensa corporativa que no separa aguas de los genocidas. Defensa que encontró, una vez más, la estrecha complicidad de los civiles de la dictadura que hoy ocupan el parlamento y otros espacios de decisión.
Un episodio más. Este podría ser solo uno de los variados episodios vividos en la larga historia de la impunidad que no han recibido una respuesta de las autoridades; una respuesta acorde a la gravedad de los dichos y a la transgresión del carácter no deliberante de las fuerzas armadas y policiales en un Estado que se precia de democrático. Sin embargo hoy, dando cuenta probablemente de la coyuntura electoral, varios voceros, autoridades y actores políticos de la Nueva Mayoría han respondido a las palabras de los uniformados.
Los dos candidatos oficialistas coincidieron en convocar a los uniformados a romper el pacto de silencio y a colaborar con la justicia. Mientras que el ministro de Defensa José Antonio Gómez desvió el tema de fondo al señalar que en dictadura un acto de este tipo habría merecido graves sanciones –incluso la desaparición--, reconociendo al mismo tiempo el derecho a la libre expresión de los ex uniformados, en democracia. Por su parte, la presidenta Bachelet, junto con anunciar tres medidas, afirmó que no se pueden permitir “justificaciones de lo injustificable, verdades a medias o pactos de silencio”. Esto, a pesar de que durante 27 años de post dictadura hemos comprobado que se han tolerado bastante bien.
El común denominador de estos pronunciamientos es una suerte de distancia y desafección respecto de los hechos a los que se refieren y sus causas. Pareciera que estos fueran completamente ajenos a las actuales autoridades y políticos oficialistas, quienes se expresan como si no tuvieran ninguna responsabilidad en ellos, ni en la existencia de un profundo sistema de encubrimiento de los agentes del Estado responsables de las violaciones a los DDHH en dictadura. Impunidad que, en definitiva, es negociada como parte del consenso al que se arribó al inicio de la transición.
En el discurso oficial es como si otros fueran quienes lo hicieron posible. A pesar de que esos 16 ex altos oficiales –que desafían a las autoridades– fueron promovidos por los gobiernos civiles, no una, sino repetidas veces, hasta llevarlos a las más altas responsabilidades a las que podían aspirar. Así preservaron, prácticamente inalterada, la estructura, redes y cultura institucional de las fuerzas armadas y policiales forjadas en dictadura como un poder deliberante que no reconoce su subordinación al poder político.
Las promesas de la Presidenta: Las medidas anunciadas este 11 de septiembre no cambian en lo sustantivo la situación actual.
Primera medida
La primera consiste en la decisión de poner “discusión inmediata” al proyecto que levanta el secreto impuesto sobre los antecedentes reunidos por la Comisión Valech I, para que esa información sea entregada a los tribunales. Se trata de un proyecto que ya se encuentra en discusión en el Congreso y que nada garantiza su aprobación ya que, en su versión anterior --tramitada durante 2016--, no solo fue rechazado por la derecha sino que también por los diputados del Partido Socialista Juan Luis Castro y Marcelo Schilling, del PPD Marco Antonio Núñez, Guillermo Ceroni y Joaquín Tuma y el independiente José Auth, más las abstenciones de los PPD Daniel Farcas y Ramón Farías, y el DC Pablo Lorenzini. Tampoco permite el acceso público a esta información de manera de hacer realidad el ejercicio del derecho a la verdad reconocido como un derecho colectivo.
Segunda medida
Esta consiste en la creación de un mecanismo de recalificación para víctimas de prisión política y tortura, desaparición forzada y ejecución política a partir de la revisión de los antecedentes de quienes no fueron calificados por la Comisión Valech II. Este anuncio no especificó si la calificación incluirá medidas de reparación, tema en torno al cual no ha habido acuerdo entre el ejecutivo y organizaciones de DDHH.
Tercera medida
En cuanto a la tercera medida es realmente sorprendente que se presente como un anuncio presidencial. Se trata de la firma de un convenio para que estudiantes de la carrera de derecho trabajen en la Unidad de DDHH dependiente de la Subsecretaría respectiva, y colaboren en el seguimiento de casos de violaciones a los DDHH en dictadura. En lugar de fortalecer esta Unidad con apoyo político, recursos y profesionales experimentados en el sistema procesal antiguo, capaces de llevar a buen término procesos judiciales complejos que se han arrastrado por décadas enfrentando poderosos obstáculos, se ofrece como solución el trabajo de estudiantes en formación.
Ni estas medidas, ni el prometido cierre de Punta Peuco --presentado como una medida ética y simbólica— constituyen un avance real en el verdadero problema de fondo: la ausencia de verdad y de justicia y la responsabilidad del Estado en la mantención de la impunidad.
Como si todo esto no fuera suficiente para desconfiar de los anuncios de las autoridades, estos se dan a conocer a dos meses de las elecciones y a menos de seis meses del término del actual período presidencial, lo cual seguramente dificultará su materialización.
Como si todo esto no fuera suficiente para desconfiar de los anuncios de las autoridades, estos se dan a conocer a dos meses de las elecciones y a menos de seis meses del término del actual período presidencial, lo cual seguramente dificultará su materialización.
En lugar de estos llamados genéricos a terminar con los pactos de silencio, o del llamado del ministro del Interior a “creerle” al comandante en jefe del ejército cuando afirma que la institución no tiene información sobre las violaciones a los DDHH; el ejecutivo y los candidatos deberían asumir su responsabilidad en el estado actual de impunidad, y comenzar por hacer exigible la información y el acceso a los archivos secretos que aún existen en poder de diversos organismos de las FFAA, haciendo así, formal y efectiva, la subordinación de estas al poder político.
#NoMásArchivosSecretos
#TodalaVerdadTodalaJusticia
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Atropellos, prisión, tortura y desapariciones: ejercicios indebidos
de los instrumentos del Estado. Por Alex Ibarra Peña.
Para ningún chileno estas graves faltas a los derechos humanos son un misterio, si no fuéramos un país tan clasista y racista, tendríamos que ser miles los ciudadanos movilizados en contra del Estado. Ya sabemos que la transición fue una farsa y que la dictadura de Pinochet no fue superada por funcionarios que traicionaron el voto popular, de ahí la desconfianza que le tenemos al poder. La cuestión política más radical hoy no se juega en las urnas que habilitan y autorizan al poder del Estado, sino que se juega en los territorios que reclaman su autodeterminación.
Si bien los movimientos sociales que han asumido estas luchas son variados y de distintos intereses podemos encontrar en ellos rasgos de familiaridad. Sin duda la vanguardia en esta forma de hacer la política la lleva el pueblo Mapuche, de ahí que los organismos del Estado atenten con brutalidad sobre esta forma de resistencia que se ha convertido en un referente de organización alternativa al capitalismo salvaje. La intelectualidad chilena, atrapada en sus valoraciones clasistas y racistas, es reproducida por sus más altas instituciones de formación educativa que no se han permitido abrirse a las demandas populares. El Estado y sus instituciones han sido una terrible negación a las exigencias de nuestro pueblo originario que mejor se ha organizado como organización política en la larga transición.
Sin embargo, si bien hay un contexto general de negación al reconocimiento de la importancia política de la resistencia del pueblo Mapuche, no se puede comprender ni aceptar la violación a los derechos humanos. En esto hay un piso humano básico, por muy diferentes que sean nuestras concepciones políticas. Nuestra conciencia está manchada cuando no somos capaces de oponernos a la violación del derecho a la vida digna. Lo terrible de la globalización del capitalismo salvaje está en que el individuo queda encapsulado en una pérdida de compasión con la víctima. Esto es una anomalía del sentido de lo humano.
Dicho problema no es propio de nuestro país, donde los hechos son evidentes. Los países de nuestra región viven en una permanente violación que frena la consecución de un “buen vivir” tan propio de nuestros pueblos originarios. El capitalismo salvaje impuesto desde la colonización, al cual los políticos elegidos por voto popular, no han sabido levantar alternativas distintas colocándose siempre al servicio del dinero adoptando apenas medidas populistas, atrapados en el discurso de que hay que ganar en las urnas, engañándonos cada vez, no sólo favoreciendo al capital en sus legislaciones, sino que también farreándose el patrimonio político de un pueblo crédulo. Hay que decirlo, hemos sido engañados por la clase política, pero hemos sido más irresponsables al caer en el escepticismo o en el relativismo político, ambas cuestiones son consecuencias del mismo engaño.
Considero que habría que considerar los modos de hacer política alternativos al engaño de que los partidos políticos son la vía de mejor democracia. Esto no ha sido así y no creo que lo sea en un contexto en que el capitalismo salvaje no recibe fisuras radicales. En esto, insisto que la organización política del pueblo Mapuche representa un paradigma, incluso me atrevo a afirmar más, los pueblos originarios contienen un potencial político insuperable por los partidos políticos duopólicos, con esto téngase en cuenta Chiapas, y –aunque con todos los resguardos que nos aconsejan varios intelectuales bolivianos- la constitución de la plurinación boliviana.
La fisura al colonialismo y con esto al capitalismo salvaje exige un freno al régimen de explotación de los recursos naturales. No todo tiene precio de mercado, hay cuestiones urgentes que deben ser defendidas, tales como, el agua, la tierra, la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, etc. Sobre esto sabemos demasiado, pero no hemos sido lo suficientemente valientes en apoyar la defensa a las cuestiones fundamentales que son violadas por los capitalistas. No podemos seguir haciéndonos los lesos que las mayores represiones llevadas a cabo por las instituciones militarizadas que defienden al capital son cuando se ven evidenciados estos reclamos. Cuando los vecinos argentinos reclaman justicia por Santiago Maldonado no pueden tener la ceguera de que la defensa es en torno a la usurpación de territorios y a la represión que se pretende instalar en los lugares donde se está presentando un modelo alternativo a la intacta organización económica que supera a los partidos políticos tradicionales. Los chilenos no podemos permanecer impávidos frente a las injusticias que sufren los perseguidos del pueblo Mapuche víctimas del terrorismo de Estado a favor de los dueños del capital.
Alex Ibarra Peña.
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Metodología
de la infiltración y la desaparición forzada.
"Estamos asistiendo a algo que, en verdad, no creímos volver a ver. A los veteranos nos produce una sensación extraña, porque por un lado nos entristece y por otro nos rejuvenece, aunque no del modo que lo desearíamos. Vuelven antiguas técnicas represivas, para cuya defensa nos habíamos entrenado hace décadas: infiltran provocadores, detienen a mansalva a quienes se quedan en la zona después de la desconcentración, inventan “terroristas” (ahora Mapuches-kurdos), desmoralizan para que la ciudadanía se asuste y no vaya más a concentraciones, que sólo vayan los muy comprometidos y de ese modo reprimirlos, etc.
En tiempos pasados, entre otras cosas, se sabía cómo detectar a los infiltrados y sacarlos no muy cortésmente, también que debíamos desconcentrarnos en orden y en grupos y rápidamente, no quedarnos en la zona, pero hoy eso se ha olvidado, porque por fortuna pasaron unos cuantos años sin que estas burdas maniobras de “inteligencia/represión” se llevaran a cabo. Vivimos largos años de democracia y libertad, que ahora parece que en la ola regresiva desatada por esta manifestación subdesarrollada del totalitarismo corporativo plutocrático que vivimos parecen querer tocar a su fin.
Dado que el programa económico entreguista, corrupto y suicida de la actual administración no cierra sin represión, hace mucho que vengo advirtiendo sobre la necesidad de cuidar a los jóvenes, porque no saben de eso, dado que han tenido la suerte de nacer y crecer en democracia, con gobiernos que, con sus más y sus menos según las épocas, mantuvieron en general las reglas del juego correspondiente a esa forma de convivencia y coexistencia.
Lamentablemente, eso parece que se pretende cerrarlo con una vuelta al pasado sin innovaciones notorias, sino con las mismas viejas y primitivas metodologías de aquellos tiempos; no sólo veinte, sino incluso cuarenta años no son nada. La torpeza de una represión desproporcionada a los Mapuche armados con palos y palas, indica una clara incapacidad técnica policial, pero si algo nos hace sentir que lo de Maldonado es en realidad una desaparición forzada es, precisamente, la grosería del propio oficialismo: no podemos pensar en otra cosa cuando la negativa es demasiado enfática, aparecen los “kurdos”, se inventa lo de Entre Ríos, la sangre en lo del puestero, el cadáver que se le quiere echar a los chilenos, las declaraciones de camioneros misteriosos, la indagación sobre la vida de la víctima, en fin, todo el arsenal muy propio e inconfundible de la metodología tradicional de encubrimiento de desapariciones forzadas. Es la actitud oficialista la que nos dice a gritos que lo de Maldonado es una desaparición forzada, y esto lo confirma la infiltración de provocadores, la “razzia” posterior y la consiguiente publicidad de los medios monopólicos del corporativismo plutocrático local.
De todo esto debemos extraer conclusiones: el régimen que se nos quiere imponer está sobreactuando disfuncionalmente para sus propios planes, no tiene prudencia en su propio manejo de la represión: si por un instante nos ponemos objetivamente en la posición del oficialismo, es claro que de momento no le es necesario llevar la represión hasta esos límites, porque sus planes no corren peligros actuales: tienen el ejecutivo, manipulan al Congreso y a la justicia, tienen de su lado a los medios monopólicos, llevan a cabo sus negociados y blanqueos impunemente, no les falta nada.
Estoy seguro de que el peligro provendrá un día de la naturaleza irremisiblemente suicida de sus propios programas, como sucedió con Martínez de Hoz, con Cavallo y también en muchos otros países del mundo, en que la defraudación tocó techo y la realidad derrocó a los hasta ese momento poderosos. Pero nadie puede creer –salvo el propio oficialismo- que una movilización lo haga tambalear cuando se encuentra en su esplendor y se cree eterno.
Sin necesidad objetiva abusa exagerando el grado de represión y, para colmo, lo hace con una manifiesta carencia de técnica policial, desenterrando groseramente métodos viejos. Pero todo eso es peligroso, porque si no se detiene va a producir otros hechos desgraciados incluso sin necesidad objetiva para sus propios planes plutocráticos.
Ante esta verificación, cabe insistir en lo que vengo advirtiendo desde que conocí el plan económico y de inmediato caí en la cuenta de que no cierra sin represión, aunque debo confesar que no era previsible el abuso disfuncional actual, lo que agrava el peligro, porque le resta toda adecuación a fines.
Ante estos riesgos, es necesario advertir a los jóvenes, enseñarles cómo defenderse de las viejas técnicas, deben saber detectar provocadores, no responder a ninguna provocación, controlar a cualquier “loquito” propio, desconcentrarse en orden, en grupo y rápidamente, perfeccionar técnicas de lucha no violenta, en una palabra, deben aprender a cuidarse, como lo hacíamos los veteranos en otros tiempos. No podemos admitir ni una víctima más y de momento insistir: ¿Dónde está Santiago?" Por Eugenio Raúl Zaffaroni
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