La emisión de un certificado al general (R) Juan Emilio Cheyre -en el que se establece que su nombre no figura en el Archivo Jurídico de la Vícaría de la Solidaridad vinculado a delitos por violaciones a los DD.HH.- generó una soterrada disputa en la emblemática entidad, gatilló la renuncia de uno los integrantes de su directorio y la revisión de los protocolos para la entrega de información.
Todos quedaron sorprendidos cuando el general (R) Juan Emilio Cheyre llegó junto a su abogado, Jorge Bofill, a las oficinas de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, ubicadas en La Reina. El ex comandante en jefe del Ejército había concurrido al lugar para entregar una carta en la que pedía a los encargados de la institución un requerimiento poco usual. “Vengo a solicitar a usted que se informe al infrascrito si en los antecedentes, información de trabajo u otro tipo de fuente disponible que obran en los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad existe alguna denuncia, acusación, constancia, queja o algún otro antecedente que vincule a mi persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas, que ocurrieron en Chile en el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990”, se lee en la misiva -a la que Reportajes tuvo acceso- que fue entregada por Cheyre a la secretaria ejecutiva de la fundación, María Paz Vergara, el 17 de agosto del año pasado.
Para nadie de los que estuvieron al tanto de esa tratativa el tema podía pasar por alto. Por primera vez un miembro de las Fuerzas Armadas requería información sobre su propia participación en casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar. Hasta ese día, la institución solo había trabajado con las víctimas de los apremios ilegítimos y con sus familiares.
A ello se sumaba que quien pedía la información no era un militar cualquiera. En ese momento, Juan Emilio Cheyre estaba preparando su defensa ante la justicia para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, en La Serena, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva del Ejército que recorrió el país para agilizar y revisar los procesos de detenidos tras el Golpe Militar: la operación terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 personas.
Y el otrora uniformado, además, fue el primer comandante en jefe del Ejército en asumir la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Augusto Pinochet. “Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”, señaló en 2004. El histórico gesto fue puesto en entredicho 12 años después, cuando el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. La defensa del general (R) ha sostenido que al momento de esos hechos éste sólo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se realizaron en el regimiento y que derivaron en los fusilamientos.
Justamente para reforzar ese argumento fue que Cheyre y Bofill llegaron a las dependencias de la Vicaría de la Solidaridad.
La respuesta. La secretaria ejecutiva de la Vicaría, María Paz Vergara, señaló que no supo bien cómo reaccionar frente a la solicitud de Cheyre. “En honor a la verdad, él tenía el derecho a preguntar”, afirma al ser consultada por la gestión.
Pero aunque tenía la facultad para responder los requerimientos que suelen llegar a la institución -en general de víctimas o familiares consultando por archivos de causas-, Vergara logró calibrar lo delicado de la petición y decidió consultar al presidente del directorio de la institución, Javier Luis Egaña.
El problema del certificado entregado a Cheyre radica en que el nombre del otrora uniformado sí aparece en los archivos de la Vicaría vinculado a Consejos de Guerra en 1973.
El ex director de la Secretaría de Comunicación y Cultura del gobierno de Ricardo Lagos y actual asesor de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de la Presidencia fue quien dio luz verde a la petición. El resto del directorio de la fundación, compuesto por Enrique Palet, Cristián Precht, Francisco Javier Manterola, Álvaro Varela, María Luisa Sepúlveda y Gustavo Villalobos, no fue consultado por el tema y se enteró con posterioridad, manifestando distintas reacciones frente a lo ocurrido.
Según pudo establecer Reportajes, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información referida a víctimas del período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. La respuesta fue enviada un día después a Cheyre. “En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, se lee en el documento, que fue enviado a los abogados del general (R) con la firma de María Paz Vergara.
La respuesta de la emblemática institución era esperada en la defensa de Cheyre: en sus manos estaba un certificado oficial de que su nombre no aparecía en los registros de la institución clave en la custodia de la documentación e información del trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad en defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Pero el problema se desató a días de conocerse en la institución la gestión solicitada.
Y es que -además de constituir un gesto inédito en la historia de la Vicaría de la Solidaridad- no pocos advirtieron que, contrario a lo que estipula el certificado despachado a Cheyre, el nombre del general (R) aparece en al menos cinco documentos correspondientes a fallos durante los Consejos de Guerra en La Serena ocurridos en octubre de 1973 y que están en los archivos del organismo.
En esos documentos el entonces teniente Juan Emilio Cheyre aparece firmando sentencias en contra de reos del Regimiento Arica por acusaciones que van desde “ocultar armas y explosivos” y “agitación política”, hasta “persona ejecutada”.
Estos son parte de los documentos que ligan al general (R)
Juan Emilio Cheyre con Consejos de Guerra efectuados en La Serena durante 1973.
Quienes conocen el funcionamiento del archivo de la Vicaría explican que el error se pudo cometer por un tema de procedimiento de los encargados del archivo, quienes buscaron en la base de datos ordinarios, la cual organiza la búsqueda por nombre de cada víctima. En esta línea -señalan las mismas fuentes- es poco probable que el nombre de Cheyre apareciera en los documentos que ellos manejaban.
Una situación que pudo arrojar un resultado distinto en caso de que se hubiese buscado en los archivos que resguardan las sentencias donde figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército como participante en Consejos de Guerra en cinco oportunidades.
“Políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”, afirma María Paz Vergara.
Al ser contactado por Reportajes, el presidente del directorio de la fundación y uno de los responsables de la decisión, Javier Luis Egaña, prefirió no referirse al tema, aduciendo “estar con la agenda copada”.
El quiebre reservado: El resto del directorio supo días después de la visita del general (R) Juan Emilio Cheyre y su abogado a la Vicaría y fue entonces que se desataron las desavenencias que -hasta hoy- se mantenían en reserva. Varios expresaron su molestia frente a lo que consideraron que la emisión del documento fue una equivocación de consecuencias insospechadas para la imagen de la institución.
La ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, fue más allá y, por medio de una carta, renunció a su puesto en el directorio de la fundación, generando un quiebre inédito al interior de ese organismo. “Ella es de las personas que más nos dan confianza, que más sabe de derechos humanos. María Luisa merece todo nuestro respeto, pero ella hubiera querido otro procedimiento y que fuera consultada”, reconoce el sacerdote Francisco Javier Manterola, también integrante del directorio.
Los intentos por retener a Sepúlveda para hacerla cambiar de opinión no tuvieron éxito. De todas maneras, la dimisión tomó carácter de indeclinable.
El resto de los miembros del directorio también hizo saber sus reparos. En primer lugar, pidieron revisar los protocolos y determinar si existen otras consultas formuladas por imputados en procesos por violaciones a los derechos humanos. En ese caso se estableció no responder directamente al solicitante, sino que sólo se entregue información a los tribunales.
Finalmente se debatió la improcedencia de la entrega de este tipo de documento y que ésta debió discutirse a nivel de directorio. “Pecamos de ingenuos”, sostienen, al tiempo que explican que también se demandó a Egaña que reconociera a otras organizaciones de derechos humanos que la decisión de entrega del certificado sólo fue visada por parte del directorio en caso de una eventual consulta.
“Si usted viene a mi casa y me pregunta: ¿Usted tiene algún documento que encuentra que Bernardo O’Higgins atrapó a las tropas argentinas? Y yo le digo que no tengo ningún documento y le doy esa respuesta. Eso no quiere decir que O’Higgins no haya hecho otra cosa. Eso fue lo que pasó. Nos enviaron la carta y nos encontraron de improviso. Fue un simple error de procedimiento”, dice Manterola.
“Yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”, argumenta María Paz Vergara.
El tema ha sido debatido en reserva en las organizaciones vinculados a la defensa de los derechos humanos, en parte para evitar la polémica pública y que se denote un quiebre en ese mundo.
El presidente de la Asociación de ex Funcionarios del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón, escribió una carta dirigida a Javier Luis Egaña expresando su preocupación por la labor de la fundación de Documentación y Archivo. Egaña respondió lamentando los hechos ocurridos y comunicando los cambios en la política de la fundación.
La Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, en tanto, también envió una misiva a la entidad que dirige Egaña, que no ha sido respondida, en la que advierten que lo ocurrido fue una situación “extremadamente grave”, y aseguran que el documento avala el comportamiento de Cheyre y que será utilizado por su defensa en el proceso.
María Luisa Sepúlveda renunció al directorio de la fundación y se abrió un soterrado debate entre las organizaciones de familiares y víctimas del régimen militar.
“No tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”, dice la presidenta de la agrupación, Sylvia Castillo.
La petición a Carroza
Hace unas semanas, el ministro que investiga la causa en contra de Cheyre, Mario Carroza, recibió la visita de integrantes del directorio de la Fundación Vicaría de la Solidaridad en su oficina en calle Compañía.
Los visitantes le preguntaron si el certificado de la entidad había sido presentado por la defensa del general (R).
Sin embargo, Carroza respondió que aún no estaba en conocimiento del documento al que aludían. Fue entonces que los miembros del directorio solicitaro
n al ministro que en caso de tener a la vista el certificado en cuestión se le advirtiera a la fundación para “realizar precisiones”. Extrañado, Carroza se comprometió a avisarles.
Fuentes judiciales -no obstante- precisaron que este tipo de antecedentes se suman al expediente como uno más de los presentados por la defensa del general (R).
Contactados por Reportajes, desde la defensa de Cheyre se afirmó que el polémico documento siempre estuvo pensado para ser utilizado en la causa que involucra al ex jefe militar en violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Sería -según explicaron- una “prueba de descargo” en favor del otrora uniformado. “Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron.
Así, la polémica podría reabrirse en enero, cuando Carroza dicte sentencia en el caso en el que Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.
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Carlos Herrera Jiménez: Mayor (R) de Ejército preso
hace 29 años: “No busquen en Punta Peuco la verdad que falta en DD.HH.”
A la espera del cierre del penal, el oficial de 65 años, que ha pasado casi 30 años privado de libertad por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, sostiene que falta información en las causas de DD.HH., pero apunta al Ejército y a quienes fueron cómplices pasivos del régimen. Aquí, uno de los primeros reclusos de Punta Peuco cuenta cómo se viven los últimos días de esa cárcel.
Por primera vez en los 22 años de existencia del penal Punta Peuco no hubo festejos el 11 de septiembre, cuando se conmemoraron 44 años del Golpe Militar. Antes, los internos organizaban un almuerzo y recordaban la “gesta” en que participaron -según algunos de ellos- para “librar al país” del gobierno marxista de la Unidad Popular.
Uno de los “socios fundadores” del recinto pelitenciario exclusivo de militares, como se autodenomina, el mayor (R) de Ejército Carlos Herrera Jiménez, condenado a cadena perpetua por el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y el carpintero Juan Alegría, tiene una explicación: “No están los ánimos”. El ex agente de la CNI que el próximo año podría optar por beneficios carcelarios agrega que “hasta el año pasado se celebraba, algunos ponían marchas militares, que a mí me cargan, pero este año no, y ¿sabe? es mejor, porque es una fecha que divide a Chile”.
Es jueves 28 y son las 9.30 horas. Los gendarmes de Punta Peuco cuentan a los internos. Es una práctica que se hace a diario antes del desayuno. Luego, algunos de los reclusos -todos militares condenados por violaciones a los derechos humanos- se acercan hasta una reja, la primera de cinco que los separan del mundo exterior, para pedir sus medicamentos, organizar su salida al médico o pedir algo.
Minutos después, con un libro de apuntes bajo el brazo, aparece Herrera Jiménez.
¿Cómo está el ambiente con el anuncio del gobierno sobre el cierre de Punta Peuco?
Hay de todo, algunos más preocupados que otros. Tengo 29 años y tres meses preso. He estado en cárceles en Argentina, La Serena, Puente Alto, o sea… sé lo que es la vida carcelaria. He estado 29 años y tres meses preso por causas de derechos humanos, de manera que para mí no es un tema que me preocupe, ni tampoco me siento llamado a defender la permanencia o no de Punta Peuco. ¿Sabe por qué? Porque estimo que se puede malinterpretar, que queremos mantener supuestamente este hotel de cinco estrellas del que hablan ciertas personas. Y eso no es así. Soy socio fundador de esta cárcel. Llegué cuando se construyó, cuando se hizo para la prisión del general Contreras. Antes de él habíamos tres presos.
Como socio fundador, y habiendo estado en otros penales, ¿no cree que esta es una cárcel con comodidades?
No. Esta es una cárcel como cualquier otra. Es un mito que hay más comodidades. Si usted ve estas paredes, lo que está pintado fue por los presos. Cuando recibimos esta cárcel no tenía ni muebles. La mayoría de las partes era obra gruesa. Si a 22 años de vida institucional esta cárcel está en mejor estado es por nosotros. La amoblamos, le ponemos cuadros que pintan los propios presos, los televisores los compramos nosotros, hicimos los jardines, todo.
¿Con recursos propios?
Claro. Si la mayoría somos pensionados. Si esta cárcel tiene mejores estándares, como dijo el ministro de Justicia, se debe a que es una cárcel que ha sido arreglada por los presos. Todos los años se pinta con cargo a nosotros. Si usted huele, no hay olor a orina ni a fecas, pero eso es porque nosotros limpiamos. Usted va a ver los baños, están impecables, y nos organizamos por módulo, nuestras piezas lo mismo. Le aseguro que si nos cambian de cárcel en un plazo de tres meses ese penal al que lleguemos vamos a arreglarlo igual y nuevamente nos van a tener que sacar, porque “es una cárcel de cinco estrellas”.
Por lo que entiendo, entonces, ¿a usted no le molesta el cierre de Punta Peuco?
Mire, el problema va más allá de esto. Y eso lo devela el ánimo de cierre de Punta Peuco. Acá falta una definición política, transparentar a 44 años del Golpe qué se pretende cambiándonos de cárcel. ¿Para qué nos cambian? ¿Para que vivamos peor? ¿Para que suframos? ¿Por qué nos cambian? Porque fíjese que esta cárcel se hizo en 1995 y el decreto de formación dice que es una cárcel de alta segmentación y de alta segregación, para cumplir delitos especiales ocurridos en un momento especial. Palabras más, palabras menos, es lo que dice el decreto.
Pero tienen más espacio, jardines, pueden salir al médico…
Pero esas condiciones no han cambiado de 1995 al 2017, sigue siendo igual. De esta cárcel hablan personas que no la conocen. Autoridades penitenciarias han dicho que esta cárcel cumple con todos los estándares de una común. Si está ordenada es por nuestra idiosincrasia: ¡Somos militares!, tenemos una formación distinta y un nivel socioeconómico distinto al reo común, pero no hay lujos, vengan a vernos… ¿Qué se pretende con este cambio? ¿Que vivamos mal? ¿Nos quieren ver con pantalones cortos, sin camisa y con un estoque como en las películas de las cárceles? Eso no va a pasar, ya no pasó aquí, probablemente en Colina 1 los internos que ya están allá también la están arreglando. Lo que falta acá es sinceridad, cuál es el objetivo de todo esto. Una explicación.
¿Cómo se enteraron del cierre?
Por las noticias. Pero sabe, todos los años, cuando se acerca septiembre, dicen que nos van a cambiar.
Pero este año la Presidenta dijo en CNN que cumplirá el compromiso con Carmen Gloria Quintana…
No tengo cómo saber si esa versión es cierta.
Aún así, ¿están preparados? ¿Lo hablan? ¿Se han organizado?
Bueno, si se hace, creo, no va a ser algo traumático. Algunos como yo tendremos que ayudar a los más abuelos. Acá casi todos somos viejos, pero algunos están peor que otros. No creo que Gendarmería vaya a adoptar medidas inhumanas para este cambio. Creo que se hará con la debida prudencia. Es evidente que nos va a cambiar la vida, porque esta es una cárcel donde solo estamos nosotros y veo poco probable que mis nietos vayan a ese nuevo penal. Como familia lo hemos conversado y no me gustaría exponerlos a ellos tan chicos a una fila en una cárcel común, tampoco a mis hijas. Va a ser triste, pero no quiero pensar en ellos en filas con visitas de cárceles comunes.
Afuera se habla de personas con avanzadas enfermedades, algunos terminales y con alzheimer… ¿Es así?
Claro que es así. Aquí hay personas que están con alzheimer. Hay tres aquí que no tienen idea de dónde están. Ahí la condena ya no es para esa persona, es para su familia, ellos ya no están acá.
¿Quiénes son?
El más conocido es el general Héctor Orozco. Hay otras dos personas, pero no me gustaría nombrarlas, porque no sé si ya saben que tienen alzheimer. Uno se da cuenta de que son repetitivos, hablan lo mismo siempre, preguntan lo mismo, andan como perdidos. En esos casos siento que hay un trato inhumano, pero no es de Gendarmería, es de los jueces cuando dictan sentencia y no se constata el estado de salud de la persona. En el caso del general Orozco, por ejemplo, el último examen de salud que tenía era de 2013, y fue condenado el 2017, en base a ese informe. El tribunal debió haberse fijado, porque usted se da cuenta desde lejos que la persona no está en sus cabales.
¿Les han hecho ver eso a los jueces que vienen a visitar el penal?
Es que no vienen mucho. Se supone que deberían venir semestralmente, pero cuando vienen cuesta mucho pedirles entrevista. Yo desde el 2008 que estoy en condiciones de pedir beneficios y no me los han dado.
Lo que pasa es que usted está condenado por delitos de lesa humanidad…
Eso es lo que se argumenta y ha habido una negativa sistemática por otorgarnos beneficios, porque la autoridad que debe hacerlo, el Ministerio de Justicia y los tribunales, tienen un ojo puesto en el expediente y el otro mirando al mundo político.
“El mundo político suele hablar de Punta Peuco como el palacio de la impunidad, y es lo contrario. Aquí están los que están pagando”.
¿Cómo es la convivencia acá?
La convivencia es buena. Hemos extremado las medidas de respeto para que no haya problemas. En esta cárcel no hay peleas.
¿Cómo es la rutina de un día normal en Punta Peuco?
Todos los días son como el mismo día. Me levanto alrededor de las 7 am, tengo una bicicleta elíptica en la cual hago 30 a 45 minutos de ejercicio. Tomo desayuno, y a las 9 de la mañana nos cuentan a los presos que estamos y verifican que no haya enfermos. Terminada esa “ceremonia matutina” quedamos a libre disposición. Algunos hacen deporte, otros caminan. En mi caso, escribo y leo mucho.
¿Y sobre qué escribe?
Estoy trabajando con pactos internacionales que dicen relación con la tenencia de reclusos y de condenados por delitos de lesa humanidad.
¿Ha descubierto algo?
¡Uffff! Cosas muy interesantes. Chile no respeta ninguno de esos pactos. El conflicto de los DD.HH. es un problema de Estado al igual que el conflicto mapuche. Ambos conflictos tienen un inicio y un desarrollo de tipo político y, como tal, deberían tener un final de carácter político. Y la solución política no significa tener impunidad, sino que nos ordenemos y nos pongamos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con el conflicto mapuche? ¿Qué vamos a hacer con el conflicto de los derechos humanos? Me parece que ese paso todavía no lo damos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir toda la vida sin reconciliarnos y vamos a seguir toda la vida con los mapuches peleando? ¿O vamos a buscar vías de solución? La primera pregunta que usted me va a decir es que falta verdad.
Claro. Eso es lo que exigen los familiares que aún no encuentran a sus padres, hijos, esposos…
Y estoy de acuerdo en que falta verdad.
¿Falta verdad de parte de quién? ¿Del Ejército? ¿De los agentes del régimen? ¿De dónde están los desaparecidos?
De todos. No busquen en Punta Peuco la verdad que falta en los casos de derechos humanos, porque esa ya está entregada. Y ya voy a llegar a su pregunta de dónde están. Cuando se judicializó el conflicto de los derechos humanos desde el ámbito político se decidió dar una solución del tipo judicial y esta, a su vez, fue el castigo penal. Pero, en sede penal, sólo son responsables las personas naturales vivas y no son imputables las personas jurídicas o las instituciones y las personas fallecidas. ¿Quiénes hicieron, diseñaron, planificaron, financiaron el Golpe Militar? Bueno, fueron las instituciones de la Defensa Nacional, a través de sus mandos designados por decreto supremo con nombre y domicilio conocido. Todos hoy están fallecidos. Están respondiendo de los hechos que ocurrieron del 11 de septiembre en adelante, las personas que cometieron el grave delito de ser jóvenes en aquella época.
¿Como usted?
Claro. Subtenientes en el caso de los oficiales y cabos en el caso de los suboficiales. Porque esos son los que quedan vivos. Hoy somos viejos. Pero quienes tienen la responsabilidad de los hechos están fallecidos.
Hay personas que también tenían su edad en esa época y que tampoco están acá…
A eso me refiero también. Cuando el ex Presidente Sebastián Piñera habló de cómplices pasivos, estoy de acuerdo con que hubo cómplices pasivos y que al día de hoy no han respondido. En el ámbito penal se debe determinar la participación y la responsabilidad de las personas en los hechos. Una cosa es la participación y la otra es la responsabilidad que se tiene. Por eso digo que cuando hablo de soluciones políticas, no tiene que ver con impunidad, sino que nos ordenemos en cómo lo vamos a hacer para poder solucionar o llegar a vías de solución de este conflicto. Porque si no vamos a vivir eternamente mal. Y volviendo a su pregunta de dónde están… fíjese que me atrevo a decir, responsablemente, que por la acción de la justicia de un universo aproximado de 1.500 detenidos desaparecidos -alguien podrá decir no, son 1.800 y otros no, son 1.300-, pero hablemos de ese universo, han aparecido más o menos 150. O sea, estamos hablando del 10%. Desde ese punto de vista falta verdad. Pero no somos los presos de Punta Peuco los encargados de dar la respuesta de dónde está el otro 90%. Porque los presos de acá, aunque suene un poquito jactancioso, han producido la trilogía perfecta: verdad, justicia y reconciliación.
¿Por qué cree eso?
Del juicio penal de los presos que estamos en Punta Peuco se han derivado acciones civiles que han ido a pagar las indemnizaciones de las víctimas nuestras. Pero no es el caso de otros. El mundo político suele hablar de Punta Peuco como el palacio de la impunidad, y es lo contrario. Aquí están los que están pagando, y en los cuales se han derivado acciones civiles que han redundado en la reparación de las víctimas.
¿Usted dice que hay personas que están en libertad y que tienen la información?
Claro que sí, y volvemos al problema. Acá el tema de los derechos humanos se solucionó judicializando los casos. Usted comprenderá que aquel viejito de 78 años, que vive con su viejita en una casa, y tiene algún grado de información que aún oculta, si tuviera la peregrina idea de ir a un tribunal y decir “yo sé dónde hay algo”, esa persona queda inmediatamente presa. ¿Usted cree que alguien que tiene información la va a entregar? Acá se ha privilegiado, para mi gusto, el castigo por sobre la verdad. ¿Qué vamos a querer: verdad o el castigo?, porque las dos cosas, a través de 27 años, han demostrado que no se pueden conjugar.
¿Ustedes no tienen más información?
La información se dio. Mire, la impunidad está afuera, busque la impunidad en cualquier lugar, menos en Punta Peuco. No la busquen aquí. Y cuando hay abogados querellantes que hablan que las instituciones tienen un grado de responsabilidad o tienen información, yo estoy de acuerdo con ello.
El ministro de Defensa y el comandante en jefe del Ejército dicen que se ha entregado toda la información. ¿Usted qué cree?
Que eso no es así, que tienen información, pero no es la información que están esperando. Yo creo que las instituciones tienen algo que decir, probablemente no sea dónde hay detenidos desaparecidos. Eso creo yo y lo afirmo… no tienen por qué saberlo. Pero las instituciones, y no me refiero sólo al Ejército, sino que a las cuatro instituciones de la Defensa Nacional, les falta dar algún tipo de información. No han dicho, por ejemplo, quiénes son los mandos que tienen algún grado de responsabilidad. Hay registros de los procedimientos, tienen que estar.
¿Esa información se ocultó?
No sé si se ocultó o no, pero no se ha entregado. O no se ha querido entregar. No han informado sobre procederes, que es también importante. Se lo grafico con un ejemplo. Creo que faltó que en este caso el Ejército, a través de su comandante en jefe, hubiese aclarado que no es justo ni posible que el general Contreras haya tenido la misma pena que el cabo Basclay Zapata, porque no es justo. Porque los grados de responsabilidad y de participación no son iguales. Sin embargo, tienen la misma pena. No es posible que suboficiales tengan la misma pena que sus jefes. Eso no se usa militarmente, y si se usa así, entonces hay que reformar toda la malla curricular de las instituciones.
Como la hipótesis que plantea Cheyre…
Y en el caso de Cheyre se vuelve a demostrar el problema que antes planteé. Como está judicializado, sólo son responsables las personas vivas. Y los que le dieron la orden en el lugar donde estaba Cheyre están muertos. ¿Cómo lo hace Cheyre ahora? Va a tener que pagar él como cómplice.
“No es posible que suboficiales tengan la misma pena que sus jefes (…). Los grados de responsabilidad y de participación no son iguales. Sin embargo, tienen la misma pena”.
Si le propusieran a personas que tienen información contar la verdad y no ir a la cárcel, ¿cree que lo harían?
La verdad, no lo sé. Podría ser una de las tantas soluciones que se pueden explorar.
Pero hay personas acá que siguen negando participación…
No. Yo creo que la gente que está acá ya habló y por algo está presa. Pero es distinto en el caso de otras personas que a lo mejor no han entregado la información porque no hay ningún estímulo para que lo hagan. Y eso hay que decidirlo pronto, porque esas personas se están muriendo y es fundamental que hagamos un alto y nos pongamos de acuerdo. Busquemos soluciones políticas. A través de las soluciones políticas se pueden dictar leyes. Por la acción de la justicia en 27 años han aparecido alrededor de 78 personas. Juzguen ustedes. ¿Está bien esa velocidad de hallazgos? ¿Chile resistirá ese tiempo? ¿Los familiares resistirán esperando 23 o 24 años más? ¿Podrá seguir esperando doña Ana González de Recabarren, que tiene desaparecidos a su cónyuge, a dos hijos y la nuera, para que reciba su indemnización? ¿Será justo? Es injusto, más cuando políticos perciben indemnizaciones hace años y sale de nuevo el chilenismo de los pitutos.
¿Dice que hay gente que ha zafado de la justicia por influencia política?
Así es, y políticos también. Yo hablé en mi proceso de un edecán que era hermano de un connotado dirigente (Enrique Krauss) que fue exonerado de toda culpa en Pisagua. Y él era mi jefe. Yo estoy preso y él libre. Y se dio la paradoja que judicialmente quedó establecido que mientras este señor ‘contaba remedios’ en la enfermería del recinto, el subteniente Carlos Herrera, es decir yo, se hizo cargo de todo, del campamento militar de prisioneros de guerra, el más grande que había en Chile. Y se hizo cargo de la tropa, de la Armada, de Carabineros y de Gendarmería de esa época. ¡Eso es un absurdo desde el punto de vista militar! Ahí falta también que la institución saque la voz e indique que eso no es posible. Pero se hizo y la justicia lo dio por hecho. Yo no puedo otra cosa sino pensar que hubo una mano política que ayudó. Tengo asumidos mis crímenes y mi castigo, pero lo que quiero es graficar que en el caso de los DD.HH. hay quienes han logrado escapar gracias al “pituto”.
¿Cree que levantando el secreto de la Comisión Valech se puede obtener más información?
No lo creo. Todo apunta a que se guarde silencio. Fíjese con este asunto de judicializarlo todo y pasarlo al ámbito penal, lo que se ha logrado ha sido silencio más que verdad.
Las agrupaciones de DD.HH. buscan que ustedes estén en una cárcel común…
Si nosotros somos condenados por delitos de lesa humanidad, entonces nos asiste la Convención de Ginebra, que en su artículo 77 de la segunda convención dice que tenemos que estar en un lugar aparte, entonces Punta Peuco se justifica.
Usted colaboró, se arrepintió y pidió perdón, pero hay compañeros suyos que aún creen que cumplieron su deber…
Qué bueno que me tocó el tema, se me estaba olvidando. Sí, pues, es que es así. Mire, voy hablarle de mí, que es el tipo que más conozco. Yo di muerte a Tucapel Jiménez y al carpintero Alegría. Y por muchos años me sentí muy orgulloso de eso. Que el Estado a través de mi jefe haya confiado en mí para dar muerte, en este caso a Tucapel Jiménez por ser un traidor a la patria. Yo estaba convencido de eso y que así era y me sentía muy orgulloso. Pero con el paso del tiempo me enteré de otras cosas que no eran. Que a mí no se me contó la verdad, que me mintieron, bueno eso está en el expediente. Hay mucha gente que, como yo, pensó que lo que hizo estuvo bien y que sigue pensando que lo que hizo estuvo bien, porque fue la orden que recibieron.
¿Se sienten héroes?
En Punta Peuco no hay nadie que se sienta como héroe, sería un absurdo. Los héroes no están presos.
Si saliera de la cárcel, ¿qué haría?
Irme al campo, vivir con mi señora, malenseñar a mis nietos y ver si puedo retomar mi hobbie, la radiodifusión.
¿Cuándo cree que van a cerrar el penal?
No creo que la Presidenta se quiera generar otro problema más de los que ya tiene. Tiene otros problemas más importantes que resolver, como por ejemplo el conflicto mapuche.
Piñera ahora tiene altas posibilidades de ser gobierno. Él cerró el penal Cordillera, ¿qué esperan de él?
Yo no espero nada. Piñera ya fue Presidente, y yo pasé los cuatro años acá, le pedí el indulto y me dijo que no. Yo no espero nada de Piñera, no sé el resto.
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