ACUERDO PARA LA PAZ COLOMBIA: 2016

 ACUERDO PARA LA PAZ COLOMBIA: 2016 1

Reforma rural integral INFO

1 Hacia un nuevo campo colombiano 

En pocas palabras Colombia tomará en pocos días una decisión histórica. Aprobará o desaprobará mediante el voto popular el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz sostenible. La pregunta que cada ciudadano encontrará en el tarjetón tendrá solo dos opciones de respuesta: Sí o No. Por eso, como señaló la Corte Constitucional en su sentencia sobre el plebiscito, las personas tendrán que ponderar su decisión tomando el acuerdo como un todo, con todos los matices, críticas y beneficios. El gobierno y las Farc reconocen en este punto que el problema agrario ha gravitado en el conflicto armado durante el último siglo y ha incidido en la persistencia de la violencia. Por ello coinciden en que resolverlo es esencial para construir una paz estable y duradera. En el acuerdo se hace una propuesta integral de desarrollo rural, con énfasis en el territorio, dirigida a superar la brecha de pobreza y desigualdad que hoy existe en las regiones tanto en lo social como en lo económico y político. Por esta razón no se limita a dar acceso a la tierra aunque este aspecto es su columna vertebral, sino que reconoce la necesaria intervención en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología, etcétera. Ninguno de los aspectos acordados pone en cuestión ni a la agroindustria, ni a la gran propiedad, ni mucho menos a la propiedad privada. Por el contrario, establecen la necesidad de aclarar títulos y propiedades sobre el suelo para lograr un verdadero desarrollo económico. No obstante, sí hace especial énfasis en la necesidad de democratizar el acceso y uso de la tierra, pues hay suficiente evidencia de que la desigualdad en el campo es un obstáculo para el desarrollo y modernización del país. También resalta la economía campesina, al reconocer que ha sido duramente golpeada por el conflicto y que es esencial para la producción de alimentos y la superación de la pobreza rural.  

LOS ACUERDOS NO PONEN EN CUESTIÓN NI A LA AGROINDUSTRIA NI A LA PROPIEDAD PRIVADA. POR EL CONTRARIO, BUSCAN ACLARAR LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA COMO BASE DE UN VERDADERO DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. LAS CLAVES DEL ACUERDO 

1. DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LA TIERRA. El acuerdo contempla tanto la entrega gratuita de predios como los subsidios para la compra y créditos especiales, a través de los siguientes instrumentos: Fondo de tierras. El eje de este punto son 3 millones de hectáreas para campesinos que carecen de ella o tienen muy poca. Estas tierras son inembargables e inalienables por siete años (ver recuadro). Formalización de los títulos. Más del 60 por ciento de los predios rurales en Colombia tienen propiedad informal o carecen de títulos. El acuerdo busca que esa situación, que ha dado pie al despojo y a múltiples conflictos, se supere. La meta es formalizar 7 millones de hectáreas. Así mismo mantener el programa de restitución de tierras y crear una jurisdicción agraria para proteger los derechos de propiedad. Catastro rural. Aunque este ha sido un plan del gobierno desde hace años, no se había logrado en parte justamente por el conflicto. El catastro ordena el sistema de propiedad y puede tener un gran impacto en las finanzas de los municipios, ya que a través de este se establece el impuesto predial. Actualmente, el recaudo de este gravamen en el sector rural es ínfimo. En los acuerdos se habla de que el predial debe ser progresivo y equitativo, es decir, que quien más tiene más paga. Esto contribuye a combatir el latifundio improductivo. El acuerdo se pone como meta siete años para que esté terminado el catastro rural.  

7 MILLONES DE HECTÁREAS EN TÍTULOS DE PROPIEDAD FORMALIZADOS ES LA META ESTABLECIDA EN LOS ACUERDOS Delimitar la frontera agraria y proteger las áreas de interés ambiental. El conflicto armado fue una de las causas de que se corriera la frontera agraria con la depredación del bosque que ello implica. El acuerdo busca cerrar esa frontera y que se defina un uso más racional de la tierra, a través de figuras de ordenamiento territorial como las zonas de reserva campesina que ya se encuentran o las que se creen. Estas zonas existen desde hace más de dos décadas y están contempladas por la ley. 

2. PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL Se crearán 16 programas de desarrollo rural en subregiones fuertemente golpeadas por el conflicto. Abarcan las zonas rurales de más de cien municipios con altos índices de pobreza, con menos presencia institucional y con economías ilícitas por superar. Son programas intensivos de reconstrucción material y social, con énfasis en la reconciliación y con alta participación de las comunidades en su diseño y ejecución. 3. PLANES DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y FORMALIZACIÓN LABORAL Así como los programas anteriores están focalizados en zonas especialmente golpeadas, habrá planes sectoriales de impacto nacional para superar la pobreza y el atraso en infraestructura, salud, educación, asistencia técnica y para mejorar la calidad del empleo en el campo. 4. SEGURIDAD ALIMENTARIA En el sector rural existe el hambre y es donde mayor impacto tienen la pobreza y la indigencia. También se hará énfasis en la economía familiar para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas que habitan el sector rural. LA ECONOMÍA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA ES FUNDAMENTAL PARA ERRADICAR LA POBREZA Y DESIGUALDAD RURAL. LOS DESAFÍOS 

1. EL DINERO Y LOS TIEMPOS El desafío de sacar a las familias campesinas de la pobreza es monumental y todo dependerá de dónde se comience y cuáles metas se tracen de corto, mediano y largo plazo.  

2. SE NECESITA A LOS PRIVADOS El Estado no tiene los recursos para un desarrollo rural integral dado el atraso de décadas. Por lo tanto requiere inversión privada y extranjera, lo cual genera resistencias en algunos sectores y comunidades. Se trata más de tener reglas claras que de demonizar su participación. A propósito, ya está diseñado un paquete de incentivos tributarios para que las empresas inviertan en las regiones por recuperar en el posconflicto.  

3. EL ACUERDO NO MENCIONA ACTIVIDADES RURALES DIFERENTES A LAS AGROPECUARIAS Actividades rurales diferentes como la minería, el turismo, el petróleo, etcétera, muy a pesar de que la Misión Rural y el informe del PNUD sobre la Colombia rural demuestran que hay actividades diversas en este sector. Es decir que queda pendiente un ordenamiento territorial del país que sirva de marco a este acuerdo agrario. ¿De dónde saldrán las hectáreas para el Fondo de Tierras? Este tema es tan complejo que va a ser necesario que el Estado tenga que comprar tierras si quiere entregarlas a los campesinos. COLOMBIA es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo en la tenencia de la tierra. Los estudios nacionales e internacionales encuentran en la concentración de la propiedad rural un obstáculo para el desarrollo y modernización del país, y un factor asociado a la duración del conflicto. Para democratizar la tierra el acuerdo busca crear un fondo de 3 millones de hectáreas para asignar de manera gratuita, o bien con subsidios o bien con créditos a campesinos pobres. Esas tierras tendrán varias fuentes. La primera serán los baldíos de la Nación. En Colombia quedan pocos baldíos sin ocupar, sin embargo, el Estado deberá recuperar muchas de sus tierras usurpadas por privados. Pero eso ha sido hasta ahora un camino largo y tortuoso. Adicionalmente el gobierno no sabe cuántos baldíos hay.  

Una segunda fuente serán las tierras sometidas a la extinción de dominio de actividades ilegales. Esta figura ya existe pero ha sido aplicada de manera muy precaria hasta ahora, ha habido corrupción en estos procesos y la cantidad de recursos jurídicos que se interponen han hecho muy difícil su recuperación. El reto es acelerar y darle transparencia a estos mecanismos. 

 Una tercera fuente serán la expropiación con indemnización por razones de interés público y la extinción del dominio por vía administrativa por razones de improductividad. Este punto ha generado malos entendidos porque algunos creen que se trata de acabar con el latifundio, lo que no está pactado aunque sí hace parte de los propósitos de las Farc. Ambos recursos existen desde hace muchas décadas en Colombia, pero tampoco han sido fáciles de aplicar, especialmente porque es difícil probar cuando hay improductividad. Un cuarto recurso será la redefinición de reservas forestales, pues en el país muchas de ellas en la práctica ya no lo son, debido a que hay personas asentadas y produciendo. Esto más que dotar de tierras al fondo serviría para legalizar títulos hoy en el limbo. Una última fuente serán las donaciones, pues no se descarta que algunos quieran aportar así al posconflicto. Pero este es un interrogante sin respuesta y en todo caso no sería muy significativo. Dado que el gobierno se compromete a entregar 3 millones de hectáreas y que estos instrumentos para la creación del fondo, aunque loables, están rodeados de incertidumbre históricamente las instituciones no han podido aplicarlos con celeridad, se prevé que el Estado tenga que comprar tierras. Se cree, incluso, que uno de los rubros más altos del acuerdo será este y hay dudas sobre su financiación. 

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  Participación política 2.

Apertura democrática para construir la paz El acuerdo reconoce que para construir y consolidar la paz en los próximos años se necesita ampliar la democracia para permitir a los partidos políticos, movimientos sociales y nuevas fuerzas, en especial de oposición, participar en las elecciones y distintos espacios de contienda política sin que sean estigmatizados, perseguidos, amenazados o asesinados. Se trata de fortalecer el pluralismo a través de una apertura basada en tres pilares fundamentales: la participación ciudadana, las garantías para la competencia electoral y el debate público, y una mayor representatividad de quienes hasta ahora han estado excluidos del ejercicio político. El trasfondo de esta apertura democrática es proscribir para siempre la violencia de la política y sentar las bases para una reconciliación en esta materia. En ese sentido construir un clima propicio para que opciones diferentes, de izquierda o de derecha, nacionales o locales, sectoriales o amplias ingresen a la vida pública con todas las garantías. El acuerdo busca también fortalecer los movimientos sociales y partidos políticos, así como a las nuevas fuerzas que surjan en el tránsito de los miembros de la guerrilla a la vida civil. Se fomentarán la inclusión y el respeto al opositor político y se creará una legislación que permita mayor acceso de estos movimientos y partidos a recursos económicos y espacios de participación como los medios de comunicación.  

EL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN Y LA REFORMA ELECTORAL SON LOS DOS DESAFÍOS DEL ACUERDO YA QUE AMBOS HAN SIDO UNA VIEJA PROMESA INCUMPLIDA LAS CLAVES DEL ACUERDO 

1. DERECHOS Y GARANTÍAS PLENAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Estatuto de la Oposición. Para garantizar que los partidos políticos y movimientos sociales opositores participen en los espacios democráticos, y para proteger la integridad y la vida de sus integrantes, los negociadores acordaron crear el Estatuto de la Oposición. Para ello se instauró una comisión con presencia de todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y con voceros designados por las Farc, para que defina los lineamientos que deberá tener el Estatuto de Oposición que se presentará al Congreso. Sistema Integral de Seguridad. Se crea este sistema para proteger a quienes están en el ejercicio de la política, dependiente directamente de la Presidencia de la República. Contará con mecanismos de alertas tempranas para detectar de manera rápida los posibles casos de estigmatización y persecución política, y con un programa de protección especializada de los miembros del nuevo movimiento político que surja de las Farc, así como líderes que se encuentren en alto riesgo de sufrir algún atentado por sus actividades. 

 16 SERÁN LAS CURULES EN LA CÁMARA QUE TENDRÁN LAS REGIONES MÁS GOLPEADAS POR LA GUERRA, POR DOS PERIODOS 

2. MECANISMOS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Garantías para los movimientos sociales. Este aparte se enfoca en las garantías que el Estado colombiano otorgará a los movimientos y organizaciones sociales. Se acordó que se presentará ante el Congreso un proyecto de ley en el que se reglamente el derecho de réplica de estos grupos cuando sean difamados por las distintas instancias gubernamentales, se establezcan mecanismos de asistencia técnica y legal para el fortalecimiento de los movimientos sociales, y se incentiven mecanismos de financiación para proyectos de estas organizaciones. Además, el gobierno se compromete a facilitar el acceso de los movimientos sociales a los medios de comunicación comunitarios, regionales y nacionales. Se acaba la estigmatización. El acuerdo contempla el diseño de campañas que prevengan la estigmatización contra estas organizaciones e incentiven la reconciliación, el pluralismo y la tolerancia. Todas estas acciones estarán coordinadas por el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia conformado por representantes del gobierno, del Ministerio Público, de los partidos y movimientos políticos, de las Iglesias, de las minorías étnicas, entre otros. El acuerdo hace especial énfasis en garantizar el derecho a la movilización y a la protesta y en la manera como la fuerza pública resguarda y contiene estas manifestaciones, así como en el fortalecimiento de las estrategias de planeación participativa, control y veeduría ciudadana que las organizaciones sociales pueden establecer a las instituciones políticas.  

PARA SENTAR LAS BASES DE UNA RECONCILIACIÓN DURADERA, EL ESTADO COLOMBIANO DEBERÁ FOMENTAR EL PLURALISMO POLÍTICO, FORTALECER LAS GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y LUCHAR CONTRA LA PERSECUCIÓN DE LÍDERES DE MOVIMIENTOS Y PARTIDOS POLÍTICOS 3. MEDIDAS PARA PROMOVER EL PLURALISMO El tercer eje de este acuerdo busca promocionar el pluralismo político y aumentar el acceso de los distintos partidos a los órganos de representación locales regionales y nacionales, con los siguientes instrumentos, entre otros: Mantener las personerías jurídicas. Se pactó el compromiso de promover una reforma para que el umbral en las elecciones del Congreso deje de ser requisito para que los movimientos conserven su personería jurídica, y realizar una campaña de cedulación masiva en zonas marginadas del país. Promover una reforma del régimen y la organización electoral, a través de una misión electoral especial, y conformar un Tribunal Nacional de Garantías Electorales y de tribunales especiales seccionales en las circunscripciones con mayor riesgo de fraude. Esa reforma se ha tratado de hacer durante más de una década y no ha sido posible. Nuevas curules para las regiones. Se creará una circunscripción transitoria especial de paz con 16 cupos en la Cámara de Representantes por dos periodos electorales destinados para las regiones más golpeadas por el conflicto. Podrán competir por ellas solo movimientos que no participan en la circunscripción ordinaria (ver recuadro). LOS DESAFÍOS 1. EN COLOMBIA HA SIDO DIFÍCIL REFORMAR EL SISTEMA ELECTORAL a pesar de que es uno de los puntos más débiles de la democracia nacional. Así mismo durante dos décadas ha sido imposible sacar adelante el Estatuto de la Oposición. Ambas reformas están en manos de los partidos políticos y el acuerdo de paz es una oportunidad para que estos logren consensos en esta materia. Sin embargo, no será fácil ya que la implementación de los acuerdos de La Habana se hará en plena campaña electoral, y en medio de una gran polarización. 2. LA ESTIGMATIZACIÓN es una herencia cultural y política de la guerra, aunque las medidas que se señalan en el acuerdo son importantes como un principio para superarla. Sin embargo, este será un trabajo de largo plazo que requiere un gran esfuerzo de la sociedad en su conjunto, y también de las Farc, cuya herencia política está ligada al estilo vertical propio de la guerra. 3. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER. Si bien en este punto del acuerdo los negociadores reconocen la importancia de promover la participación en la vida política de las mujeres y rechazan cualquier forma de discriminación contra ellas, no queda claro cómo se hará efectiva esta participación. 4. SIGUEN OTRAS EXPRESIONES ARMADAS ILEGALES. En muchas zonas golpeadas por el conflicto se mantendrán vigentes otros grupos armados. Mientras no se complete el proceso de paz con otras guerrillas o de sometimiento de grupos criminales todos los objetivos en materia de apertura democrática serán de difícil implementación en las regiones.  Las circunscripciones para la Paz Líderes campesinos y de las víctimas del conflicto podrían ser beneficiarios de las curules especiales que tendrá la Cámara de Representantes. Para promover la participación democrática, fortalecer la débil presencia institucional y garantizar la integración política de las zonas afectadas por el conflicto, los negociadores acordaron crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) para elegir igual número de representantes a la Cámara por dos periodos electorales. Estas circunscripciones contarán con reglas especiales para inscribir y elegir a los candidatos, que deben habitar la región, y tendrán una financiación especial. Algunas de estas reglas contemplan que quienes se inscriban, deben vivir en la región, o ser desplazados en proceso de retorno. Se busca también garantizar que sean especialmente representativas del sector rural. En la práctica esto significa que los campesinos y las víctimas de base podrían tener presencia importante en el Congreso por primera vez. Las regiones elegidas son aquellas donde hay mayor presencia de las Farc y eso sin duda genera la sensación de que son otras curules para ellas. Sin embargo, estos cupos están sometidos a la competencia electoral, y en la mayoría de las regiones no solo hay movimientos afines a la izquierda sino grupos independientes y de otras corrientes. Adicionalmente se espera que con el acuerdo para finalizar la guerra surjan nuevas agrupaciones y liderazgos. El espíritu de las circunscripciones es promover la participación de líderes políticos y sociales, que tradicionalmente han estado ausentes de la contienda política por motivos de persecución o porque consideran que el sistema político está capturado por grandes varones electorales. En este punto no se señala ninguna restricción para que participen excombatientes de la guerrilla. También es necesario activar los mecanismos de verificación y de vigilancia electoral propuestos en los acuerdos para que estas curules no sean presa de las redes tradicionales de corrupción o de otros grupos armados. Por eso el reto durante su implementación debería ser que cumplan realmente la función principal de profundizar la representatividad y la democracia en zonas con poca presencia institucional y afectadas por el conflicto armado.

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 Cese al fuego y reincorporación 

3. Fin del conflicto 

  El acuerdo final logrado en La Habana busca la terminación del conflicto armado. Pero esto no significa solo silenciar los fusiles de las Farc. Se trata de sentar las bases para una convivencia civilizada, para un ejercicio de la política sin armas y para un clima de seguridad y tranquilidad que permitan el debate democrático abierto y pluralista en cada rincón del país, especialmente en regiones donde por más de medio siglo ha reinado la violencia o el constreñimiento de los derechos y libertades. Parte esencial para sentar las bases de esa paz estable y duradera es la manera como se dé el tránsito de la guerrilla a la vida civil. Esto es un proceso largo y complejo, que implica retos institucionales enormes, y que se debe dar de manera simultánea e integral. Se puede decir que este proceso de paz tiene dos grandes momentos: los primeros seis meses, en los que se hará el cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades, y las Farc dejarán las armas; y los años posteriores, que pueden ser una década o quizás más, en los que se espera haya una reincorporación de los guerrilleros de las Farc a la sociedad tanto en lo económico como en lo político y lo social. Ambos momentos necesitan amplias garantías, mucha transparencia de las partes, e involucran esfuerzos del Estado muy importantes. Para que el cierre de la guerra tenga éxito, y se cauterice la vena abierta del reciclaje de la violencia, tanto la guerrilla como el Estado tienen retos enormes. Porque este acuerdo requiere de la voluntad y la buena fe de cada combatiente, y de la eficacia y coordinación del Estado en su integridad: involucra a las Fuerzas Militares y de Policía; a los alcaldes y gobernadores, al Congreso, a la Fiscalía, por mencionar apenas unos de ellos. Este punto del fin del conflicto es posiblemente el más largo de todo el texto definitivo, el que más anexos y protocolos contiene. Está minuciosamente diseñado y en tal medida es muy exigente en su cumplimiento pues varios procedimientos y momentos se entrelazan y son interdependientes. Uno de los elementos más novedosos e interesantes de este acuerdo es que contará con monitoreo y verificación tanto nacional como internacional en todos sus aspectos. En últimas, este punto del fin del conflicto es la garantía de que la guerra realmente termine. Y cada colombiano podrá estar pendiente de que se cumpla íntegramente en sus contenidos, que se resumen en los siguientes puntos.  

EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC SE COMPROMETEN A CONSTRUIR UNA NUEVA CULTURA QUE PROSCRIBA LA UTILIZACIÓN DE LAS ARMAS EN EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA LOS PUNTOS CLAVES 1. CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO 

El día de la firma protocolaria del acuerdo final, que será antes del plebiscito, se considera el Día D para poner en marcha el fin del conflicto. Para entonces ya debe estar en terreno el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. En este mecanismo participan por lo menos 500 observadores internacionales, casi todos militares de América Latina asignados como misión política del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir que le rinden cuenta directamente al secretario general de esa organización y a la Asamblea. Este componente internacional coordina todo el mecanismo de monitoreo, y tiene la misión de ser el verificador único de la dejación de armas. Conforman las otras partes del mecanismo 263 guerrilleros de las Farc y 263 miembros del gobierno, la mayoría también militares, entre los que hay varios generales de la mayor antigüedad y experiencia. Todos actuarán desarmados. Este mecanismo tripartito tendrá una oficina central en Bogotá y ocho regionales y mantendrá canales abiertos de información y comunicación con las comunidades. Este cese tiene como objetivo facilitar la ubicación de los combatientes de las Farc en 22 zonas veredales que no exceden los 120 kilómetros cuadrados cada una, y otros seis puntos campamentarios. Están pensadas apenas por 180 días, el tiempo en el que se cumplirá el cronograma de dejación de armas. Existen 24 protocolos escritos que determinan aspectos puntuales del cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Uno de ellos establece las reglas del cese, que contienen todo lo que las Farc y las Fuerzas Armadas tienen prohibido hacer a partir del Día D. Está claro que todas las actividades ilegales quedan prohibidas, así como cualquier constreñimiento a la libertad. Otro de los protocolos determina cómo funcionarán estas zonas veredales. Está claro que la vida de las comunidades no cambiará en absoluto. Las autoridades civiles se mantendrán vigentes allí. Y dentro de las zonas, las Farc no podrán usar armas ni uniformes. No obstante, dentro de cada zona habrá uno o varios campamentos donde estarán los guerrilleros. En esos campamentos ellos sí tendrán sus armas, mientras las dejan; no podrán entrar civiles. La solución de problemas y controversias que surjan durante el periodo del cese de hostilidades serán tramitadas por el mecanismo en el menor tiempo posible y de abajo hacia arriba, de lo local a lo regional, o lo nacional si es necesario.  

10 CURULES DURANTE DOS PERIODOS TENDRÁ EN EL CONGRESO EL PARTIDO QUE FUNDEN LAS FARC. PERO NO SE ASIGNARÁN A DEDO PUES TENDRÁN QUE BUSCARLAS EN ELECCIONES. SI NO LAS CONSIGUEN SE LES GARANTIZARÁN DE TODOS MODOS Las zonas veredales tendrán una franja de seguridad de un kilómetro donde no puede haber ni Fuerzas Armadas ni guerrilla. Más allá de esa franja habrá presencia normal de militares y Policía.  

LAS BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA REQUIEREN DE LA REINCORPORACIÓN EFECTIVA DE LAS FARC-EP A LA VIDA SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PAÍS 2. DEJACIÓN DE ARMAS POR PARTE DE LAS FARC 

El proceso de dejación de armas será paulatino, rigurosamente vigilado y transparente. Las Farc deben entregar listados de sus armas y combatientes, con identificación exacta, que la ONU podrá confrontar con otras fuentes. El desarme tomará seis meses según un cronograma acordado así: Al Día siguiente del día D, es decir, de la firma protocolaria del acuerdo de paz, se empiezan a despejar corredores para que los guerrilleros de las Farc caminen hacia las zonas de concentración. El Día D más cinco días, las Farc le deben entregar a la ONU la información sobre todas las armas que tienen en su poder. El Día D más 10 días, las Farc entregarán las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra su armamento inestable (tatucos, minas, cilindros bomba, etcétera) e inicia el desplazamiento. El Día D más 60 días, debe estar destruido este armamento inestable. Ese día también deben estar almacenados en con- tenedores, bajo control de la ONU, todas las armas de apoyo (morteros, metralletas, granadas y municiones) y el armamento de las milicias. El Día D más 90 días, tres meses después de la firma el 30 por ciento de los combatientes de las Farc dejarán todo su armamento en los contenedores bajo vigilancia de la ONU. El Día D más 120 días, cuatro meses después de la firma otro 30 por ciento dejará sus armas en los contenedores. El Día D más 150 días, cinco meses después de la firma el restante 40 por ciento de los combatientes de las Farc dejan sus armas. El Día D más 180 días, a los seis meses la ONU extrae los contenedores de las zonas, que en esa fecha dejarán de existir. Estas armas serán inutilizadas y luego se hará con ellas o con sus materiales tres monumentos alusivos a la paz, uno en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, otro en Cuba en gratitud por su apoyo a las negociaciones, y otro en Colombia en un lugar aún por definir. Mientras dure todo este proceso, 60 miembros de las Farc podrán moverse por todo el país, previa coordinación con el mecanismo de monitoreo, para realizar labores propias de la implementación de los acuerdos o la pedagogía del proceso. Mientras no culmine el procedimiento de dejación de armas las Farc no podrán hacer política. También podrán moverse a nivel regional diez guerrilleros de cada zona veredal bajo las mismas reglas. A su vez a estas zonas llegarán los presos que recobren la libertad, ya sea bajo la figura del indulto o cuando se otorgue la amnistía. Una vez se apruebe el plebiscito, el gobierno presentará una ley de amnistía que beneficiará a quienes dejen las armas si han incurrido en delitos conexos con la rebelión. Quienes deban responder por crímenes de lesa humanidad o de guerra tendrán que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como está expresado en el punto cinco de víctimas.  

3. REINCORPORACIÓN DE LAS FARC A LA VIDA CIVIL El paso fundamental que dan las Farc al dejar las armas es convertirse en un partido político, y como personas en ciudadanos íntegros. Luego de medio siglo de guerra, ese proceso necesita de una transición, que se calcula puede ser de una década, para que se consolide en lo político y en lo personal. Durante ese lapso, el Estado deberá garantizar una serie de condiciones para que el paso de la ilegalidad a la legalidad se consolide y sea irreversible. Eso es la reincorporación en todas sus dimensiones, como sigue.  

REINCORPORACIÓN POLÍTICA Esta es la esencia del acuerdo de paz, y su mayor ganancia. Es pasar de que las Farc defiendan sus ideas a punta de fusil a que lo hagan a punta de argumentos. Es el fin último de este proceso y por eso se acordaron medidas transitorias y excepcionales como las siguientes: El partido que las Farc creen tendrá personería jurídica y actuará como cualquier otro partido, pero hasta julio de 2026 queda eximido de obligaciones como tener un determinado número de afiliados, presentarse a certámenes electorales y obtener un umbral mínimo de votos. Tendrá además las garantías propias de la actividad política como espacios en medios de comunicación y un esquema especial de seguridad. Ese partido será financiado por el Estado por diez años con una suma equivalente al 10 por ciento del total del presupuesto que el gobierno asigna a los movimientos y partidos. En las campañas de 2018 y 2022 los candidatos a la Presidencia y al Senado que inscriban las Farc tendrán financiación estatal. El partido que las Farc creen deberá competir por curules en el Senado y la Cámara de Representantes como los demás. Pero por dos periodos constitucionales el Estado garantizará que obtenga cinco cupos en cada una de estas corporaciones, obtenga o no los votos necesarios. La agrupación política que surja de las Farc puede nombrar tres voceros para el Senado y tres para la Cámara para que actúen con voz, pero sin voto, mientras se discuten las leyes que desarrollan los acuerdos de paz. El nuevo partido tendrá un cupo en el Consejo Nacional Electoral pero sin voto.  

180 DÍAS LUEGO DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL LAS FARC HABRÁN DEJADO TODAS SUS ARMAS EN PODER DE LA ONU REINCORPORACIÓN ECONÓMICA 

El eje de la reincorporación económica de las Farc será una institución privada llamada Economías Solidarias de Común, Ecomún, pues su modelo promoverá sobre todo los proyectos asociativos. Los excombatientes se afiliarán de manera voluntaria a esta entidad. Cada excombatiente de las Farc recibirá 8 millones de pesos para invertir en un proyecto individual o colectivo. Si es colectivo el gobierno girará los recursos a Ecomún, luego de que el proyecto sea aprobado. Durante máximo dos años los excombatientes recibirán una asignación del 90 por ciento de un salario mínimo como un apoyo para su sobrevivencia mientras construyen un proyecto de vida propio. Si estudia y sigue la ruta de reintegración, que en Colombia está establecido por experiencia que puede durar hasta ocho años, la persona recibirá otros incentivos, especialmente si estudia. Así mismo estarán afiliados a la seguridad social del Estado. Se creará un centro de pensamiento que contará con financiación estatal y que también podrá obtener, igual que Ecomún, recursos de cooperación internacional o fruto de contrataciones. Se creará una nueva institución llamada Consejo Nacional de Reincorporación, en la que participarán el gobierno y las Farc para hacer seguimiento al tránsito hacia la vida civil. Se le dará un trato diferencial a los niños que hacen parte de las Farc. Se les tratará como víctimas del conflicto y se buscará especialmente su reagrupación familiar.  

4. GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES 

Con las Farc ya sin armas se deben crear las condiciones para que nunca más se repita el conflicto, sacar las armas definitivamente de la vida política y garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. El eje principal de este acuerdo es la promoción de un pacto político nacional que conlleve a la reconciliación y la convivencia pacífica. Es decir, que involucra no solo al Estado sino a toda la sociedad. Estos son algunos de los instrumentos que el acuerdo diseñó para la convivencia. Una comisión nacional de garantías del más alto nivel para construir una política pública coherente y eficaz para el combate del crimen organizado y la protección de líderes y ciudadanos que son blanco de la violencia, provenga de donde provenga. Se crean varios instrumentos para desmantelar las organizaciones criminales. En primer lugar, una unidad especial de investigación adscrita a la Fiscalía General. En segundo lugar un cuerpo elite de la Policía para combatir a estas organizaciones. En tercer lugar, un observatorio que haga un seguimiento permanente a la evolución de este fenómeno. Y en cuarto lugar se busca que el Estado tenga herramientas jurídicas para ofrecerles a estos grupos un sometimiento a la justicia, más no una negociación política como la que se ha hecho con las Farc. Otro gran eje es la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que sirva para proteger a todos los movimientos y partidos. En particular se creará un programa especial para la protección de los exintegrantes de las Farc que contiene varios instrumentos, entre ellos un cuerpo de escoltas mixto del que harán parte policías y exguerrilleros y que estará adscrito a la Unidad de Protección Nacional. Se crearán programas de convivencia y de protección especial para los territorios, comunidades y organizaciones más vulnerables o en riesgo.  

LOS DESAFÍOS 

1 El mayor desafío proviene de una compleja realidad nacional en la cual se tendrá que implementar este punto del acuerdo. En los territorios hay presencia de bandas criminales y el ELN, lo cual hará difícil todo, desde el cese del fuego hasta garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc. 

 2 La reintegración llega en un momento débil para las finanzas públicas y aunque su costo no es el más oneroso de los acuerdos, sí se requiere cumplir muy rápidamente las expectativas de quienes dejan las armas, pues eso evitará un reciclaje de la violencia. 

3 El ingreso de las Farc a la vida política, en interacción con otros aspectos del acuerdo de paz, especialmente con los temas de justicia y reparación a las víctimas, tiene que hacerse de manera armónica para no generar un desbalance que sea percibido como una injusticia con quienes han sufrido la violencia o quienes han luchado por espacios en la democracia pacíficamente con menos garantías, como las minorías políticas o grupos étnicos.  

LAS FARC DEBEN ENTREGAR LISTADOS DE SUS ARMAS Y SUS COMBATIENTES, CON IDENTIFICACIÓN EXACTA, QUE LA ONU PODRÁ CONFRONTAR CON OTRAS FUENTES 

¿Por qué curules y plata para las Farc? Del éxito de la reintegración depende en buena medida la sostenibilidad del acuerdo de paz. El acuerdo de reincorporación política les da a los miembros de la guerrilla una verdadera oportunidad para entrar al juego democrático con garantías. Aunque para muchos sectores estas garantías son gabelas o conquistas inmerecidas, en realidad, el acuerdo procura darle seriedad a las posibilidades de las Farc en la competencia electoral en un sistema que tiene múltiples falencias y desequilibrios. Así mismo darles incentivos para permanecer en la civilidad. No hay que olvidar que el surgimiento de las Farc está asociado a un pacto de paz hecho hace medio siglo que excluyó a sectores políticos como los comunistas, que encabezaba el fundador de las Farc, Manuel Marulanda Vélez. La financiación estatal al partido y candidatos de las Farc tiene sentido porque aunque es un misterio cuánta plata tienen las Farc y dónde la tienen invertida, permite blindarse contra la llegada de recursos ilegales a sus campañas. También les garantiza equidad por una década pues es muy improbable que en el corto plazo reciban aportes de empresarios, como los demás partidos. La representación en el Congreso con diez curules garantizadas (cinco en Senado y cinco en Cámara) por dos periodos, tiene un factor de reparación dado que la última vez que las Farc intentaron hacer política legal fue durante el proceso de paz de Belisario Betancur, cuando crearon la Unión Patriótica, movimiento que fue exterminado.  

El otro factor importante es que después de 50 años de estar en las montañas, los guerrilleros de las Farc necesitan aprender a hacer política y foguearse en la arena pública. Por eso ellos deben competir por ellas y solo si no las consiguen el gobierno se las asigna a quienes obtuvieron más votos.