En el portal web Piensa Chile, se publica un extenso reportaje, sobre la relación estrecha que tuvo el dictador Augusto Pinochet, con el empresario de zona Franca, Leonardo Solari Alcota, quien en el último tiempo ha saltado al tapete, por su vinculación con el tráfico de cigarros. Alejandra Huerta, Periodista/ Vía Piensa Chile.-
“Oiga, y en Iquique … ¿también perdimos?”
La pregunta de Pinochet al subsecretario de Interior de la época Alberto Cardemil, en la noche del 5 de octubre de 1988, cuando los resultados indicaban que el NO se imponía al Sí en el país, indicaba varias cosas, en lo principal que Iquique no era igual para Pinochet que el resto de las comunas ni de las regiones.
Iquique, generaba en Pinochet un sentimiento especial que era notado por todos, (no sólo por sus adherentes), debido a lo mismo se realizaban actividades especiales cuando visitaba la ciudad, con grandes comitivas escolares que asistían a dar la bienvenida o trabajadores del sector público que estaban autorizados para concurrir a actos especiales. Después del 11 de septiembre de 1973, el ex general retribuyó ese vínculo con una serie de obras, tales como la Zona Franca de Iquique y el suministro de agua potable continuo.
“… Sí Presidente, también perdimos, y perdimos exactamente por el mismo porcentaje que en Santiago…”
Pero la porfiada realidad se impuso y el No superó al Sí en el Plebiscito de 1988, de ahí la molestia de quienes se denominan amigos y simpatizantes del ex dictador, al conocer que un 52 por ciento del No superaba al 44% del Sí, cifras que aún siguen dando vuelta en la cabeza de quienes respaldaban a la dictadura militar, que en Iquique al menos, no eran pocos. A casi 28 años de esa consulta popular, sus partidarios aún se preguntan qué fue lo que pasó, qué llevó a la ciudadanía a no respaldar a quien en más de una oportunidad había manifestado su especial cariño por Iquique.
El vínculo de la obra del dictador con la ciudad se mantiene vigente, ya sea por la Fundación Pinochet o la Corporación Amigos del Ejército, o por los amigos, muchos de ellos desconocidos para la ciudadanía, que se las arreglan para estar siempre al tanto respecto a lo que sucede con su familia, entorno y relaciones.
FUNDACIÓN PINOCHET En Iquique, uno de los partidarios más acérrimos del dictador, es el presidente de la FUNDACIÓN PINOCHET: Leonardo Solari Alcota. Antiguo empresario de Zona Franca, y ex presidente en dos periodos de la AUZ, Asociación de Usuarios de ZOFRI, asociación gremial que agrupa a los empresarios de ZOFRI, y que ha tenido permanentemente durante más de tres décadas sólo a presidentes ligados a la derecha política y por cierto adherentes al régimen militar. Solari Alcota ha tenido un sin número de persecuciones judiciales, que han aparecido en prensa local y nacional, una de las últimas fue por un contrabando de cigarrillos, que el portal Ciper Chile publicó de la siguiente manera:
CIGARRILLOS EN EL NORTE. A fines de enero de 2016, el asesor de la dirección nacional de Aduanas, Juan José Pérez Cotapos –quien además es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso- entregó una carilla titulada “Informe de gestión enero 2016”. Allí el asesor enumeró algunos de los problemas del servicio: “Arica: propiedad intelectual y contrabando”, “Asesoría por contrabando Aduana de San Antonio”, “Aduana de Iquique: documentos no cumplidos, cargos por faltantes de inventarios, deudores incobrables”.
Lo que Pérez Cotapos enunció en su informe sobre la Aduana de Iquique no era novedad: el inventario de cigarrillos es uno de los más difíciles de controlar en la Zona Franca. De hecho, en 2015 una denuncia interna dio paso a un sumario -aún en curso- a cuatro fiscalizadores del servicio por sospechas de que habrían certificado la salida de tres millones de cajetillas de cigarrillos desde la importadora Saint Patrick (entre 2013 y 2015). Los cigarrillos desaparecieron, pero nunca fueron exportados a otro país, como aparecía en los documentos de la empresa autorizados por los aduaneros.
El representante legal y fundador de Saint Patrick es Leonardo Solari Alcota, ex presidente en dos periodos de la Zona Franca y conocido empresario del norte, donde además figuró como presidente local de la Fundación Augusto Pinochet.
Solari Alcota enfrentó un juicio en 2006 por supuesta infracción a las normas de propiedad intelectual, según acusó la tabacalera Philip Morris. Fue condenado en primera instancia y luego absuelto por la Corte de Apelaciones de Iquique. CIPER intentó contactar a Solari, pero en su empresa dijeron que estaba en viaje de negocios fuera del país, junto a la plana mayor deSaint Patrick. Tampoco respondió a las consultas de CIPER por correo electrónico.
Lea el texto completo del artículo de CiperChile
Decomiso de cigarrillos. LEONARDO SOLARI ALCOTA
La investigación de Aduanas indica que parte de esas 3 millones de cajetillas de cigarrillos habrían salido supuestamente de Iquique bajo la fórmula legal “rancho de naves”: productos destinados al consumo de las tripulaciones de los barcos mercantes. Aduanas consultó a la Naviera Ultramar si habían adquirido cigarrillos a Saint Patrick bajo esa modalidad, lo cual la empresa naviera negó, como consta en el documento al que tuvo acceso CIPER. La sospecha es que ese enorme cargamento de cigarrillos, que desapareció de las bodegas de laZona Franca, en realidad se vendió ilegalmente en Chile. En Aduanas calculan que el perjuicio causado al Fisco es de US$ 7,29 millones, poco más de $5 mil millones. El Ministerio Público inició una investigación aún en desarrollo.
LAS ANDAZAS DEL PINOCHETISTA SOLARI. Pero la “carrera” de Solari Alcota no empezó recientemente, se arrastra hace mucho tiempo, de hecho en el año 2006, el portal de radio Nuevo Mundo, en su edición del día 18 de Julio titulaba como “Las andanzas del pinochetista Solari” el siguiente artículo: El contumaz pinochetista Leonardo Solari Alcota sigue con las suyas. Este empresario instalado en la ciudad el año 1975, es dirigente de la Asociación de empresarios de ZOFRI y también es el presidente de la Fundación Pinochet en Iquique. En noviembre del año pasado fue sorprendido en el aeropuerto Pudahuel portando una pistola Browning calibre 6.35, la que fue detectada por el control de seguridad del terminal aéreo internacional.
Este pinochetista, al parecer le ha aprendido algunas mañas a su ex jefe, ya que importa a través deZOFRI licores, cigarrillos, perfumes y lentes; y el año 2003 fue sorprendido vendiendo productos falsificados por un monto superior a los doscientos millones de pesos, por lo que fue encausado por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Por tal razón el 27 de junio de este año fue detenido al no concurrir a la audiencia a la que había sido citado. La Fiscalía está solicitando que Leonardo Solari Alcota sea condenado a las penas de 541 días de presidio menor en su grado medio y al pago de una multa de 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por infracción al art. 190 del Código Penal, y al pago de dos multas de 300 UTM (19 millones de pesos) por los dos delitos de infracción a la propiedad industrial.
Por cierto esta noticia ha sido silenciada por los medios de comunicación locales.
LA RED DE PROTECCIÓN DE ZOFRI A SOLARI. Actualmente la empresa Saint Patrick enfrenta un embargo por parte de la Tesorería General de la República, embargo que se trataría de deudas de Impuesto al Valor Agregado – IVA-, sustanciada enprocedimiento administrativo Nro. 11669 2016. Este embargo involucra una deuda por un monto aproximado de $622.152.789, cifra que no incluye intereses, reajustes ni multas. Lo embargado correspondería a los galpones 16-17- 85 y 86 todos ubicados en la manzana Nro. 9 del Barrio Industrial de Zona Franca de Iquique.
Lo anterior ha traído una serie de consecuencias y malestar entre los propios usuarios de Zona Franca por lo que se ha denominado una suerte de protección a Solari Alcota y una clara discriminación de trato con otros usuarios. En primer lugar Saint Patrick tiene todos sus módulos de venta cerrados “por remodelación” desde el otro día del embargo de sus galpones, cierre que fue autorizado de manera express por ZOFRI S.A. bajo la figura de remodelación, remodelación que no sería efectiva, sino solamente una fachada para cautelar el embargo de mercaderías o de los mismos módulos.
Esta situación de cerrar módulos con la justificación de una remodelación, contrasta con multas altísimas a quien cierra un módulo por parte de la administradora, además de los ya conocidos procesos administrativos y autorizaciones que se deben tener en situaciones que de verdad se va a remodelar algún módulo, así lo manifiesta una empresaria que reniega de los privilegios que tendría Solari Alcotacon la actual administración “hace dos años remodelé un módulo, tuve que presentar mil papeles, proyecto de arquitectura, aire acondicionado, ingeniería y luego la aprobación se demoró casi 30 días”. Todo indica que este cierre por “remodelación” sería una forma más de protección por parte de la administración a Solari Alcota.
En consecuencia con lo anterior y de mayor gravedad aún, es el hecho que Saint Patrick, es decir Solari Alcota, estaría traspasando todos sus módulos – los mismos que se encuentran en “remodelación” – a nombre de una persona jurídica distinta, en este caso sería una empresa perteneciente a su esposa, con la ayuda de la administración de Zona Franca, ayuda que apunta directamente a miembros del directorio de ZOFRI S.A.
La semana recién pasada, se repartieron en sector mall, donde se encuentran los locales de ventas de ZOFRI, un documento firmado como “DE UN CIUDADANO COMÚN” en cual reseñaba una serie de irregularidades que estarían sucediendo en ZOFRI S.A., y ejemplifica que ante misma situación que atraviesa Solari Alcota, un empresario Indú habría sido sacado del sistema franco y responsabiliza al directorio actual de una suerte de protección a Solari Alcota.
Extracto del documento “DE UN CIUDADANO COMÚN”
Presidente de la ZOFRI: PATRICIO SESNICH
“ES PREOCUPANTE LA GRAN CANTIDAD DE HECHOS QUE SE. PRODUCEN DENTRO DE LAS GESTIONES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y GERENCIAS DE LA ADMINISTRACION ZOFRI. HAY MUCHOS HECHOS AVALADOS Y CLARAMENTE DIFUNDIDOS POR MEDIOS DE PRENSA,Y SI ALGUNOS QUE AFECTAN A USUARIOS Y ADMINISTRACION NO HAN SIDO CONDENADOS EL SOLO HECHO DE APARECER EN MATERIAS POCO CLARAS ESTAN INDICANDO CIERTO MARGEN DE VICIO CON QUE SE DESARROLLAN ALGUNAS ACTIVIDADES, COMO EL HECHO QUE UN USUARIO ENVUELTO EN PROBLEMAS DE CONTRABANDO Y VENTA DE PRODUCTOS FALSIFICADOS Y POSTERIORMENTE ELEGIDO COMO DIRIGENTE DE UNA ASOCIACION AUN ESTE PRACTICAMENTE PROTEGIDO POR EL SISTEMA, NO ASI CORRIO LA MISMA SUERTE UN CIUDADANO INDU EL CUAL ACUSADO POR EL MISMO DELITO SE DESVINCULO DEL SISTEMA INMEDIATAMENTE Y SE LE SOLICITO LA DEVOLUCION DE LOS MODULOS Y GALPON. BUENO DE ESTA GENTE ES LA QUE SE VALE ZOFRISA PARA CREAR DESUNION DENTRO DE LOS USUARIOS Y TRABAJADORES. HOY SE PUEDE VER EN LA CREACION DE UN HOLDING DONDE APARECEN DOS DE ESTOS PERSONAJES REÑIDOS POR LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES UN EJEMPLO PARA SUS TRABAJADORES LUCHADORES A MUERTE POR LA IGUALDAD, Y PROYECCION DEL BRAZO DICTATORIAL DE LA ADMINISTRACION ZOFRISA.”
Esta red de apoyo y protección de ZOFRI S.A. a Leonardo Solari Alcota, ya es vox pópuli entre empresarios de Zona Franca y el malestar es notorio “es una burla y una discriminación para todo el resto de los usuarios el trato preferente que tienen con Solari, luego la administración nos plantean mesas de negociaciones para restituir confianzas y trabajo conjunto, esto es un abuso” nos refiere una empresaria que además solicita reserva de su nombre debido a que “ ZOFRISA también está acostumbradas a tener represalias y persecuciones contra usuarios específicos.”
Un empresario extranjero nos señala “el empresario Indú que lo echaron del sistema aún vive en Iquique, debieran contactarlo para que les cuente el trato que recibió por parte de la administración, acá no se puede hacer nada que no le parezca a la compañía, y cuando eres extranjero el abuso es peor, lo de Solari todo el mundo ya lo sabe está protegido por el mismo directorio de Zofri” Cabe recordar que ZOFRI S.A. es una empresa perteneciente al grupo de empresas SEP, (Sistema de Empresas Públicas) empresas con participación del Estado y cuyo gobierno corporativo es nombrado por el directorio de empresas SEP, directorio que a su vez es nombrado por la presidenta de la república, por lo que es indiscutible el carácter político de estos nombramientos.
Actualmente el directorio de ZOFRI S.A. está compuesto por:
Presidente, Patricio Sesnich (DC); VicePresidente, Julio Ruiz (PS); Directores: Felipe Perez (DC), Giorgio Macchiavello (UDI), Benjamín Holmes, Antonieta Estay y Perla Uribe.
En Iquique, nadie entiende que está pasando al interior de ZOFRI S.A., lo único claro es que las reglas del juego no son iguales para todos y los empresarios son los primeros en recalcarlo. Todo lo anterior ha sido un caldo de cultivo para que la desconfianza se instale y sea el eje rector de cualquier acercamiento entre empresarios y directorio. La empresa pública, Zona Franca de Iquique, creada por Pinochet como “palanca de desarrollo regional” – como les gusta definirla a los iquiqueños -, está siendo abusada por uno de sus hijos predilectos, con la complicidad pasiva y en algunos casos activa de sus directores.
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SE PIERDEN MÁS DE US$400 MILLONES EN IMPUESTOS CADA AÑO
La aguda crisis de Aduanas facilita evasión, contrabando y narcotráfico
Por : Víctor Carvajal y Matías Jara en Reportajes de investigación Publicado: 23.03.2016
La falta de fiscalizadores en Aduanas se paga caro: se calcula en US$400 millones la evasión anual de impuestos. CIPER investigó las debilidades de Aduanas y detectó que por décadas las exportaciones de concentrado de cobre no han sido controladas, aceptando la pureza y peso que declaran las mineras. El oro, plata, molibdeno y otros minerales contenidos en ese concentrado son cuantificados por laboratorios de las mismas mineras ya que Aduanas externalizó la certificación de los embarques. La debilidad del servicio facilita que bandas coludidas con aduaneros ingresen drogas, cigarrillos y hasta oro.
Para salir de la cárcel, Cristián Avilés Trigo pagó $7 millones de fianza en el Tribunal de Garantía de San Antonio. El ahora ex funcionario del Servicio Nacional de Aduanas recibía en 2015 un sueldo de $691 mil mensual, pero se hacía de un “extra” gracias a su colaboración con una bien montada organización de contrabandistas dedicada al ingreso clandestino de cigarrillos y a la sustracción de mercadería de lujo falsificada –como carteras Louis Vuitton y perfumes- que estaba retenida en Aduanas para su destrucción.
El ilícito descubierto en el Puerto de San Antonio –que hoy investiga el Ministerio Público- es solo la punta del iceberg de las profundas falencias que arrastra Aduanas desde hace años. Ello se expresa en la escasa revisión física de las importaciones, pocos fiscalizadores; el control casi inexistente de las exportaciones de minerales y el conflicto de interés latente por la entrega a laboratorios privados de las certificaciones de la ley (calidad) del cobre, oro y plata. CIPER pudo verificar que algunos de estos laboratorios son de propiedad de las mismas mineras exportadoras. Con sus 1.766 funcionarios –menos de los que tiene la Municipalidad de Santiago-, de los cuales solo 375 son fiscalizadores, Aduanas es la barrera de control de todo el comercio exterior chileno que en 2015 sumó US$119 mil millones.
Dirección Nacional de Aduanas. Sus funcionarios no solo son responsables de cobrar los gravámenes de las importaciones. Su tarea más delicada la cumplen en 92 puntos de control -puertos, aeropuertos y pasos fronterizos- del país donde deben: verificar el valor y contenido físico de las mercaderías; ser escudo contra el narcotráfico, el contrabando, las falsificaciones y los productos peligrosos para la salud; además de hacer cumplir los tratados y acuerdos de comercio que Chile tiene con 25 países.
Aduanas recauda casi el 30% de los impuestos que percibe anualmente el país. Así, ese servicio ingresó en 2015 a las arcas fiscales US$12.244 millones, una cifra menor que en 2014 cuando recaudó US$14.309 millones. Ese cuantioso flujo se obtiene al aplicar a las importaciones el 6% de derechos aduaneros más el 19% del IVA y equivale a disponer del dinero necesario para financiar durante 16 años la gratuidad de la educación superior a los alumnos del 50% de las familias más vulnerables de Chile (US$ 766 millones anuales).
La recaudación podría ser mayor. Y ello, porque la evasión le arrebata al país unos US$400 millones cada año. Así lo estableció un estudio encargado en 2014 por el Ministerio de Hacienda. “Lo inferior a US$30 no se revisa y puedo declarar un repuesto de helicóptero en US$29”, dice un aduanero en ese mismo informe (ver estudio). Transcurrido más de un año y a pesar de la contundencia del estudio, los fiscalizadores de Aduanas siguen siendo los mismos. Aún cuando está claro que los 375 fiscalizadores solo dan abasto para revisar visualmente (aforo físico) el 5% de la mercadería importada y verificar que el producto, la cantidad y el valor de la mercadería declarada documentalmente por la empresa propietaria y la agencia de aduana que realiza los trámites, sea real.
En el caso de las exportaciones, la revisión visual es prácticamente nula. Aduaneros dijeron a CIPER que el 5% que se inspecciona visualmente es claramente insuficiente. Y lo sigue siendo –insistieron- incluso si se controla otro 5% de embarques, utilizando modelos de riesgo o “de inteligencia” que identifica procedencias o importadores sospechosos. Los fiscalizadores criticaron la priorización de estos modelos por sobre el aforo físico (visual) y responsabilizaron de ello al depuesto director Gonzalo Pereira.
A lo anterior se suma la ausencia casi total de control de otros minerales exportados por empresas mineras en el concentrado de cobre. Entre ellos, destaca el molibdeno y hasta hace muy poco el oro y la plata, los que salen del territorio como productos “no transables”. Recursos que generan millonarias utilidades para las empresas exportadoras, las que no cancelan impuestos por esas ganancias. La escasez de fiscalizadores también facilita el narcotráfico y el contrabando, en especial de cigarrillos, producto que paga altos impuestos. Aunque resulte increíble, hay puntos de control -como Punta Arenas- que no cuentan con máquina de rayos X para inspeccionar contenedores y vehículos.
ENORME EVASIÓN Y POCA FISCALIZACIÓN. Las falencias de Aduanas no son nuevas. Ya en 2010 un informe de la Contraloría evidenció fallas en los procesos operacionales en la Aduana de San Antonio (ver informe). Entre los problemas estaba el atraso en la puesta en marcha del plan anual de fiscalización y diferencias entre la información que aparece en las declaraciones de importación (DIN) y los valores ingresados por los aduaneros.
Las fallas que detectó la Contraloría no ocurrían solo en San Antonio y fueron dimensionadas en 2014 por el doctor en Economía de la Universidad de Texas, Claudio Bonilla. En el estudio que encargó la Subsecretaría de Hacienda, Bonilla calculó que Chile pierde al menos US$400 millones cada año tributario solo en importaciones que evadieron impuestos. Además, señala como debilidad la falta de dotación fiscalizadora y personal con expertise en exportaciones sectoriales, como el pesquero, minero y químico.
En Iquique, el estudio de Bonilla dejó al desnudo la precariedad de la fiscalización: para los dos mil usuarios que generaron operaciones de franquicia en la Zona Franca, solo había tres funcionarios para el control de inventarios y se realizaron 38 revisiones. Esos controles generaron cobros de impuestos y denuncias que sobrepasaron los US$20 millones. “¿Qué hubiera pasado si se revisaban 60 de los dos mil?”, se plantea en el informe (ver estudio).
Uno de los sectores que exhibe mayor deficiencia en la fiscalización de Aduanas es el de las exportaciones de minerales. Así lo asegura Rolando Castillo, ex fiscalizador de ese servicio, quien ha denunciado en distintas instancias los miles de millones que el Estado deja de recibir por su ineficiente control. Ya en 2009 Castillo había recurrido a la Contraloría por el molibdeno y el azufre contenido en el concentrado de cobre que exporta La Escondida (controlada por BHP Billiton), que no se consideraban como productos transables. La Contraloría respondió lo mismo que Aduanas en esa época: “La práctica comercial no los considera elementos pagables”. No tienen valor.
Castillo asegura que “durante mi permanencia en Aduanas observé que en ninguno de los embarques de concentrado de cobre de La Escondida se declaraba la existencia de molibdeno”. El no pago de impuestos por el molibdeno que se saca de Chile resulta extraño a la luz de los cálculos que otro organismo del Estado –la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco)- ha hecho sobre el precio internacional del molibdeno para 2016: US$5,5 la libra, más del doble del precio del cobre en la misma fecha.
Según el ex fiscalizador de Aduanas, Rolando Castillo, en 2009 La Escondida habría obtenido ingresos por US$ 700 millones sólo por el molibdeno que contenía el concentrado de cobre exportado, si es que fue procesado fuera del país, antecedente que él desconoce. Una situación similar –afirma Castillo- ha ocurrido por décadas con el azufre y minerales como plata y oro; y metales como renio y selenio que se obtienen del molibdeno.
La aseveración de Castillo se ve avalada por un informe de la Contraloría sobre la inspección que funcionarios de Aduanas realizaron en 2013 al laboratorio que presta servicios de control de embarque a la Minera La Escondida. En terreno concluyeron que los procedimientos empleados no eran suficientes para garantizar que la muestra extraída fuera representativa y que el peso controlado fuera el declarado.
No fue la denuncia de Castillo lo que encendió la alerta de las autoridades. Un gigantesco robo de concentrado de cobre a la División El Salvador de Codelco en 2014, desembarcó el problema en la Cámara de Diputados. El concentrado lo había vendido la minera La Escondida a El Salvador, pero los camiones que lo trasladaban fueron interceptados en el camino –con la colaboración de los transportistas- donde se procedió a cambiar la carga por prácticamente escoria de cobre.
El robo provocó un perjuicio para el Estado de casi $6 mil millones. Si bien 22 personas resultaron detenidas, la investigación nunca logró establecer qué pasó con el concentrado sustraído. Según la PDI, éste fue comprado por Enami, pero también existe la sospecha de que fue exportado. El escándalo derivó en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Y fue allí que el entonces director de Aduanas, Gonzalo Pereira, reconoció que la fiscalización a las exportaciones de minería es la gran debilidad y el gran problema del servicio. Pereira explicó la razón: “La exportación no genera ningún tipo de pago de impuesto y, por lo tanto, está muy en el ADN de los funcionarios fiscalizar la importación y no la exportación”. Por esa razón, agregó, se mejoraron las fórmulas de fiscalización documental “a posteriori”, transformando el Departamento de Inteligencia Aduanera en el Departamento de Fiscalización a Posteriori, que tiene un plazo de hasta tres años para rectificar y cursar una infracción de ser necesario.
Las conclusiones de la Comisión Investigadora fueron claras (abril de 2014): Chile no cuenta con la institucionalidad pública adecuada para un control eficiente y riguroso que permita determinar la trazabilidad de un recurso tan preciado como el cobre. Y en las entidades responsables de ese trabajo, Cochilco y Aduanas, existe un déficit de funcionarios y medios técnicos para llevar adelante su labor. “Lo anterior nos lleva a reflexionar de cómo es posible entender que se hayan robado toneladas de concentrado y ninguna institución del Estado pueda dar con su destino final”, dejaron consignado en su informe los diputados (ver informe de la comisión).
Paro de funcionarios de aduanas en 2015 Un año después, las debilidades no habían sido superadas pese a que Aduanas dictó una resolución que hizo más exigentes las certificaciones de las exportaciones mineras. En enero de 2015, un informe de la Contraloría constató que “la Aduana de Antofagasta no ha ejercido una fiscalización efectiva sobre los organismos de inspección” (las empresas privadas que realizan los controles sobre el mineral exportado). El ente contralor también apuntó que Aduanas de Antofagasta tampoco fiscalizaba las leyes de fino (pureza) de los metales y no metales presentes en los concentrados de cobre exportados, por lo que ordenó un sumario (ver informe)..
En Aduanas aseguraron que entre 2013 y 2015 se hacían contramuestras de los embarques de minerales. CIPER tuvo acceso a la planilla de 110 contramuestras realizadas por el Laboratorio Químico de la Aduana entre enero y septiembre de 2015, sobre un total de 691 exportaciones de concentrado de cobre. Según la información entregada al ingeniero comercial Marcos Simunovic, vía Ley de Transparencia, las muestras y contramuestras arrojaron resultados muy cercanos.
Faltaba dilucidar cuán idóneos eran los análisis de Aduanas.
CONTROL EN MANOS PRIVADAS. El sistema de control de calidad y pureza de minerales se encuentra externalizado por Aduanas desde 2002. El análisis de los minerales exportados corre por cuenta de laboratorios privados, acreditados por el Instituto Nacional de Normalización (INN). Estos laboratorios emiten informes de calidad sobre las exportaciones de concentrado de cobre: algunos certifican el peso de la carga y otros controlan los metales preciosos. Son funcionarios de esos laboratorios los que toman las muestras y se responsabilizan de la correspondiente certificación para su exportación. CIPER revisó dos registros de laboratorios proporcionados por Aduanas y encontró que varios pertenecen a las propias empresas mineras.
Los cinco laboratorios privados acreditados para el análisis de las exportaciones de metales preciosos, son propiedad de compañías mineras. Dos de ellos, pertenecen a las mineras Meridian Limitada y Florida. Ambas son parte del consorcio Yamana Gold Inc., que explota en Chile las minas de oro y plata “El Peñón” y “Minera Florida”. Otros dos laboratorios que entregan la certificación que requiere Aduanas para el análisis de metales preciosos, también pertenecen a empresas mineras: Compañía Minera Mantos de Oro y Compañía Minera Maricunga, dedicadas a la extracción de plata y oro. Las dos son propiedad de la multinacional Kinross Gold. El quinto laboratorio acreditado en este mismo rubro de metales preciosos, pertenece a Guanaco Compañía Minera, de propiedad del consorcio Austral Gold (ver listado de laboratorios).
En el listado de los diez laboratorios que analizan el concentrado de cobre de exportación, hay dos que son propiedad de empresas mineras. Uno de ellos, pertenece a la Compañía Minera Candelaria, cuyo dueño es Lunding Mining Corporation y se dedica a la extracción de cobre en la Región de Atacama (Proyecto Candelaria). Ella misma está acreditada hasta diciembre de 2019 para certificar informes de calidad de minerales. Un segundo laboratorio para concentrado de cobre es de propiedad de la Minera Esperanza, la actual Minera Centinela (nació de la fusión de Minera El Tesoro con Esperanza) y pertenece a Antofagasta Minerals (propiedad del Grupo Luksic) y Marubeni Corporation (ver listado de laboratorios).
El evidente conflicto de interés en perjuicio del Estado fue expuesto por la Contraloría en enero de 2015, en el informe “Sobre eventuales irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas respecto del muestreo de minerales”. Allí se afirma que los organismos de inspección y emisores de informes de peso “no pueden tener relación con el exportador a quien provean servicio”.
En la indagación de 2014, funcionarios de Contraloría revisaron una lista de 10 emisores de informes de calidad y otra de seis organismos de inspección del concentrado de cobre. La conclusión fue: “No se acreditó la existencia de nexos de propiedad y/o comerciales entre los organismos de inspección y emisores de informes de peso y los exportadores a quienes proveen tales servicios”. Pero no se explica por qué quedaron fuera de la revisión los laboratorios que certifican la calidad de los metales preciosos, los que sí tienen vínculo de propiedad con las mineras.
Lo más grave que constataron los fiscalizadores de la Contraloría, fue que representantes de dos laboratorios privados –Alfred H. Knight Int. Ltd. Chile Ltda. y CIMM Tecnologías y Servicios- explicaron que sus análisis “se restringían a los componentes de cobre, oro y plata “(dejando fuera los restantes metales o no metales, como el molibdeno). La razón: “el exportador no les permitía obtener información y les restringía el acceso al contrato de compraventa de la exportación”. La conclusión de la Contraloría fue clara: “Todo ello deja de manifiesto una falta de control por parte del Servicio de Aduanas”.
CONTRABANDO DESDE PANAMÁ. El producto estrella del contrabando en Chile son los cigarrillos. Entre 2013 y 2015 se decomisaron más de 15 millones de cajetillas, lo que significó una evasión de impuestos que supera los US$57 millones. Las investigaciones indican que el puerto de San Antonio es uno de los puntos vulnerables. Y es precisamente allí donde recientemente se han descubierto bandas organizadas que, coludidas con funcionarios de Aduanas, ingresan cigarrillos por vía ilegal.
Una de esas bandas enfrenta hoy a la justicia por asociación ilícita, comercio clandestino, comercio ilegal, cohecho, soborno y fraude al Fisco. En total, la Fiscalía acreditó que el fraude superó los $2 mil millones. La indagatoria realizada por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brideco), concluyó en enero de 2014 que el líder de la banda era Miguel Alcaíno Aleu (registra condena por infracción a la propiedad intelectual, comercio clandestino y contrabando), quien financiaba y dirigía las internaciones ilegales de contenedores con cigarrillos desde Panamá y Argentina.
Las escuchas telefónicas realizadas por la PDI permitieron identificar el modus operandi más recurrente: compraban la mercancía en Panamá y la enviaban por barco a Chile, pero con una factura marítima (Bill of Lading) falsificada (otra mercadería, otro país de origen y falso destinatario). Para evitar que apareciera Panamá como origen de la mercancía (es un factor de alerta en Aduanas), el contenedor no viajaba directo a Chile: lo enviaban a las islas de Curazao o Jamaica y desde allí la redirigían a Chile. Y como importadores utilizaron a “Salfa” y “Emasa”, identificadas como compañías “confiables”.
Puerto de San Antonio. En estas operaciones participaban dos miembros de la banda de Alcaíno: Fernando Hernández viajaba a Panamá a comprar los cigarrillos y Nelson Lara proveía la información de la ruta del barco, los documentos y realizaba gestiones con funcionarios de Aduanas para que el contenedor no fuera fiscalizado. Una vez desaduanado, el contenedor era llevado a un galpón en el Camino Lonquén (San Bernardo), donde los cigarrillos se comercializaban clandestinamente.. Otra ruta usada por la banda de Alcaíno era el Paso Cardenal Samoré, en Osorno, para lo cual contaban con ayuda de transportistas de Argentina. Una vez que el camión estaba en marcha hacia Chile, Alcaíno se contactaba con Nelson Lara, quien hacía los contactos con funcionarios de Aduanas, enviándoles mensajes de texto con la patente y hora de salida del vehículo que transportaba el contrabando.
La investigación policial también descubrió que la organización delictual, con la complicidad del aduanero Avilés Trigo, se apropiaba de mercadería que se encontraba incautada en galpones de Aduanas por ser falsificada, infringiendo la ley de propiedad industrial. Entre los productos había perfumes, carteras, relojes y zapatillas imitación de marcas de lujo, todo lo cual debía ser destruido.
En la reconstrucción de la operación delictual, la PDI determinó que el aduanero Cristián Avilés no solo modificó la notificación judicial y el acta de destrucción de las especies, a cargo de la empresa Logística Ambiente Sano Limitada. En los hechos, Avilés se habría coludido con los dueños de esa empresa -Karen Maulén, Mauricio Rivera y Héctor Valenzuela- y en vez de eliminar las especies, éstas fueron llevadas a distintas bodegas en Santiago. Pero los contactos de los contrabandistas se extendían más allá de la Aduana de San Antonio. Los peritajes policiales detectaron vínculos con funcionarios de Aduanas de Punta Arenas, Los Andes e Iquique, donde habrían utilizado estos mismos métodos para ingresar al país productos sin pago de impuestos.
A pesar de las evidencias entregadas por la Fiscalía, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó a Miguel Alcaíno y a Nelson Lara solo con arresto domiciliario nocturno; y a Cristián Avilés Trigo con prisión preventiva. Pero como al aduanero se le otorgó el beneficio de una fianza de $7 millones, suma que su esposa canceló, de inmediato recuperó su libertad. Avilés se desempeñaba como fiscalizador en San Antonio desde enero de 2011. A pesar de que su sueldo era de $691 mil mensuales, era propietario de una gran casa en Santo Domingo y de dos vehículos de doble tracción. Solo por su complicidad en la apropiación de mercadería falsificada incautada, recibió $2 millones.
CIGARRILLOS EN EL NORTE. A fines de enero de 2016, el asesor de la dirección nacional de Aduanas, Juan José Pérez Cotapos –quien además es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso- entregó una carilla titulada “Informe de gestión enero 2016”. Allí el asesor enumeró algunos de los problemas del servicio: “Arica: propiedad intelectual y contrabando”, “Asesoría por contrabando Aduana de San Antonio”, “Aduana de Iquique: documentos no cumplidos, cargos por faltantes de inventarios, deudores incobrables”.
Lo que Pérez Cotapos enunció en su informe sobre la Aduana de Iquique no era novedad: el inventario de cigarrillos es uno de los más difíciles de controlar en la Zona Franca. De hecho, en 2015 una denuncia interna dio paso a un sumario -aún en curso- a cuatro fiscalizadores del servicio por sospechas de que habrían certificado la salida de tres millones de cajetillas de cigarrillos desde la importadora Saint Patrick (entre 2013 y 2015). Los cigarrillos desaparecieron, pero nunca fueron exportados a otro país, como aparecía en los documentos de la empresa autorizados por los aduaneros.
El representante legal y fundador de Saint Patrick es Leonardo Solari Alcota, ex presidente en dos periodos de la Zona Franca y conocido empresario del norte, donde además figuró como presidente local de la Fundación Augusto Pinochet. Solari Alcota enfrentó un juicio en 2006 por supuesta infracción a las normas de propiedad intelectual, según acusó la tabacalera Philip Morris. Fue condenado en primera instancia y luego absuelto por la Corte de Apelaciones de Iquique. CIPER intentó contactar a Solari, pero en su empresa dijeron que estaba en viaje de negocios fuera del país, junto a la plana mayor de Saint Patrick. Tampoco respondió a las consultas de CIPER por correo electrónico.
Decomiso de cigarrillos. La investigación de Aduanas indica que parte de esas 3 millones de cajetillas de cigarrillos habrían salido supuestamente de Iquique bajo la fórmula legal “rancho de naves”: productos destinados al consumo de las tripulaciones de los barcos mercantes. Aduanas consultó a la Naviera Ultramar si habían adquirido cigarrillos a Saint Patrick bajo esa modalidad, lo cual la empresa naviera negó, como consta en el documento al que tuvo acceso CIPER (ver documento).
La sospecha es que ese enorme cargamento de cigarrillos, que desapareció de las bodegas de la Zona Franca, en realidad se vendió ilegalmente en Chile. En Aduanas calculan que el perjuicio causado al Fisco es de US$ 7,29 millones, poco más de $5 mil millones. El Ministerio Público inició una investigación aún en desarrollo. No hay duda de que Aduanas necesita y con urgencia una reingeniería. Pero los cambios se han dilatado. La sorpresiva salida del director nacional, el abogado Gonzalo Pereira, y su reemplazo el 1 de marzo por otro abogado, Juan Araya Allende, es solo el primer paso para poner fin al menos al desorden. Una muestra de ello ocurrió en enero de 2016, cuando se pagaron sueldos en exceso a 1.400 empleados, los que tendrán que devolver esos dineros. Lo importante está en el Congreso. Una ley que apunta a la modernización del Servicio Nacional de Aduanas y a un cambio total a la fiscalización que hoy realizan sus funcionarios, espera su trámite desde 2015.
LOS SUMARIOS QUE NO CALZAN. El sumario por la desaparición de tres millones de cajetillas de cigarrillos desde los galpones de la Zona Franca de Iquique, tiene bajo investigación a cuatro funcionarios de Aduanas. El proceso se inició en 2015 y aún no tiene resultados. Una lentitud que contrasta con el monto de la evasión tributaria que ese ilícito provocó: $5 mil millones. Y es posible que el sumario termine sin responsables y sin sanciones. Una situación que ya se vivió con los 1.400 kilos de cocaína que viajaron desde Chile a Francia en un camión que participó en el Rally Dakar 2014. El vehículo fue revisado por funcionarios de Aduanas antes de partir desde Valparaíso, pero el sumario no pudo establecer responsabilidades.
Lo mismo ocurrió en 2014, cuando la Aduana peruana alertó a su símil ariqueña tras haber detectado a chilenos que viajaban a ese país a comprar oro en lingotes. A pesar de la advertencia, un fiscalizador dejó pasar cuatro lingotes de oro sin pago de impuestos. El sumario de Aduanas terminó con la absolución del sospechoso. No corrió la misma suerte el aduanero de Arica, Alfonso Labarca, quien cumple sentencia de cárcel. Este ex guía de perros antidrogas y ex operador del camión scanner de la Aduana de esa ciudad, que se utiliza para detectar narcóticos y contrabando oculto, aceptó $3 millones de coima por dejar pasar un vehículo con cocaína procedente de Perú.
CIPER solicitó al Servicio Nacional de Aduanas -por Ley de Transparencia- los procedimientos disciplinarios iniciados y terminados entre 2010 y 2015. Aduanas respondió que fueron 286 procedimientos, pero se negó a informar el desglose por cohecho y delitos aduaneros. La cantidad de sumarios que descubrió CIPER en otro archivo de Aduanas es distinta, aun cuando se refiere a un período menor: 326 sumarios administrativos entre 2011 y 2015. Solo ocho de ellos se originaron en la recepción de coimas (cohecho), siete por tráfico o tenencia de droga y 10 por contrabando. ---------------
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Gutiérrez pide a Cámara de Diputados que investigue cierre irregular
de módulos Zofri de St Patrick con eventual autorización de ZOFRISA
Fecha: 18 septiembre 2016
Una investigación sumaria administrativa por cierre irregular de módulos de empresa de Zona Franca, Saint Patrick, representada legalmente por Leonardo Solari Alcota, presentó ante la Cámara de Diputados el Diputado Hugo Gutiérrez, en virtud de un embargo que enfrenta dicha importadora por parte de la Tesorería General de la República, por evasión del Impuesto al Valor Agregado, IVA. Además, pide que se aclare si tal acción contó con el respaldo de la administración del sistema, ya que de acuerdo a los antecedentes que obran en su poder, Solari contó con la “complicidad de algunos ejecutivos, así como también de algunos Directores de la empresa”.
De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el parlamentario, la deuda que genera este embargo es superior a los 622 millones de pesos, mientras que los activos embargados son los galpones 16, 17, 85 y 86 ubicados en la manzana 9 del Barrio Industrial, en la Zona Franca. Saint Patrick cerró todos los módulos de ventas ubicados en el mall de la ZOFRI, justo al día siguiente del embargo de sus galpones, ordenado por la Tesorería, indicando como causa la de “cerrados por remodelación”. Según lo expuesto por el diputado Gutiérrez, dicha situación fue aceptada por ZofriSA, la Administradora del sistema, “autorización totalmente irregular, en términos administrativos interno y de jerarquía institucional, que implica tráfico de infuencias”.
Añade en el escrito que “esta situación, del todo irregular, lo que buscaba era sólo cautelar el embargo de mercaderías o de los mismos módulos”. Pero la historia continúa. Días después, Leonardo Solari inicia el traspaso de sus activos no embargados, es decir los módulos, a otra persona jurídica, “de manera de evadir el pago de su deuda con el fisco de Chile”. Para Gutiérrez, los hechos descritos son de máxima gravedad, “ya que implica la distracción de bienes –ventas simuladas, con el sólo efecto de no ser embargados por Tesorería”. Y va más allá el parlamentario, ya que en esta operación, acusa “complicidad de algunos ejecutivos, así como también de algunos Directores de la empresa”.
Finalmente expresa que a razón de los descrito solicita la investigación sumaria administrativa “a fin de establecer la veracidad de los hechos que e han sido denunciados y que pongo en su conocimiento, porque al margen que puedan ser ilícitos penales, configuran también ilísitos administrativos que cuestionan la probidad y la transparencia en el actuar de un directorio que en su gran mayoría es designado por el SEP”.
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