Denuncia en la Contraloría pidió indagar la existencia de grupos partidistas en la entidad penitenciaria. La primera denuncia para investigar a los grupos políticos que operan dentro de Gendarmería se plasmó el 27 de mayo de 2015. El oficio número 53, presentado por cinco oficiales penitenciarios, pedía a la Contraloría indagar “la existencia de los autodenominados núcleos representantes de los partidos políticos de la Nueva Mayoría”. Por años estas agrupaciones funcionaron en la institución. Incluso, según el mismo oficio, dieron paso a la proliferación de “un conjunto de operadores políticos que presionan a la autoridad formal para favorecer sus propios intereses”.
En medio de la crisis en Gendarmería y los cuestionamientos por el pago de millonarias pensiones a trabajadores en retiro, La Tercera analizó a quiénes están detrás de estos “núcleos políticos” y la forma en que se coordinan para ganar influencia dentro de la entidad carcelaria.
El cruce de nombres, contratos y fechas de ingreso, bajo la modalidad de “planta”, “contrata” y “honorario”, evidenció que casi medio centenar de funcionarios se vincula abiertamente con partidos de gobierno. Desde el interior de Gendarmería estiman que estos casos superarían los 400.
Estas agrupaciones, llamadas internamente “brigadas”, funcionan de manera independiente a cada partido. Incluso los militantes de los partidos de la Nueva Mayoría realizan una suerte de “comité político”, símil de lo que se hace en La Moneda, en El Olímpico, un pequeño local de comida casera ubicado a pasos de la Dirección Nacional de calle Rosas, en pleno centro capitalino. La estructura orgánica es tal que en la discusión constitucional, los funcionarios de Gendarmería organizaron un encuentro local, el 23 de junio, en la sede del PS. “Ven con tus colegas”, decía el llamado de la denominada mesa Nueva Mayoría Genchi, que agrupa a seis partidos de la coalición. Solo faltó el MAS.
La integración de militantes y cercanos a partidos inclina la balanza hacia la Nueva Mayoría. Sin embargo, entre agosto de 2011 y septiembre de 2014, en el gobierno de Sebastián Piñera, la esposa del actual secretario general de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes, asumió la jefatura del Departamento de Reinserción Social de Gendarmería a cambio de una remuneración de $ 4,4 millones.
En el caso de los funcionarios afines a la coalición de gobierno destacan casos como el de I.A.A., asistente social vinculada al Partido Radical, quien asumió funciones de “apoyo en las tareas y compromisos de la unidad en que se desempeña”. Por esta labor se le pagaba $ 1,5 millones brutos.
Entre las colectividades que mantienen mayor presencia se encuentra el Partido Radical (PRSD), el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC). A esta última tienda era afín el renunciado director nacional de Gendarmería, Tulio Arce.
La influencia radical se enmarca en el interés del partido por asumir el Ministerio de Justicia, cartera de la cual depende Gendarmería y otros servicios como el Sename y el Registro Civil. Isidro Solís y Carlos Maldonado, ambos radicales, ocuparon este cargo durante el primer mandato de Michelle Bachelet. En su segundo período, en tanto, José Antonio Gómez asumió la cartera hasta 2015, cuando fue reasignado a Defensa.
Además del director nacional Jaime Rojas Flores (PPD), dentro de la repartición existen tres cargos estratégicos: la subdirección operativa, técnica y de administración y finanzas. Estos cargos se repartieron entre el partido de Izquierda Ciudadana (IC); Socialista y Radical, respectivamente.
En de la entidad carcelaria los nombres de los líderes de cada brigada son conocidos por los funcionarios. En el caso del Partido Radical, el abogado Zoran Sfeir sería el nexo del conglomerado con sus adeptos. En el PPD, el vínculo sería Armando Flores. En la DC, Fernando Flores actuaría como canalizador de las demandas de sus simpatizantes, mientras que por el Partido Comunista, José Ortega sería el líder de esa tienda. En el caso de la Izquierda Cristiana, Claudio Chandía oficiaría de nexo con el partido y en el Partido Socialista este rol lo asumiría Miriam Ortega.
Consultada al respecto, Ortega defendió la militancia de funcionarios dentro de la entidad: “Los políticos de esta institución no son los que han echado a perder esta institución, más bien somos un aporte a esta institución. Somos los que hemos entregado nuestros conocimientos, mayoritariamente los políticos son profesionales y desarrollan puestos profesionales”. Un cálculo preliminar del PS cifra en 70 los militantes que integran las filas de la entidad carcelaria. “Es completamente legítimo y legal que un funcionario de Gendarmería sea militante de un partido, siempre y cuando esa militancia no interfiera en sus labores profesionales. Y no diría que la institución está cooptada ni mucho menos, pero sí reconozco que al interior de Gendarmería hay grupos de poder vinculados a algunos partidos”, dice Pablo Velozo, Secretario General del PS.
Pagos y redes sociales. El análisis de las contrataciones permitió determinar que existen, al menos, 24 cupos con sueldos de entre $ 1 millón y $ 4,5 millones, que mantienen nexos con el PRSD. En el segundo grupo están los DC, partido cercano a la actual ministra Javiera Blanco. En la lista de esa tienda figuran otros 13 funcionarios con salarios de entre $ 900 mil y $ 2,4 millones.
Tras revisar las contrataciones de personal a honorario desde marzo de 2014, mes en que Michelle Bachelet asumió su segundo mandato, hasta diciembre del mismo año, se incorporaron 234 personas a Gendarmería. Esto significó un costo mensual para el Estado de $ 181 millones, según cifras de Transparencia. En la institución aseguran que “acercarse a un partido te abre las puertas para tener ascensos en tu carrera”.
Sin embargo, para el ex ministro de Justicia Isidro Solís (2006-2007), ligado al Partido Radical, “aunque a la gente le llame la atención, Gendarmería es un servicio de la administración del Estado. La militancia del personal uniformado en un partido político no es ilegal ni está prohibido en los reglamentos internos”. Una forma de mantener activa la participación partidista en Gendarmería es la creación de grupos en redes sociales. Es el caso de “Genchi DC”; “Brigada Genchi” y “Radicales de Genchi”, que agrupan a más de 120 personas.
El miércoles la presidenta de la DC, Carolina Goic, presentó un proyecto para modificar la fórmula de designación del director nacional de Gendarmería (que hoy es una atribución discrecional del ministro de Justicia) y prohibir la militancia en partidos políticos por parte de sus funcionarios. “La iniciativa busca que el director de la institución sea de las filas de Gendarmería y que se escoja dentro de las ocho mayores antiguedades de la institución”.
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Ex director PS de Gendarmería que pagó millonarias
asesorías a políticos y que renunció tras escándalos,
seguía contratado en la entidad
Hugo Espinoza dirigió la institución entre 1998 y 2002, período en que pagó millonarias asesorías a los ex ministros Maldonado, Puccio y Hornkohl. Durante el gobierno de Piñera fue despedido pero volvió con Bachelet en 2014. Actualmente recibe casi $3 millones por hacer clases en la Escuela de Gendarmería, pero el Ministerio de Justicia admitió que lo despedirá. Publicado el 23.07.2016
Hugo Armando Espinoza Grimalt, histórico militante socialista vinculado a Gendarmería durante las últimas tres décadas, volvió a aparecer en el tapete público ayer luego de que se revelara que el Ministerio de Justicia decidió terminar su contrato de asesor. El sociólogo que milita desde los 17 años en el PS, dirigió la institución entre 1998 y 2002, luego siguió vinculado a la planta funcionaria durante el primer gobierno de Michelle Bachelet entre 2006 y 2010 –aunque trabajaba en la Segpres-; pero el director de Gendarmería, Luis Masferrer, nombrado por el gobierno de Sebastián Piñera, le pidió la renuncia. Sin embargo, la vuelta de Bachelet a La Moneda le permitió a Espinoza regresar en agosto de 2014 a Gendarmería como jefe del Centro de Reinserción Social Santiago Oriente, y con un sueldo bruto superior a $3 millones.
Los cargos de sus familiares en Gendarmería. De ese cargo salió en medio de denuncias de abusos laborales a los funcionarios, y fue derivado a hacer clases en la Escuela de Gendarmería y asesorar al director por un sueldo muy similar, cercano a los $3 millones, y grado cinco, equivalente al de jefaturas de departamento. La presidenta de la Asociación de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), Viviana Camilo, afirmó a este medio que el subdepartamento de Servicios Sociales investigó las denuncias de abusos laborales de Espinoza contra cuatro funcionarios. “Le dije que cómo siendo ex director de Gendarmería era maltratador”, señaló la dirigenta.
Su primo, el coronel Maurice Grimalt, es el segundo en el mando en Gendarmería con el cargo de subdirector operativo; y su hermano Mario Espinoza Grimalt es jefe administrativo de unidad. Sin embargo, ante una consulta de La Tercera sobre las funciones de Espinoza en la institución, en el Ministerio de Justicia señalaron este jueves que “en las últimas horas” se había tomado la decisión de desvincularlo, lo que estaba en proceso de notificación.
Pagó millonarias asesorías a dirigentes de la Concertación
Durante su gestión como director de Gendarmería, Espinoza pagó millonarias asesorías a dirigentes políticos de la entonces Concertación, como los ex ministros Carlos Maldonado ($15 millones), Osvaldo Puccio ($20 millones) y Marigen Hornkohl ($40 millones).
El 17 de octubre de 2007 el ex director declaró ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y dijo que las contrataciones de los políticos se justificaban porque tenían experiencia en el sistema penitenciario y en la reforma procesal penal que se implementaba en el país. Espinoza reconoció que en 2000 se duplicó el número de contrataciones a honorarios en Gendarmería, que significaron un gasto de $400 millones, muy superior a los $100 millones que se pagaron en años anteriores.
También admitió que las personas a honorarios no realizaban labores a tiempo completo, sino que cumplían una función específica que consistía en brindar una asesoría al director nacional “en todo aquello que tuviera que ver con la modernización del sistema penitenciario, para ajustarlo a los requerimientos de la reforma procesal penal”. El ex director reconoció que no recordaba haber leído los informes que debían presentar los asesores, pero presume que, por tratarse de 18 documentos oficiales, debían hallarse archivados en la repartición correspondiente de Gendarmería. Admitió, por otro lado, haber prestado asesoría a ésta durante algún tiempo, también en calidad de honorarios, pero ese vínculo cesó un mes antes de asumir como director institucional. Por dichas asesorías recibió casi $18 millones.
Además, admitió que siendo director del organismo, se pagó a los jefes de gabinete del ministerio de Justicia un honorario con fondos de la repartición a su cargo. En su currículum político está el haber sido fundador y subdirector de la Oficina de Seguridad Pública durante los 90′, entidad de contra-inteligencia cuya tarea era neutralizar, desarticular y eliminar a las organizaciones revolucionarias de izquierda.
La polémica licencia médica de Espinoza. En noviembre de 2007, el entonces ministro de Justicia de Bachelet, Carlos Maldonado (PR), debió dar explicaciones ante dicha comisión investigadora por la denuncia de que Hugo Espinoza presentó una licencia médica de 11 días como funcionario de Gendarmería en 2005, aunque había renunciado en 2002, y trabajaba a tiempo completo como asesor en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La licencia fue enviada a la Dirección de Previsión de Carabineros a nombre de Espinoza en calidad de “profesional” de Gendarmería y residente en la “Dirección Nacional”. La explicación del involucrado fue que pese a que había salido de la institución mantenía un cargo de funcionario de planta, institución en la que en esa época ya llevaba más de 15 años. También dijo que otra persona cumplía su labor y que sólo recibía el sueldo de la Segpres pero que accedía a los beneficios previsionales y de salud en Gendarmería.
“Por tener un cargo de planta profesional en Gendarmería pertenezco al sistema de salud de Dipreca, donde hago mis cotizaciones y donde paso todas mis licencias. Pero sólo recibo el sueldo de la Segpres y mi cargo en Gendarmería, por suplencia, se encuentra ocupado por otra persona”, explicó a La Tercera en noviembre de 2007.
Su función en el centro de estudios del PS
Además del trabajo que tenía en Gendarmería, el sociólogo está encargado de la coordinación general de programas y áreas del Instituto Igualdad, que es una fundación de derecho privado creada por el Partido Socialista, y que busca “fortalecer las instituciones democráticas y republicanas de Chile, en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad”.
En ese cargo integró la Comisión de Justicia y Seguridad Ciudadana de la campaña presidencial de Bachelet en 2013, que estuvo liderada por la ahora ministra de Justicia, Javiera Blanco. En abril pasado integró una comisión especial de la Nueva Mayoría para abordar el proceso constituyente y promover los cabildos ciudadanos.
Incluso, Espinoza colaboró en la redacción de un documento que se distribuyó entre los militantes socialistas y que define la postura del PS frente a una nueva Constitución. “El PS ha definido en sus últimos congresos apoyar la asamblea constituyente como mecanismo para elaborar una nueva Constitución”, señala el texto, que enumera los derechos fundamentales defendidos por los socialistas.
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