Después de haber revolucionado las redes sociales al disparar contra el sistema de las AFP, hoy anuncia su nueva batalla: eliminar de una buena vez al CAE del proyecto de ley de reforma educacional. Acusa a Rodrigo Valdés y a Nicolás Eyzaguirre de ceder ante grupos de poder y hasta de querer parar las reformas impulsadas por Bachelet, por presiones y miedo... “Lo peor es dejarlas inconclusas. Cuando se tiene a un volcán en erupción, hay que canalizar esa energía en un sentido constructivo, de lo contrario, nos arriesgamos a la revuelta social, al populismo y a que se desaten las fuerzas oscuras...”.
—Comunista y economista, ¿no es acaso contradictorio?
—Para nada. Marx también lo era.
Responde Manuel Riesco Larraín, ingeniero civil industrial, magister en Economía de la Universidad de Chile y doctorado en Economía Política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de las Ciencias de la ex URSS. Fundador y actual vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA, sus críticas al sistema privado de pensiones —al que calificó de “canalla”— incendiaron las redes sociales y reflejaron —una vez más— la indignación de miles de chilenos ante jubilaciones insuficientes tras décadas de cotizaciones.
Rodeado de cuadros familiares, fotografías de sus hijos y de su mujer —la abogada Carmen Hertz—, en su departamento de Avenida Príncipe de Gales se detectan pocos rastros de su pasado oligarca. Era un muchacho cuando decidió romper con su clase y su historia —que lo liga incluso al Palacio Riesco— para transformarse en dirigente de la Fech y uno de los primeros jóvenes que trabajó como obrero y optó por vivir en comunidades en sectores populares. De ahí ingresó a las filas comunistas y más tarde se convirtió en uno de los fundadores del Mapu —que le exigía a Eduardo Frei Montalva radicalizar las reformas sociales, especialmente la agraria— y se transformó en un activo colaborador de la campaña de Salvador Allende.
Tras el Golpe de Estado fue miembro del Comité Central del PC y apoyó a los movimientos de resistencia desde la clandestinidad. Fue en esta época que se unió con Carmen Hertz, cuando ella formaba parte de la Vicaría de la Solidaridad. Entonces Carmen buscaba hacer justicia por el asesinato de su marido, el abogado y periodista Carlos Berger, tras el macabro paso de la Caravana de la muerte por Calama. El mismo caso que hoy se ha tomado los titulares con la noticia de la participación del ex comandante en jefe de las FF.AA., Juan Emilio Cheyre, en estos trágicos acontecimientos. Una herida que aún no cierra, mientras la indignación por la “otra dictadura”, la económica, no da señas de ceder y la crisis política y de confianza institucional que hoy vive el país es calificada como la peor en tiempos de democracia.
“Chile vivió un doloroso proceso de transformación, desde una sociedad agraria a una moderna. Al principio ésta se realizó de forma pacífica y democrática a través de una sucesión de gobiernos —dice por los tiempos pre-dictadura—. Pero en 1973 vino este retroceso político y ocurrió una cosa muy complicada: el restablecimiento en el poder de una elite que había perdido toda legitimidad con Frei Montalva. Pero es usual que luego éstas intenten recuperar lo que tenían a través de la fuerza bruta”.
—¿Entonces utilizaron a la dictadura para retomar su poder gracias a la instauración del modelo neoliberal?
—Sí. Y se apropiaron de los recursos naturales, ocupando a muy poca gente, controlando los mercados de manera monopólica y creando rentas en el mercado financiero. Para ello le metieron mano a los salarios a través del sistema de AFP, que está diseñado para eso, para sacar una parte de los sueldos de los trabajadores y transferirlos al sistema financiero.
¿Sabía que todos los meses los trabajadores cotizan 500 mil millones de pesos, de los cuales 200 mil millones son para pagar pensiones y el resto son excedentes? Súmele los 150 mil millones en bonos de reconocimiento y pilar solidario que les entrega el Estado. Es decir, se quedan con 450 mil millones por mes, efectivo neto.
Mirando con sus ojos celestes, mientras se acaricia la barba, reflexiona: “A Hacienda no le vendría mal recuperar esos 150 mil millones; le permitiría solventar dos veces el sistema de gratuidad universitaria o jubilar a 300 mil mujeres que no han podido pensionarse porque sus fondos no les dan. De paso, reforzaría al sistema político, que está tambaleando, y le haría bien a la economía porque aumentaría los ingresos de un sector importante”.
—Sin embargo, José Piñera (ideólogo de las AFP) volvió para defender su creación. Da la impresión de que más allá de ser un gran negocio, también hay un trasfondo ideológico en todo esto.
—¡Es una concepción perversa!, donde le dicen a la gente que no se preocupe por los viejos sino que sólo por sí mismos, así rompen con el principio de la solidaridad, que es un pilar básico en cualquier sociedad. También sostienen que el envejecimiento es un “problema”, cuando vivir más es uno de los mayores logros de la sociedad moderna. Todo para que, a medida que aumenta la sobrevivencia, justificar su estrategia de bajar más y más las pensiones. ¿Se da cuenta de lo perverso que es este sistema?
—¿Y entonces cómo se explica que los gobiernos de la Concertación hayan validado a las AFP, salvo con algunos cambios, como la pensión solidaria del primer gobierno de Bachelet?
—Estamos en un tiempo en que el dinero se adueñó de la política y la Concertación se dejó arrastrar. Y ahora la Nueva Mayoría está haciendo aguas porque la principal reforma de Bachelet —la educacional—, que está presentada como ley, no sirve para nada.
Entramos aquí a la otra batalla de Manuel Riesco Larrain: terminar de una vez con el crédito con aval del Estado (CAE), que aún permanece alojado en el actual proyecto de ley de reforma educacional y que a juicio del economista invalida absolutamente al proyecto.
“¿Cómo es posible que continúe tal cual si es precisamente lo que motivó las protestas estudiantiles? Son mil millones de dólares que se destinan en un 90 por ciento a beneficiar a cinco instituciones privadas con fines de lucro y que ganan a costa de endeudar a familias modestas. Es inaceptable que el fisco siga entregando algo que, en realidad, debiera llamarse PAE: crédito con ‘platita y aval del Estado’. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, lo defiende. Cómo será que cuando realizó su última cuenta pública y habló de lo que costará financiar la gratuidad, omitió mencionar cuántos millones le destina anualmente al CAE”.
Y antes de esperar preguntas, contesta: “Tal vez sea por el lobby, particularmente de dos de las cinco universidades que reciben este beneficio: el grupo Laureate, cuya rectora, Pilar Armanet, antes fue directora de Educación Superior en el gobierno de Ricardo Lagos y ministra secretaria general de Gobierno del primer periodo de Michelle Bachelet; y la Universidad San Sebastián, cuyo rector es Hugo Lavados, ex ministro de Economía de Bachelet en su primer mandato. Ambos pertenecen al mismo partido político que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el ministro Segpres y anterior responsable de Educación, Nicolás Eyzaguirre: el PPD. Juntos resuelven en un cenáculo. Esta influencia descarada del dinero no le hace bien al sistema político; le resta legitimidad, cuando lo que se necesita es fortalecerlo y así conducir el enorme descontento que existe en la sociedad a través de cambios positivos. No para que redunde en un caos que puede volverse especialmente complicado…”.
—¿Por qué piensa que Rodrigo Valdés podría estar dejándose dominar por una visión economicista de la política?
—El es un mandado de Nicolás Eyzaguirre, quien está decidido a frenar las reformas y lo ha dicho con todas sus letras cuando señaló que la obra gruesa estaba terminada. Le advierto que frenar las reformas en las condiciones actuales no sólo es una irresponsabilidad, también es extremadamente peligroso.
—¿Qué habría llevado a Eyzaguirre y a Valdés a tomar ese camino?
—Hay resistencias, presiones de grupos de interés. Y tal vez ellos no quieren desatar las iras de los grandes empresarios; para dejarlos tranquilos, lo mejor es parar las reformas. A lo mejor encontrarán peligroso y sienten miedo, no sé…
—¿Por qué dice que dejar las reformas inconclusas es peligroso?
—Cuando se tiene a un volcán en erupción, que es lo que estamos viviendo hoy con la sociedad, hay que canalizar esa energía en un sentido constructivo, de lo contrario, se torna destructiva y pueden aparecer grupos populistas de ultraderecha que canalicen todo en odio hacia los inmigrantes, por ejemplo. Es cosa de ver en un país desarrollado y democrático, como EE.UU. —dice por Trump—. La gente pierde su confianza en el sistema político y el criterio que se impone es mandarlos a todos al diablo. Para aislar estas reacciones es necesario generar coaliciones muy amplias, capaces de recoger las grandes demandas de la sociedad y concretarlas con decisión.
—¿Por qué Bachelet, más allá de las buenas intenciones, ha perdido su capacidad de llevar adelante las reformas?
—Le pesa el Caso Caval. Si bien nadie podría acusarla de corrupta, el problema es que su popularidad era fundamental para sostener el curso de las reformas. Pero no es sólo eso: el papel del ministro de Hacienda, que en los gobiernos de la transición constituía una suerte de procónsul de los empresarios, hoy se ha transformado en una figura ridícula. Pasó con Alberto Arenas, que intentó llevar el tema sin el respaldo de quienes le daban esa autoridad, esto es, del gran empresariado. Y ahora Valdés, que tampoco ha podido mantener el control de este sector y por tanto aparece como una autoridad un tanto disminuida. Pero hay que continuar las reformas.
—¿Esto explica por qué Valdés dijo no tener muy claro si lo recaudado con la reforma tributaria alcanzaría para financiar la gratuidad?
—Pero faltó a la verdad. Pretende engañar a la opinión pública al decir que no quedan recursos y por tanto hay que parar las reformas. El nunca ha creído en la gratuidad y no es consciente de la situación política, que es muy complicada. Imagínese que ocurra en Santiago algo como lo que pasó hace unos meses en Chiloé (cuando la población se manifestó por los efectos de la marea roja), o lo que vimos en Aysén (por la ley de pesca). Pasó antes en los ’80 con una dictadura en el peak de su poderío. Perfectamente podría repetirse…
—¿Una revuelta social?
—¡Si estas ocurren cada 10 años! Y aquí la última fue entre 1983 y 1986, cuando la gente paralizó la capital por semanas enteras. Así que es inminente. Pero Valdés es inexperto; era un muchacho para los ’80 y no sabe la chichita con la que se está curando. No entiende cómo se desatan estos procesos. Tiene que haber un ministro de Hacienda que entienda el problema y no juegue a provocar una recesión para parar las reformas contrayendo el gasto público y arriesgando que el desempleo se dispare, lo que es una irresponsabilidad política y económica. Su deber es sostener el consumo y para ello debe invertir en infraestructura, crear un seguro de desempleo especial para los que están perdiendo su trabajo en la minería. De lo contrario nos arriesgamos a una crisis económica profunda, peor que la asiática y muy similar a la de los ’80, es decir, bastante seria. Además que contamos con una institucionalidad política tambaleante… Imagine lo que puede pasar.
Mirando fijo, explica: —El sistema político no ha sido capaz de hacer los cambios que son necesarios. Toda reforma enfrenta siempre resistencias pero hay que sobrepasarlas, si no, es el sistema político el que se ve superado, que sería lejos el peor escenario.
—¿A qué se refiere?
—Es un hecho que existen fuerzas oscuras pugnando por emerger y que en momentos complicados de nuestra historia se han enseñoreado con el país y provocado una gran destrucción. Hablo de este lado miserable, cobarde, que frente al temor —a los cambios, al futuro, a la incertidumbre— reacciona agresivamente. Son fuerzas que aparecen cuando hay detrás poderosos que lo azuzan, hasta que el asunto se les escapa de las manos. Es lo que pasó el ’73. Ha transcurrido medio siglo y no terminamos de reconstruir, de enderezar y corregir todo lo que destruimos en ese momento. Encontrar la verdad, la justicia, terminar con la inmovilidad es el camino para que no se repita. Esa es mi lucha ahora.
—Concretamente, ¿cuál es el camino?
—Hay que continuar con las reformas en marcha, terminar con las AFP, eliminar de una vez el CAE de la glosa presupuestaria de este año (que se discutirá en septiembre en el Senado), renacionalizar el cobre y aplicar una política racional de recursos naturales. Esto reforzará al sistema político y le dará legitimidad a la Nueva Mayoría, a los grupos nuevos que están surgiendo, a la propia Presidenta y hasta a la derecha.
—¿Ve a Bachelet con el coraje,
la determinación?
—Ella es una mujer valiente, no me cabe duda, pero hoy mi papel no es mandarle recados sino que estar con los pies en la calle, que la gente salga y pida que se hagan las reformas y le exija al gobierno que cumpla. La batalla hay que darla ahora.
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