Operación impunidad: cómo se organiza el mundo militar en retiro para apoyar a los violadores de derechos humanos

 

 Mudanza del Instituto OHigginiano desde la calle Londres hasta su nueva sede de Antonio Varas. Fotografía gentileza de Londres 38, espacio de memorias, autor: Daniel Miranda.

 

Además de militares participan reconocidos abogados vinculados al mundo civil

Operación impunidad: 

Cómo se organiza el mundo militar en retiro para 

apoyar a los violadores de derechos humanos

Una ONG recibe dineros de militares para la defensa de aquellos con causas por DD.HH. Sus arcas han sido financiadas incluso por Juan Emilio Cheyre. Otros ex uniformados se reúnen en una multigremial para defender su situación previsional, hacer lobby con parlamentarios y, además, abogar por los suyos en prisión. Es parte de la red que sostienen quienes ya no están dentro de las Fuerzas Armadas y que ayudan a otros, aunque hayan cometidos los más deplorables crímenes.  “Administrad la justicia con ecuanimidad y rectitud y, si es necesario, con rigor y ejemplaridad. Pero cuando la naturaleza de las gentes y las cosas lo permitan, sed también misericordiosos y benignos”.  

 

Ese es el párrafo de bienvenida a la página web de Jure, la ONG de Desarrollo, Justicia y Reconciliación que, en 2007, creó un grupo de militares retirados. El objetivo era defender judicialmente a los militares en retiro que cargan con causas de violaciones a los derechos humanos. 

Alejandra Carmona López. 20 sept, 2017

La organización es, para muchos abogados de Derechos Humanos, un brazo judicial importante de los militares que ya no están en la filas del Ejército, pero que aún mantienen un vínculo con la institución castrense e ilustres retirados. Una vez militar, dicen, se lo es para toda la vida.

En el nacimiento de Jure –que hoy recibe aportes de uniformados en retiro, ex miembros de la CNI y de la DINA–, estuvo el general (r) José Gaete Paredes, y el ex auditor del Ejército Guido Poli Garaycochea; sin embargo, entre sus fundadores también hay abogados que han ayudado a tramitar 687 causas hasta agosto de este año: 176 de ellas ya cerradas y 511 todavía en curso. Según los datos de la propia ONG, existen actualmente 539 personas del Ejército afectadas por causas judiciales. De estas, Jure lleva el 67%. 114 están condenados y cumpliendo penas efectivas.

La institución se mantiene con aportes voluntarios que recogen por medio de cuentas bancarias en BCI, Santander y Banco Estado. Es una obligación depositar para aquellos que utilizan los servicios de defensa, pero también cuenta con otros voluntarios, entre los que se destacan incluso ex comandantes en Jefe del Ejército, como Juan Emilio Cheyre, quien ocupó ese cargo entre 2002 y 2006.

En 2013, Cheyre registró en su declaración de intereses, ya como presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, su nivel de participación en Jure (ver documento adjunto). Allí se identificó como colaborador de la ONG y mencionó un vínculo de seis años, es decir, desde que se creó la organización. Jure también cuenta con reconocidos abogados vinculados al mundo civil, como el actual secretario general de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Mario Correa Bascuñán, profesional de esa misma casa de estudios, reconocido como fundador de la organización y además su vicepresidente, de acuerdo a una circular que se distribuyó entre la "familia militar" en junio de 2009. El año 2012, también se conoció que Jure pagaba mensualmente la TV digital de la que gozaban los reos del penal Punta Peuco.

Mario Correa Bascuñán –contactado telefónicamente por El Mostrador­– se niega a hablar de Jure, pero confirma que el organismo aún se financia gracias a los socios y que se mantienen trabajando en casi las mismas causas que tomaron en años anteriores.

 

Todos juntos. A comienzos de septiembre, una carta firmada por quienes ocuparon altos cargos en las Fuerzas Armadas sorprendió al mundo político. El texto –publicado en El Mercurio– señalaba, entre otras cosas, que “el anunciado cierre del penal Punta Peuco (…)" marca, "entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición”. La misiva buscaba poner sobre la mesa la situación de los derechos humanos de los militares en retiro y cuestionaba asimismo la apertura de nuevos procesos judiciales “muy difíciles de probar”.

La carta estaba firmada por Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba (ex comandantes en Jefe del Ejército); Jorge Arancibia, Miguel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González y Enrique Larrañaga (ex comandantes en Jefe de la Armada); Fernando Rojas, Patricio Ríos, Osvaldo Sarabia, Ricardo Ortega, Jorge Rojas (ex comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea); y Fernando Cordero, Manuel Ugarte, Eduardo Gordon, Gustavo González (ex generales directores de Carabineros). Todos designados en democracia.

 

“Se organizaron de forma importante, pero es la élite”, cuenta un hombre del mundo militar, que indica que se trató de una maniobra de peso, con nombres de “alto vuelo”, aunque la mayoría de los militares hoy se organizan en grupos como Facir, la multigremial que reúne a personal en retiro de las FF.AA., Carabineros, PDI y montepiados.

Facir comenzó a trabajar en octubre de 2015, aunque se constituyó oficialmente en julio del año pasado y proyecta tener 220 mil socios en el corto tiempo. Se levantó para darles mayor impulso a sus demandas con objetivos transversales: salud, pensiones y DD.HH. de militares en retiro, temas para los cuales estaban seguros que necesitarían la máxima unidad, por eso eligieron a un suboficial para presidir la organización.

Pedro Beas, miembro de Facir, se queja de que los presos de Punta Peuco tienen entre 75 y 76 años, múltiples enfermedades e incluso 3 han muerto en prisión, una situación que él califica como “inhumana”. Para esto también mantienen un vínculo constante con parlamentarios de oposición. Quieren que la protección de los militares en la cárcel y su sistema previsional sean resguardados por ley.

En 2013, Cheyre registró en su declaración de intereses, ya como presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, su nivel de participación en Jure (ver documento adjunto). Allí se identificó como colaborador de la ONG y mencionó un vínculo de seis años, es decir, desde que se creó la organización. Mientras fue comandante en Jefe también fue benefactor. Jure cuenta asimismo con reconocidos abogados vinculados al mundo civil, como el actual secretario general de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Mario Correa Bascuñán, profesional de esa misma casa de estudios, reconocido como fundador de la organización y además su vicepresidente, de acuerdo a una circular que se distribuyó entre la "familia militar" en junio de 2009. El año 2012, también se conoció que Jure pagaba mensualmente la TV digital de la que gozaban los reos del penal Punta Peuco.

“Estamos preocupados, a través de determinados parlamentarios, para establecer ciertos proyectos de ley”, indica Beas y no tiene problemas en decir que se reúnen con ellos frecuentemente para contar con su apoyo. “En este instante tenemos diferentes canales, por ejemplo, el senador Francisco Chahuán, Baldo Prokurica, son personas que están trabajando directamente con nosotros, y en el tema de DD.HH. hablamos con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe”.

 

Bajo perfil. Otra de las organizaciones donde se reúnen ex militares, aunque no tiene el nivel de vocerías de la multigremial, es el Instituto O'Higginiano, que –según señala en su página– tiene como misión “promover por todos los medios a su alcance, y, en especial, mediante la investigación, extensión, docencia y publicidad, el conocimiento de la vida, valores y obras del Libertador americano Don Bernardo O'Higgins, Capitán General del Ejército de Chile”.

Es una institución de derecho privado, donde decenas de militares en retiro se reúnen en torno a la investigación y conservan estrechas relaciones con el Ejército.

El año 1978, dicha entidad comenzó a ocupar las instalaciones del siniestro cuartel ubicado en Londres 38. El 29 de noviembre de ese año, mediante un decreto firmado por Augusto Pinochet, la propiedad fue transferida gratuitamente al Instituto O'Higginiano, organismo estrechamente vinculado al Ejército y dirigido, hasta el año 2006, por el general retirado Washington Carrasco, ex vicecomandante en Jefe de la mencionada institución castrense y ministro de Defensa de Pinochet.

Antes de llegar a poder del instituto, Londres 38 había tenido una historia sangrienta. Fue un centro de detención en dictadura, conocido como “cuartel Yucatán” y fue utilizado por la DINA contra el MIR, el PS y el PC. En Londres 38, además de otros recintos de exterminio y tortura, como Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y el recinto ubicado en calle Irán 3037, fueron hechas desaparecer y ejecutadas más de 219 personas.

En la necesidad de recordar lo que allí se vivió, antes de que el inmueble se rematara, fue recuperado. El instituto debió emigrar a Londres 25 y en ese lugar, según han señalado por la prensa, la realidad no ha sido próspera. Comenzaron a atravesar una crisis financiera después que el Estado dejara de entregarles un aporte financiero por ser una entidad sin fines de lucro. El último aporte que recibieron fue en 2013, por $10 millones, por lo que tuvieron que moverse de Londres hasta la calle Antonio Varas.

A pesar de su autonomía, las buenas relaciones con el Ejército quedaron de manifiesto en ese cambio de casa. En el traslado desde Santiago a Providencia los ayudó un camión del Ejército de Chile, como lo demuestran las fotografías tomadas por sus –hasta entonces– vecinos, el espacio de memoria Londres 38.

Al revisar la nómina de integrantes del Instituto O'Higginiano, destacan algunos consejeros regionales, como Iván Andrusco Aspé, quien fue cuestionado por organizaciones de DD.HH., al ser nombrado como director de Gendarmería en 2010. Andrusco perteneció a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo de inteligencia policial al que pertenecían los agentes que en 1985 secuestraron a los militantes comunistas Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, quienes posteriormente fueron degollados. También forma parte de sus integrantes Raúl Iturriaga Moreira, ex jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea.

El instituto también entrega históricamente un sello: la condecoración O’Higginiana. “Mediante este acto que parece simple se demuestra que sus vínculos políticos están a alto nivel”, señala un abogado del mundo de los derechos humanos. En junio de 2016, el reconocimiento se quedó en las manos del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra, quien ese año dio una entrevista que causó polémica. En ella señalaba que los militares condenados por causas de violaciones a los DD.HH. tienen derecho a libertad condicional.  A pesar de nuestra insistencia, por medio de correos electrónicos y llamadas, fue imposible contactarnos con el Instituto O'Higginiano.